Financiación autonómica: algunos parches urgentes

La reforma a fondo de la financiación autonómica sigue atascada. Hace casi un lustro, el grupo de expertos creado al efecto entregó su propuesta a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La amplitud y la diversidad del comité hicieron particularmente complejo el trabajo de los comisionados. Pero también acabó provocando que la propuesta fuese particularmente realista y asumible, como lo demostró la subsiguiente ronda de discusión entre los directores generales en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lamentablemente, ahí se quedó la cosa.

Existen una serie de cuestiones de naturaleza intrínsecamente política que exigen amplios consensos; en particular, las que tiene que ver con la equidad. Y la coyuntura política en Cataluña sigue sin favorecer un entendimiento multilateral. Para resolver las primeras haría falta un amplio acuerdo que incluyese al PSOE y al PP. Para afrontar lo segundo, cabe seguir esperando a que la situación política en Cataluña cambie, u optar por lo que se hizo en el pasado: que alguna comunidad autónoma se quede al margen del acuerdo y, por tanto, que su financiación se rija por el modelo anterior. Desafortunadamente, me parece que nada de esto ocurrirá en 2022 o 2023. Por eso, hay que pensar ya en parches para las cuestiones financieras autonómicas más urgentes. Parches que no deben ir en contra de lo que debería ser la reforma en profundidad, sino que deben anticipar algunas de sus soluciones.

Desde hace un tiempo, muchos académicos hemos estado pensando en este enfoque posibilista, por lo que existen diversos documentos disponibles y una cierta convergencia en las prioridades. Si hoy tuviese que escoger cuatro, serían las siguientes. Primero, resolver la injusticia que sufren la Comunidad Valenciana, Murcia y, en menor medida, Andalucía. Sistemáticamente, el sistema les proporciona menos dinero del que explícitamente reconoce que necesitan. Empatizo con ellas y reivindico la creación de un fondo ad hoc que garantice que todas las comunidades reciban el 100% de lo que el sistema actual les reconoce. La segunda es decidir qué hacemos con la deuda autonómica en manos del Tesoro; en particular el llamado FLA. Debemos diseñar e implementar una estrategia de salida de una solución que ha sido útil, pero que no puede ser estructural. Tercero, deberíamos modificar la gestión del IRPF autonómico, para que ciudadanos y gobiernos regionales perciban las decisiones que se adoptan con la misma celeridad que las de la Administración central. Por último, reformar el Fondo de Compensación Interterritorial para que vuelva a ser un instrumento relevante.

Vayamos trabajando en estas cuestiones a la espera de tiempos más favorables para la reforma global.