Estado autonómico: Sobre las reformas pendientes
Están por hacer la reforma de la financiación autonómica; la revisión a fondo de los mecanismos de coordinación vertical y horizontal y la solución a la voluminosa deuda con el Tesoro acumulada por algunas autonomías.
La descentralización en España ha sido un proceso rápido, intenso y, en su conjunto, exitoso. No somos un país federal en sentido estricto, pero nos acercamos mucho. La descentralización tributaria en el escalón regional supera claramente la de los países federales en la Unión Europea; y el porcentaje de gasto público gestionado por las comunidades autónomas nos sitúa en el top-5 mundial. Nadie ha hecho tanto en tan poco tiempo y partiendo de una estructura de gobierno fuertemente centralizada.
Sin duda, podemos presumir; para, al minuto siguiente, recordar todas las cuestiones que nos quedan pendientes. En particular: la reforma de la financiación autonómica; la revisión a fondo de los mecanismos de coordinación vertical y horizontal, a la luz de las graves carencias que ha puesto de manifiesto la pandemia; y la solución a la voluminosa deuda con el Tesoro acumulada por algunas autonomías.
Ninguno de los tres asuntos es fácil de resolver, por razones de diversa naturaleza. Pero estoy convencido de que si queremos hacerlo y prepararnos para otros desafíos futuros necesitamos una reforma institucional previa. Idealmente, una que supusiese cambios constitucionales y que nos dotase de las herramientas propias de los Estados federales. Por ejemplo: un Senado que funcionase como verdadera cámara territorial. Sin embargo, a nadie se le escapa la dificultad de esa reforma en el escenario de fragmentación política actual. No es factible ni a corto ni a medio plazo. Por ello, debemos abrazar el pragmatismo y concentrarnos en los mimbres que ya existen y cuya mejora no exige tocar la Constitución.
Son tres: la Conferencia de presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y las conferencias sectoriales. La primera debería reunirse una o dos veces al año, con agendas trabajadas previamente, y con el objetivo de alcanzar acuerdos políticos de calado, que afecten a competencias autonómicas o exijan de su participación. La Conferencia de presidentes no puede ser un espacio para celebrar meras reuniones informativas. El CPFF debe canalizar todas las discusiones que afecten a los presupuestos autonómicos; debe modificar su reglamento de funcionamiento y las reglas de voto, para que la administración central pueda imponer siempre su criterio sin negociar; y debe contar con una suerte de secretariado técnico permanente, que atienda las demandas del Consejo desde el rigor y la independencia técnica.
Finalmente, las Conferencias sectoriales deben garantizar la coordinación en el ejercicio de las competencias autonómicas y explotar la ventaja que supone la descentralización como laboratorio de políticas públicas. Las experiencias exitosas (y las que no lo son) deben ser compartidas para que la gestión de la educación, la sanidad, los servicios sociales o la I+D mejoren en el conjunto de España.
Santiago Lago Peñas es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo e Investigador senior de Funcas.
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