Economía abre la mano para que lleguen más ayudas directas a empresas y autónomos

El Gobierno aprobó en marzo un plan de ayudas directas a empresas y autónomos por valor de 7.000 millones. Sin embargo, cuatro meses después el reparto de estas subvenciones no está teniendo el éxito esperado. Muchas comunidades han tenido que ampliar plazos, aumentar por segunda vez los sectores beneficiados, cambiar incluso criterios y lanzar nuevas convocatorias para intentar engordar el número de beneficiarios y las cantidades concedidas. Así que el Ministerio de Economía ha abierto la mano con los criterios para intentar que estas lleguen a más empresas y autónomos. Hasta fechas recientes casi todas las comunidades interpretaban que estas ayudas tenían que destinarse a facturas y deudas pendientes de pago hasta el 31 de mayo de 2021. Pero ahora, según un nuevo enfoque que tiene el aval de Economía, también se podrán compensar pérdidas contables.

Comunidades, empresarios y autónomos se quejaban de que se estaba perjudicando a los empresarios cumplidores porque solo se subvencionaban las deudas pendientes y no las pérdidas. Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, subraya que las pequeñas empresas y los autónomos no pueden permitirse dejar sin pagar a sus proveedores porque estos dejarían de suministrarles. “Son las grandes las que sí pueden”, apostilla. De modo que esa interpretación de incluir las pérdidas debería permitir que entrasen más beneficiarios y se repartiesen más ayudas.

Canarias fue la primera que incluyó este criterio de las pérdidas como gasto subvencionable independientemente de que se hayan pagado o no. Hace un mes, Baleares añadió este mismo concepto para poder acceder a las ayudas. El Gobierno balear ya ha concluido esta convocatoria, que amplió a finales de junio y en la que modificaba este requisito, daba algo más de plazo y extendía a todos los sectores las ayudas. Y de esta forma ha más que duplicado los beneficiarios. La Comunidad Valenciana ha anunciado una nueva convocatoria en la que también contempla esta misma interpretación validada por el Ministerio de Economía.

Sin embargo, un buen número de comunidades consultadas explican que por ahora no van a aplicar este criterio de las pérdidas. Afirman que este concepto no está recogido en el decreto. Aunque habla de costes fijos, el texto legal no los menciona cuando establece el orden de pagos de los conceptos y señala que las ayudas se destinarán “a satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores”. “Si el Ministerio de Economía quiere que se añada un nuevo criterio para que funcionen las ayudas, que vaya al Consejo de Ministros y cambie el decreto. De lo contrario, existe un claro riesgo de que la Intervención o el Tribunal de Cuentas tumbe estas subvenciones”, comenta un alto cargo autonómico encargado de las ayudas.

Por el contrario, Economía sostiene que esto siempre fue así desde el principio, que algunas comunidades ahora están tomando esta nueva interpretación por sí solas y que, si acaso, solo está aclarando los criterios. En cualquier caso, destaca que lo importante es que las ayudas lleguen al tejido productivo. No obstante, buena parte de las comunidades argumentan que esto supone un claro cambio de criterio y que ya consultaron este punto al principio. Algunas incluso enviaron dudas por escrito al ministerio en este sentido: apuntaban entonces que bajo una interpretación estricta del decreto solo se debían dar subvenciones a aquellas empresas o profesionales que tengan cosas pendientes de pago, ya sean con proveedores o con el banco. Y protestaban porque así se estaba dejando fuera a los que han hecho el esfuerzo de estar al día con sus proveedores y deudas a pesar de las pérdidas.

Dudas de las comunidades

El único documento de aclaración que ha enviado el ministerio a las comunidades se remitió en abril, semanas después de aprobarse las ayudas. Y en este se dice que podrán recogerse los costes fijos que no estén cubiertos por los ingresos. Y añade que entre estos se consideran las pérdidas contables que no sean deterioros. Pero, a continuación, figura la pregunta: “¿Los costes incurridos pueden ser los ya pagados o solo las deudas derivadas del impago de estos costes? Y contesta: “El objetivo es que las empresas con deudas y pagos pendientes derivados de compromisos contractuales contraídos antes de la entrada en vigor del real decreto ley 5/2021 y que deban pagarse hasta el 31 de mayo puedan satisfacerlos con cargo a estas ayudas directas. Se entenderán como deudas o pagos pendientes aquellos que aún no hayan sido satisfechos, independientemente de que los mismos se encuentren dentro del plazo de pago acordado entre las partes o que se consideren impagados por haber superado dicho plazo”. De esta respuesta el grueso de las comunidades coligió que las ayudas solo podían destinarse a pagos y deudas pendientes. Pero no a las que ya estaban abonadas. Por ejemplo, Madrid puso en su convocatoria costes fijos pendientes de pago. Y Cataluña, deudas relativas a costes fijos.

En todo caso, los interventores autonómicos han decidido ceñirse a lo que consideran la estricta legalidad. Algunos explican que el documento de aclaraciones de abril no tiene ni siquiera membrete oficial del ministerio y difícilmente se puede tomar como guía. Recuerdan que es difícil justificar las pérdidas, y que el texto legislativo incurriría en una contradicción porque la pérdida contable incluye los costes variables, y estos últimos tienen prohibida su financiación en el decreto.

La patronal de las pymes, Cepyme, alerta de que están sobrando fondos y pide alargar los plazos de solicitud, elevar las cuantías y rebajar los requisitos. Además, recuerda que en Alemania se concedieron ayudas directas para compensar las pérdidas. En cambio, en España se ha optado en su lugar por brindar subvenciones, en las que se tienen que justificar los pagos y entrañan una burocracia mucho mayor.

La amortización de los ICO

Fuentes del Gobierno se extrañan de que no estén funcionando mejor las ayudas si se tiene en cuenta que también sirven para amortizar de forma anticipada cualquier préstamo. Y con 130.000 millones de créditos ICO concedidos, cuesta creer que no se estén utilizando más. “La burocracia, unos procesos farragosos y unos requisitos restrictivos están haciendo que las ayudas no lleguen”, recalca Lorenzo Amor.

Algunas autonomías están planteando generalizar las ayudas a todos los sectores. El decreto establecía 95 ramas de actividad. Y comunidades como Aragón han llegado a ampliarlas hasta el entorno de 400. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares las han hecho extensivas a todas. Esta última alega que el conjunto de su economía está afectado por el golpe al turismo.

Aun así, la legislación solo permite que las comunidades hagan extensivas estas ayudas a sectores particularmente dañados en la región. Es decir, tampoco permite ampliarlas a todos.