Las ayudas de España a las empresas para hacer frente a la crisis son de las más restrictivas de Europa

La Autoridad Fiscal constata que España aprobó unas ayudas directas a empresas más restrictivas y un año más tarde que en el resto de Europa. En una comparativa con Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Irlanda, Portugal y Bélgica, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señala que el Gobierno español lanzó estas subvenciones en marzo de 2021, frente al resto de países, que las impulsaron entre marzo y abril de 2020. Además, es el único que restringió estas líneas por sectores incluyendo solo a los más afectados. También está entre los que menos dedican en proporción al PIB. Países Bajos, Alemania, Italia y Francia han concedido cifras muy superiores. El paquete que aprobó España asciende a 7.000 millones de euros y todavía está sin repartir.

Todos los Estados pusieron en marcha, con la pandemia, medidas similares como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), los avales públicos o las ayudas directas a empresas, recuerda el organismo que dirige Cristina Herrero en un estudio en el que analiza estas últimas. “En la mayoría de los países de nuestro entorno, los primeros programas de ayudas directas a empresas se aprobaron en el momento en que irrumpió la crisis sanitaria, en torno a los meses de marzo y abril de 2020”, destaca la Airef. Y subraya que estos paquetes se han ido renovando con las distintas olas del virus y siguen vigentes en la actualidad: los más recientes que se han autorizado son de otoño de 2020 o principios de 2021. Sus reglamentos se han ido modificando para, por ejemplo, incluir empresas de mayor tamaño en Alemania y Francia; elevar los límites de las ayudas en Portugal y Países Bajos o reducir los umbrales de pérdida o costes fijos para acceder a los subsidios, como en Alemania y en Países Bajos. En cambio, en España estas subvenciones se han aprobado un año más tarde. A finales de mayo, el dinero se acaba de transferir a la mayor parte de comunidades y todavía se está a la espera de que estas cierren la organización del sistema para repartirlas.

“En comparación con el resto de países de nuestro entorno, las ayudas directas a empresas en España se han adoptado de manera más tardía, un año después del inicio de la pandemia”, apunta la Autoridad Fiscal. Y recuerda que en 2020 solo se concedieron las subvenciones a empresas que ofrecieron las comunidades, una cantidad que la Airef calcula entre los 680 millones y los 730 millones, lejos de las cifras manejadas en otros países.

Según las estimaciones de la Autoridad Fiscal, Países Bajos es el país que más recursos ha destinado, con un 4% del PIB. Le siguen Alemania, con un 3,5%; Italia, con un 1,5% y Francia, con un 1%. Con un 0,6% del PIB, el programa español aprobado el pasado abril se sitúa en unos niveles de ayudas similares a los de Portugal y Bélgica. Está por encima de Irlanda.

Muchas condiciones

Aunque las características de los planes de ayudas son similares porque se modulan según la pérdida de ingresos y con unas cuantías máximas en función del tamaño, “los criterios de acceso en España se encuentran entre los más restrictivos, ya que la ayuda se reserva a los sectores más afectados”, concluye el documento.

En todos los países, el acceso a la subvención se dio a partir de una cifra de pérdidas. Se empezó distribuyendo las ayudas entre pymes para luego abrir la mano e introducir compañías de mayor dimensión. “En términos generales estas prestaciones se han concedido con muy poca condicionalidad asociada, tanto en el acceso a las ayudas como en su potencial uso y las condiciones posteriores. En la mayoría ha sido suficiente con demostrar la pérdida de ingreso sufrida (bastando a tal efecto una mera declaración jurada en algunas ocasiones) y el tamaño de la empresa (porque la cuantía de la ayuda se suele modular en función del tamaño)”, recalca la Autoridad Fiscal. Aunque el informe de la Airef no lo dice, en esto España ha introducido hasta 12 requisitos que tiene que comprobar la Agencia Tributaria sobre las cuentas de las empresas y millones de facturas que habrá que verificar. La vicepresidenta económica, Nada Calviño, no quería que pudiese ocurrir como en algunos países, donde se entregó la ayuda y acto seguido un buen número de compañías cerraron la persiana.

Funcas, la agencia de expertos de las antiguas cajas de ahorros, ya criticó en otro informe que la gestión se confiase a las comunidades, pues estas tenían que desarrollar los sistemas para tramitar la ayuda, lanzar las convocatorias y abonarlas. Representaba un reto de gestión, decía, en un claro contraste con Italia y Francia, donde el procedimiento es más inmediato y se puede acudir directamente a la Agencia Tributaria a golpe de clic.

Burocracia para las comunidades

Muchas comunidades se quejan de la elevada burocracia que se les ha impuesto para gestionar las ayudas directas a las empresas. El viceconsejero andaluz de Empleo, Miguel Ángel García, explica que bastaría con dos cosas para agilizar el proceso. La primera, que la Agencia Tributaria entregara a las comunidades el universo de empresas elegibles para dar las subvenciones directamente, en lugar de tener que preguntar a la administración tributaria empresa por empresa y esperar la contestación sobre si estas pueden recibirlas.

Y segunda: el decreto establece que las facturas que se pagarán con las ayudas tienen que abonarse a partir del 1 de junio de 2021. Aparte de que así se premia a las empresas morosas frente a las que intentan estar al día con los proveedores, este requisito obliga a la administración autonómica a comprobar primero millones de facturas y luego volver a cerciorarse de que se abonan después del 1 de junio. De lo contrario, se estaría incurriendo en una ilegalidad que el Tribunal de Cuentas podría reclamar. Sería más fácil y más justo si esa exigencia de la fecha de pago se suprimiese, señala el viceconsejero andaluz.

El Banco de España también reclama que las ayudas se agilicen. Según sus cálculos, el exceso de deuda en las compañías viables pero con problemas de sobreendeudamiento oscila entre los 10.000 millones y los 20.000 millones. Es decir, los 11.000 millones que ha puesto el Gobierno —incluyendo los 7.000 millones de ayudas directas, los 3.000 millones para quitas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los 1.000 millones para el fondo de Cofides (la Compañía Española de Financiación al Desarrollo)— se sitúan en la franja baja.

El supervisor financiero teme, además, que se queden sin ayudas empresas que lo necesitan, porque se han restringido los sectores que pueden beneficiarse y no se ha contemplado como un requisito el exceso de deuda, justo lo que se debería atajar. De ahí que puedan acabar excluidas empresas que lo precisan y entrar otras que no. En su opinión, es fundamental que las comunidades aprovechen el decreto del Gobierno que les permite rehacer los criterios de acceso. El organismo recuerda que la destrucción de empresas viables afectaría al empleo, las cadenas de valor y la inversión. Y que podría lastrar las cuentas de los bancos, provocando una restricción del crédito justo cuando se necesita para impulsar la recuperación.

Por su parte, el Gobierno siempre ha alegado que ha bastado con los ERTE y los ICO para conseguir que la economía se reactive con fuerza en cuanto hay una reapertura de la actividad.