La electricidad debería ser un bien común, un derecho

Los precios astronómicos del gas y la electricidad están arruinando la vida de numerosas familias y amenazan la supervivencia de miles de empresas europeas. La debacle energética ha tomado el relevo a la crisis financiera. En esta ocasión los costes de la energía golpean directamente a las familias ampliando el segmento que padece la pobreza energética. Las últimas estadísticas del INE (Encuesta de Condiciones de Vida) correspondientes a 2021 revelan un aumento del 31% de la pobreza energética, que afectaba al 14% de la población. Y lo peor ha venido después.

En Europa los gobiernos nacionales se encuentran con las manos atadas porque las directivas impiden actuar sobre los precios de la electricidad. En la UE rige el sistema marginalista de precios. Primero se emplean las energías más baratas (renovables y nuclear) y luego las más caras, (gas natural). La última energía en incorporarse, en este caso el gas, es la que determina el precio de todas las energías con independencia del coste de producción. El fundamento del sistema es que el aumento de precio de una determinada energía espoleará la búsqueda de alternativas más baratas. La lógica económica ha quedado pulverizada por las actuales circunstancias de la guerra.

Durante el último año el precio del gas se ha multiplicado por diez por diversos factores, pero sobre todo por la restricción de suministro por parte de Rusia, que hay que recordar, empezó varios meses antes de la guerra. Las importaciones de gas ruso ha descendido desde el 40% al 9% del total desde principios de año.

Las subidas exponenciales del coste del gas han arrastrado el precio de la electricidad por aplicación de este sistema. Las consecuencias han sido desastrosas. El pasado agosto el mercado de futuros de electricidad para 2023 marcó precios irracionables, superiores a 1.000 euros el MWh en Alemania y Francia. Este aumento desaforado ha significado graves problemas de liquidez de los grupos energéticos para cubrir las garantías financieras de sus entregas futuras. Los Gobiernos de Alemania, Suecia, y Finlandia han concedido ayudas de decenas de miles de millones de euros a sus compañías energéticas para asegurar sus necesidades financieras.

El pasado 9 de septiembre se produjo un punto de inflexión en la UE al mostrar su disposición a intervenir en el mercado eléctrico. España, que llevaba más de un año solicitando cambios en la regulación, había logrado meses antes la desvinculación del precio del gas al de la electricidad con un importante ahorro.

En el cambio de la UE ha sido determinante que el sistema actual esté ocasionando graves problemas a las energéticas. Quizá más que eternizar el debate sobre las ventajas e inconvenientes del sistema marginalista habría que dejar de tratar la electricidad como una simple mercancía y considerarla como un “bien común”, un derecho ciudadano. La UE debe intervenir en el mercado eléctrico con el mismo criterio con que trata de perseguir los abusos financieros. También aquí debe fijar el principio de proteger a quienes están en situación de inferioridad.