Los barcos españoles podrán contratar personal armado para defenderse de los piratas en el mar

La piratería en los mares no es una práctica del imperio español de Felipe II en las costas de América recién descubierta. Los barcos mercantes y pesqueros españoles siguen sufriendo en la actualidad los ataques de los corsarios, aunque ahora no respondan a los intereses de la Corona británica, sino al ánimo de lucro de bandas de bandidos, sobre todo en las costas de África y el mar Índico.

Consciente de este problema, el Gobierno ha modificado la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, incluyendo una nueva disposición adicional para permitir a las empresas navieras españolas contratar servicios de seguridad privada que aseguren su protección cuando naveguen por aguas con riesgo de cometerse actos de piratería y puedan prevenirlos por efecto de la disuasión o la repulsión.

Mediante dicha disposición se pretende atender una necesidad ampliamente demandada por el sector marítimo español y otros sectores que se valen del transporte marítimo para el ejercicio de su actividad empresarial, según admite el Ejecutivo. Aunque el decreto no detalla los medios para repeler a los piratas marinos, fuentes de las empresas señalan que la autorización legal abarca que viaje a bordo personal armado de seguridad.

Autorizaciones del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior ya concedía, desde hace más de una década, permisos individuales para llevar personal armado a bordo a los barcos pesqueros que faenan en zonas peligrosas. El secuestro del buque Playa de Bakio en 2008 sensibilizó a la opinión pública sobre este problema, pero se ha intensificado después de la pandemia del coronavirus, por lo que el Gobierno ha decidido conceder la autorización general para que los barcos españoles puedan llevar personal armado a bordo.

Y es que en los últimos años se viene registrando en zonas concretas del planeta —significativamente en el golfo de Guinea, mar Rojo y en el denominado Cuerno de África— un creciente número de ataques pirata a buques mercantes y pesqueros, con riesgo para la integridad física de sus tripulantes y su impacto negativo en la libertad de navegación, en los intereses españoles y en la seguridad de los buques de vinculación nacional de la región, entre los que se encuentran los pesqueros, petroleros y gaseros.

A la inseguridad marítima que ya se deriva de la persistente guerra en Yemen, se ha añadido la enorme inestabilidad internacional y gran amenaza para la seguridad mundial producida por la invasión rusa de Ucrania, que ha empeorado la situación de seguridad en el transporte marítimo, como ha puesto de manifiesto la Organización Marítima Internacional en los pronunciamientos de su Consejo en la sesión extraordinaria celebrada el 10 y 11 de marzo de 2022, según señala el Gobierno.

De la gravedad de la situación y de los ataques producidos dan cuenta los Informes anuales de Seguridad Nacional, elaborados por el Departamento de Seguridad Nacional. En los correspondientes a los años 2020 y 2021, se indica que el golfo de Guinea tiene el mayor índice mundial de piratería, robo a mano armada, secuestro de marinos, pesca ilegal, contrabando y tráfico de drogas y delincuencia transnacional organizada. En lo que respecta al Cuerno de África, se ha logrado contener la piratería y evitar la captura de barcos y los secuestros de tripulaciones gracias a la acción de la Operación Atalanta de la UE, pero esta actividad dista de estar erradicada.

La Resolución 2608 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación en Somalia, adoptada el 3 de diciembre de 2021, ha prorrogado, de momento por tres meses, la autorización a operar en las aguas territoriales del país africano a los buques y aeronaves de EUNAVFOR Atalanta (EU Naval Force Somalia). Sin embargo, los piratas siguen activos, aunque en estos momentos dedicados a otras actividades delictivas. Puede asegurarse que, si las circunstancias se volviesen favorables para ellos, se relajasen las medidas de protección del tráfico marítimo o les surgiesen objetivos de oportunidad, retomarían las actividades de piratería. El artículo 19 de la resolución recoge medidas en materia de ayudas de Estado complementarias a empresas armadoras de buques pesqueros, según se señala en la justificación del decreto-ley.

Desde 2010, se han incrementado notablemente los ataques a buques mercantes en el golfo de Guinea, la mayoría en su parte septentrional. Los ataques pueden tomar la forma de robo violento, tanto de la carga como de objetos personales o de valor, como el secuestro de rehenes para solicitar rescate.