El Gobierno quiere reformar la PAC y hacerla más equitativa

En tiempos de sequía y sin ella, la Política Agrícola Común (PAC) supone para España una lluvia de millones de euros entre ayudas directas, otras de apoyo a los mercados, medidas agroambientales, pagos para el desarrollo o inversiones de las empresas agroalimentarias de unos 7.400 millones de euros que se reparten entre unos 822.000 solicitantes. De ese volumen de recursos, 5.666 corresponden a los pagos del Fondo de Garantía, capítulo en el que destacan los 5.129 millones en ayudas directas a 654.300 personas físicas o jurídicas. Y otros 1.700 millones desde el Fondo de Desarrollo Rural para 781.000 beneficiarios.

La Administración ha hecho públicos los datos del último ejercicio sobre la distribución de todos esos fondos procedentes de la PAC en el último ejercicio, donde se visualizan ciertos desajustes. Los 5.129 millones en pagos directos se reparten entre 654.300 beneficiarios. De este total, 310.000 cobran menos de 2.000 euros (un 47%), que se llevan poco más del 5,5% de los fondos percibidos (unos 280 millones). Unos 820 beneficiarios, el 0,12%, cobran 280 millones, otro 5,5% de los recursos. Y solamente el 0,01%, 86 beneficiarios perciben el 1,45% de los fondos, con 74 millones.

Pese a todo, el grueso de los pagos se da entre los que se podría denominar clase media, unos 195.000 beneficiarios (el 34% de los demandantes de ayuda), que ingresan entre 5.000 y 50.000 euros y se llevan casi el 60% del total (3.080 millones), y que es el grupo que el Ministerio de Agricultura pretende reforzar. Los beneficiarios de pagos entre 2.000 y 5.000 euros ascienden a 135.000 (el 20% del total) y perciben el 8,5% de los fondos.

Así las cosas, uno de los objetivos de la Administración de cara a la próxima reforma es lograr una progresiva redistribución de los mismos para hacer una PAC más social, más ligada a la explotación familiar y a los profesionales y más equitativa.

En esta línea se halla la fijación de un techo de 60.000 euros a partir de los cuales se aplican reducciones progresivas, así como un techo en los 100.000 euros, con límite en los 200.000, si se computan gastos de la explotación, la asignación de pagos complementarios a las primeras hectáreas de una explotación familiar por definir, o los procesos de convergencia de ayudas en una misma región al 100% en el año 2029.

Junto a los datos sobre la distribución de los pagos directos, la Administración ha hecho público el reparto pormenorizado del dinero procedente del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que suman un importe conjunto de 7.368 millones. En estos dos apartados se suman a los pagos directos otros correspondientes a otros conceptos como medio ambiente, política forestal, incendios, primera instalación de agricultores, servicios en el medio rural o inversiones de empresas.

Miles de beneficiarios

Entre los cientos de miles de beneficiarios, junto a los 654.000 de ayudas directas por la actividad agraria, se hallan también las propias comunidades autónomas y diferentes organismos regionales, ayuntamientos, consejos reguladores, comunidades de regantes, universidades, entidades no muy ligadas al sector como Telefónica, con 1,9 millones, o Minas de Almadén, con 0,6 millones y, sobre todo, decenas de empresas agroalimentarias donde destacan por su número bodegas como Navarro, J. G. Carrión, Codorniu, Freixenet, J. Gil, Protos, Torres, Juvé & Camps, Gonzalez Byass, Faustino o Félix Solís. También aparecen aceiteras como Migasa o Urzante, lácteas como CAPSA, Entrepinares, Naturleite o Pascual; cárnicas como Campofrío (17 millones), ElPozo y sus filiales, Novafrigsa de Coren, Ebro Food, a través del Instituto del Arroz, herederos de Ruiz Mateos; o grupos de distribución como Lidl, Mercadona y Dinosol.

A estos perceptores de ayudas se suman las cooperativas, entre las que destacan por su tamaño grupos como Dcoop, Covap o AN y familias ligadas tradicionalmente al campo, no siempre a la actividad agraria. En este colectivo destaca la Casa de Alba a través de diferentes sociedades, con unos dos millones de ayudas; la familia Boórquez, con 1,5 millones; y las familias Domecq, Guardiola, Fernández de Mesa o Núñez de Prado, entre otros, con pagos entre los 300.000 y los 400.000 euros. Los mayores perceptores de fondos de forma individual se concentran en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, si bien con los cambios en la política de la PAC, donde los derechos de pago se asignaron a quienes los habían solicitado y no la tierra y a sus propietarios.