La huerta, bajo amenaza
El sector sufre el estancamiento de la exportación, la caída del consumo y las importaciones masivas desde terceros países
La huerta española puede sacar pecho de sus números. Cuenta con una superficie de 1,3 millones de hectáreas, una producción de unos 27 millones de toneladas, más de 400.000 puestos de trabajo y ventas en origen por valor de 18.000 millones de euros, que suponen aproximadamente el 57% de la cosecha vegetal y el 32% de toda la producción agraria. Con estas cifras sobre la mesa se celebró la pasada semana en Madrid la feria Fruit Attraction, en la que participaron 1.800 empresas de 55 países y 90.000 profesionales. Es la cita más importante del mundo dedicada al sector y reflejo del liderazgo de España. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Aunque la huerta es una actividad clave para la agricultura y el territorio rural, importantes amenazas comprometen su futuro en España: importaciones masivas desde terceros países y, en los últimos años, desde otros miembros de la UE, barreras ficticias para exportar fuera de Europa, una caída de la demanda interna y normas comunitarias para producir menos a costes más elevados.
Los datos sobre el comportamiento de la demanda interna apuntan a un retroceso del consumo de productos frescos en los últimos años. Este ha caído de unos 186 kilos anuales por persona a poco más 150 kilos, pasando de 8,6 a 7,8 millones de toneladas totales. Ni la pandemia, que durante el confinamiento hizo repuntar la demanda de frutas y hortalizas, ha logrado revertir la tendencia. En 2021, el sector registró una caída en picado, que se mantiene y que se ve agravada por la elevada inflación.
Las organizaciones agrarias denuncian el intenso incremento de los precios, como también refleja el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD) elaborado por Coag, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Los productores explican que no siempre pueden repercutir el fuerte aumento de los costes en los precios de ventas, a pesar de la Ley de la Cadena —que prohíbe las ventas a pérdida—. Eso se debe a los problemas que supone tener una oferta de productos perecederos en un mercado donde hay unos pocos grandes grupos que dominan las compras en toda la UE.
Con estos mimbres, las exportaciones constituyen la principal salida para el mantenimiento y el crecimiento del sector. Pero este canal también está estancado. En los últimos años, los volúmenes de venta en el exterior se hallan prácticamente planos: de los 12,8 millones de toneladas exportadas en 2015 se ha pasado a 13,4 millones en 2021. Casi el 90% va a países comunitarios, por un valor total que ha subido de 12.500 millones de euros a 15.700 millones. En el conjunto de la UE la situación es peor, si se considera que las ventas a terceros países cayeron un 24% en el mismo periodo, de 7,2 millones de toneladas a 5,5 millones.
José María Pozancos, director de la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, considera indispensable diseñar una política que potencie la firma de nuevos acuerdos con terceros países, donde los productos agroalimentarios no sean moneda de cambio para la entrada a la UE de artículos de otros sectores. Sobre todo, pide que países con importantes posibilidades de compra no restrinjan el acceso a sus mercados, a través de mecanismos como falsas exigencias fitosanitarias en frontera o ralentizando las tramitaciones en aduana, que además ponen en peligro los cargamentos. Se considera que así se podrían ampliar las ventas a varios países como China, Japón y Corea, pero también a Canadá y, sobre todo, a EE UU.
En cuanto a las importaciones, el sector lamenta la firma de acuerdos que suponen, en la práctica, la apertura de una autopista en la frontera para la entrada de elevados volúmenes de productos con rebajas arancelarias y la no aplicación de cláusulas de salvaguarda para proteger a las explotaciones comunitarias. Además, se quejan de la llamada cláusula espejo, ahora de moda, lamentando que lo que está escrito no se corresponda con lo que realmente se aplica. Según esta disposición, los productos importados deberían cumplir las mismas exigencias —en materia de producción, fitosanitarias, de calidad, laborales, etcétera— requeridas a los agricultores comunitarios.
La UE en su conjunto ha pasado de importar 13,8 millones de toneladas en 2015 a 14,8 millones en 2021. En España, en el mismo periodo, se pasó de 2,6 millones a 3,6 millones. Los países del norte de África, especialmente Marruecos, se consolidan como los proveedores más importantes, desde los tomates a la alubia verde. Marruecos ha pasado de vender un millón de toneladas en 2015 a toda la UE a 1,4 millones en 2021. Turquía, de 775.000 a un millón de toneladas.
En una economía más globalizada, el sector reconoce a la vez la necesidad de tener una actividad más competitiva frente a terceros países con costes de producción menores, fundamentalmente por los salarios más bajos. También hay países comunitarios donde se han multiplicado las producciones intensivas en invernaderos, con tasas de rendimientos por metro cuadrado muy superiores a las de los invernaderos españoles.
La Federación de Productores considera indispensable que Bruselas, además de practicar otra política exterior, no abuse de normativas que van en contra de los agricultores, que incrementan los costes y reducen las posibilidades de producción, limitando el empleo de abonos y de productos fitosanitarios. El resultado, denuncian, es un aumento de la dependencia externa y la destrucción de explotaciones en los países miembros. Algo que va en contra de los objetivos de la Política Agrícola Común, suministro suficiente y a precios asequibles.
