Las comunidades devuelven el 25% de las ayudas estatales para empresas golpeadas por la covid

Un año después del comienzo de la pandemia, el Gobierno aprobó un paquete de ayudas directas a empresas y autónomos por valor de 7.000 millones de euros. Tras muchas críticas por el retraso y con numerosas trifulcas internas en el Ejecutivo debido a la envergadura y el diseño del plan, finalmente se concedieron subvenciones entre 3.000 y 200.000 euros. La idea consistía en que no se perdiese tejido productivo durante la crisis por aquellos gastos de las compañías que no se habían cubierto con los ERTE y que podrían lastrarlas. Un año y medio más tarde ya hay un balance definitivo de cuánto se ha gastado. Las comunidades autónomas, que eran las encargadas de gestionar estas subvenciones, han devuelto al Tesoro el 25%: 1.719 millones, según datos de ejecución publicados por el Ministerio de Hacienda. Es decir, uno de cada cuatro euros en ayudas no se entregó. Esa cantidad ahora engrosará la recaudación del Estado de este año.

El montante finalmente concedido han sido 5.225 millones, de los que ya se ha pagado casi todo: 5.198 millones. El plan se enfrentó a múltiples problemas desde el inicio. El Ministerio de Economía era consciente de que en otros países se habían dado casos de empresas que recibían la ayuda y, a continuación, cerraban. Querían que se concediesen exclusivamente a empresas viables. Preocupaba además que un desembolso demasiado grande comprometiese la situación presupuestaria del Estado, ya de por sí delicada por prestaciones como los ERTE. Y Hacienda rechazaba que la Agencia Tributaria acabase sobrecargada por la gestión de estas subvenciones. El resultado fue que se impuso un amplio listado de requisitos que restringieron muchísimo el universo de empresas elegibles.

Solo se cubrían pérdidas muy abultadas; únicamente entraban de inicio sectores muy perjudicados por las restricciones contra la covid; las empresas tenían que haber registrado beneficios en 2019, y debían estar al corriente de sus pagos con el fisco y la Seguridad Social. Solo la Agencia Tributaria tenía que comprobar hasta 12 requisitos. Incluso los autónomos, que recibían una cantidad fija, no han pedido estas subvenciones como cabría esperar.

Además, las comunidades fueron encargadas con la misión de canalizarlas. Desde el principio advirtieron al Ejecutivo de que el sistema era demasiado complejo y farragoso. Uno de los problemas fue la interpretación del decreto. Este decía que solo se abonaban deudas pendientes. Algunas autonomías pagaron además pérdidas contables. Pero un buen número de ellas interpretaron en conversaciones con los interventores que no era legal hacerlo así. Otro problema que esgrimían era que, según la ley de subvenciones, habría que comprobar cada una de las facturas para conceder las ayudas, una carga de trabajo enorme para los gobiernos autonómicos y que algunos de momento se han saltado. Cabría incluso la posibilidad de que la devolución sea mayor en el futuro cuando estas facturas se verifiquen.

Solo dos comunidades, Canarias y Baleares, han repartido todas las ayudas. Estas recibieron una proporción mayor, en total unos 2.000 millones, por tener unas economías más volcadas con el turismo y que, por tanto, habían sufrido más los confinamientos. Es decir: contaban con una mayor proporción de empresas elegibles. A ellas se les concedió además que no tuvieran límites en las cantidades individuales que podían brindar, un hecho que ha sido decisivo a la hora de asegurar el reparto, según explican fuentes de varias comunidades.

Cataluña y Madrid han canalizado un porcentaje mayor que el resto debido a que cuentan con un tejido empresarial más nutrido. Aun así, han devuelto: la primera, 137 de 993 millones; y la segunda, 103 de 679 millones. En cambio, Castilla-La Mancha, Murcia, País Vasco, Cantabria, Aragón, Asturias y Valencia han reintegrado al Estado más de la mitad. Andalucía, Extremadura, Cantabria y Castilla y León, en torno a un 40%. Navarra y La Rioja, un tercio. Y Galicia, una cuarta parte.

En un estudio en el que se comparaban estas ayudas con las de otros países europeos, la Autoridad Fiscal concluyó que estas subvenciones se aprobaron mucho más tarde en España, eran más restrictivas porque se limitaban por sectores y contaban con una dotación presupuestaria menor.

El Gobierno siempre ha respondido que el éxito de los ERTE y los avales del ICO fue suficiente para asegurar que se preservaba el tejido productivo, tal y como se ha comprobado en la recuperación del empleo. El Banco de España ha criticado que con estas ayudas no se atacase lo suficiente el sobreendeudamiento que se generó en algunos sectores con la pandemia. Ahora se presenta un problema parecido con unos costes energéticos disparados que pueden dejar a empresas competitivas fuera del mercado. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha declarado que la prioridad es que ninguna industria pare.