Solo una de cada 12 empresas podrá beneficiarse de las ayudas directas

Apenas una de cada 12 empresas podrá obtener las ayudas directas que ha aprobado el Gobierno, según estimaciones de EL PAÍS a partir de datos de Axesor, la Agencia Tributaria y la CEOE. El Ejecutivo aprobó un conjunto de ayudas a empresas por valor de 11.000 millones, de las cuales 7.000 serán subvenciones directas. Sin embargo, el Gobierno ha limitado el acceso centrándolo en actividades que han recurrido a los ERTE para salvar el empleo debido a la pandemia de coronavirus. Así que únicamente serán elegibles unas 180.000 sociedades de los 2,2 millones que existen. Los autónomos se beneficiarán en mayor porcentaje, aunque con cuantías menores.

Los requisitos que ha fijado el Gobierno para que las empresas y autónomos puedan acceder a las ayudas directas son bastante restrictivos. Solo podrán recibir subvenciones 95 de las 538 ramas de actividad que hay clasificadas: una quinta parte. En números son 355.713 sociedades mercantiles de un total de 2,2 millones. Es decir, una de cada seis. En el caso de los autónomos habría 397.281 de 1,3 millones, uno de cada tres, según cifras facilitadas por Axesor, la compañía de gestión de riesgo del crédito.

Además, tienen que haber conseguido un resultado positivo en 2019. Un requisito que, según las estadísticas de la Agencia Tributaria, cumple algo menos de la mitad. En consecuencia, solo 1 de cada 12 empresas será elegible para los 7.000 millones en ayudas directas. En los autónomos los números en positivo son más altos y para los que están en módulos se dará de todas formas una cuantía fija.

Otro requerimiento adicional es que han de registrar una caída del 30% de sus ingresos en 2020, un desplome que solo sufrieron de media cinco de los más de ochenta sectores que existen, según datos del departamento de Economía de la patronal CEOE estimados a partir del INE. Estos son las agencias de viaje (-75%, una caída de unos 19.000 millones); los servicios de alojamiento (-68%, 18.600 millones); el transporte aéreo (-60%, 8.000 millones); los servicios de comidas y bebidas (-43%, 23.200 millones), y las actividades cinematográficas (-34%, 2.200 millones). Dada la alta concentración de estos negocios entre las ramas escogidas para las ayudas, en principio bastantes de estas deberían entrar por su reducción de ingresos. Sin embargo, la Alianza de Comercio y Hostelería reclamaba el pasado jueves que esta pérdida de facturación se dejase en el 15% en lugar del 30%.

Por otra parte, de acuerdo con los cálculos de la CEOE, quedan fuera al menos 92.000 millones de pérdida de facturación en sectores que no están incluidos. Si se comparan las disminuciones de ingresos por sectores con las actividades que serán objeto de los nuevos subsidios, se aprecia con claridad cómo algunos grupos importantes y con fuertes retrocesos en su cifra de negocio no tendrán acceso a las subvenciones. Destacan la venta y reparación de vehículos, con una caída del 19% que supone unos 17.500 millones en pérdidas de ingresos; la construcción, un 11% y 17.200 millones; la fabricación de vehículos, un 11% y 8.100 millones; la fabricación de productos metálicos, un 14% y 5.500 millones; y la publicidad y estudios de mercado, un 17% y 3.500 millones.

Las comunidades autónomas se quejan de que algunos sectores importantes para sus regiones están fuera. Y la CEOE ha pedido que las ayudas se centren más en empresas que en sectores.

Incluso dentro de los ámbitos que sí han sido seleccionados, hay muchas ramas que no han sido recogidas. Por ejemplo, en el sector que más pérdida de facturación ha habido, el del comercio al por mayor e intermediarios, con una pérdida de 54.000 millones de ingresos, se incluyen 10 actividades como intermediarios del textil, bebidas o pescado. Y, sin embargo, se quedan fuera otras 45 ramas como las de maquinaria, materiales de construcción, materias primas o muebles. En esta misma línea, la Alianza de Comercio y Hostelería pedía que las compensaciones estuvieran abiertas a todos sus miembros. “Las ayudas excluyen sectores del comercio y la hostelería afectados”, decía en una nota.

Las empresas también tienen que estar al día de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no deben haber declarado el concurso de acreedores y han de seguir activas hasta junio de 2022.

El Gobierno ha querido asegurarse de que estas ayudas no provocan un roto en las cuentas públicas. Y ha tratado de concentrar los recursos en aquellas empresas que antes de la pandemia eran viables. Sobre todo se pretende evitar que cojan el dinero y acto seguido echen la persiana, como ha sucedido en otros países. En definitiva, se han focalizado las ayudas y parece que hay mucha manguera pero poca agua.

El Ejecutivo ha primado en el diseño a los sectores que más han recurrido a los ERTE. Es decir, intenta salvar el empleo y que no cierren las empresas con más puestos de trabajos en juego. Y ese tamiz está bien aplicado en la medida en que, salvo algunos casos, coincide bastante con los sectores donde se han padecido mayores pérdidas de facturación. La agencia de calificación S&P explicaba en un informe que todavía era muy pronto para estimar cuántas firmas se salvarán con estas medidas. Y valoraba que, “a pesar de algunas defunciones empresariales inevitables, el paquete permitirá a algunas compañías sobrevivir a la pandemia y, por tanto, contribuir a la recuperación y, en última instancia, ayudar a los bancos a contener sus pérdidas crediticias”.

“Las ayudas contribuirán a un reparto de la carga que soportan sobre todo determinados sectores”, subraya Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea.

Aun así, el riego con las ayudas será en dosis no muy grandes. En los autónomos que no tributen en módulos y las pymes con hasta 10 trabajadores, la ayuda máxima será del 40% de todo aquello que supere el primer 30% de caída de facturación. Para el resto será del 20% de lo que sobrepase el 30% de disminución de ingresos. En todo caso, habrá un mínimo fijo de 4.000 euros. Y para los autónomos en módulos será una cantidad fija de 3.000 euros.

Una cifra corta

No obstante, varias cifras apuntan que los 11.000 millones que aprobó el Gobierno pueden quedarse cortos. El Banco de España tenía en el rango alto de sus cálculos un montante superior a 20.000 millones y prefería destinarlo al exceso de deuda en vez de a la caída de ingresos. Además, el excedente empresarial bruto se desplomó en los tres primeros trimestres del año pasado en 40.000 millones, una bajada del 20%. Este dato es más fiable que la facturación porque contempla que para las empresas también descendieron sus compras de suministros y los costes laborales por ERTE o por prescindir de trabajadores.

Otra cifra que indica que puede hacer falta más dinero es la deuda empresarial: aunque también subiese la liquidez en depósitos, esta se elevó en unos 50.000 millones tras un par de años estabilizada. Y una más: a finales de 2021 todavía faltarán por recobrar unos 50.000 millones del PIB. Estos números dan una idea de que el montante puede tener que aumentarse más adelante.

Una cuestión distinta es si las ayudas llegarán a tiempo. Estas se reclaman desde octubre del año pasado con la segunda ola del coronavirus. Y la canalización por las comunidades puede hacer que no empiecen a circular hasta el verano. Varias autonomías están pidiendo al Gobierno cambios en el decreto para facilitar una gestión que puede desbordarlas.