tribuna
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El federalismo y la magia

Es imposible resolver hoy los problemas sociales y ambientales en el marco estrecho de la soberanía nacional. De lo que se trata es de estructurar mejor nuestras instituciones para abordar los desafíos colectivos

EULOGIA MERLE

Frente al secesionismo mágico, que debía solucionar sin dolor todos los problemas de Cataluña, no hay que contraponer un federalismo mágico, sino un programa federal serio de reformas y una acción política clara.

El conjunto de la sociedad catalana va asumiendo poco a poco que el contexto en el que vivimos es el de la federalización de España y Europa. España es ya un Estado compuesto con numerosas características federales, con algunas regiones dotadas de las competencias de un cuasi-Estado. Formamos parte del núcleo más integrado de la Unión Europea (en la zona euro y el espacio Schengen); una UE que al Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo añade ahora unos importantes fondos Next Generation financiados con deuda común. Puede discutirse si esto es un Momento Hamiltoniano, previo a la federalización definitiva de la UE, pero recordemos que a la asunción de la deuda de los Estados por parte de Hamilton en EE UU siguieron décadas de evolución federalista, conflictos y creación de nuevas instituciones, hasta dar con la actual configuración federal de aquel país. No hubo un “momento” en que los estadounidenses se acostaran confederales y amanecieran federales. No hay que soñar con un “federalismo auténtico” que se diferencie de lo que tenemos como el día de la noche —España, insisto, ya es un Estado para-federal—, sino que hay que avanzar con reformas profundas (por lo demás ya diseñadas por hacendistas y constitucionalistas) que tomen como referencia las principales federaciones del mundo, que por cierto son algunas de las democracias más prósperas existentes. No habrá una Declaración Unilateral de Federalismo (una DUF), ni debe haberla, pero sí debe haber un esfuerzo riguroso por mejorar nuestras estructuras, conscientes de nuestras interdependencias en España, y las de esta con la UE.

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La gestión de la pandemia en un contexto de democracia multinivel nos ofrece muchas lecciones sobre cuál es nuestra realidad, y cómo mejorarla. Las competencias de gestión de la sanidad (igual que las de casi todo el Estado del bienestar) se hallan en manos de las comunidades autónomas, y muchos expertos recomiendan complementar esta estructuración con una agencia federal de salud pública. Otros aconsejan mejorar nuestra financiación autonómica, entre otras razones para impedir que los shocks económicos dificulten prestar servicios públicos cuando estos se hacen más necesarios. Las vacunas se han administrado de forma planificada e igualitaria en toda Europa, pero hay que extender ese proceso a nivel global. Podríamos seguir: las lecciones son abundantes.

Pero no incurramos en el error de no llamar al federalismo por su nombre, error que, sobre todo en el imaginario colectivo, nos impide tomar como referencia a las mejores democracias del planeta (aunque ya se haga en muchos ámbitos académicos especializados, donde España es considerada como una suerte de Estado federal). El federalismo del siglo XXI no es el de la primera República. Ni es un caos, según la caricatura que difunde cierta derecha, ni tiene por qué copiar literalmente las recetas de Pi i Margall, por muy sensatas (e incomprendidas) que fueran en su época. El federalismo del siglo XXI es el de Piketty, Verhofstadt, Dion, los fondos Next Generation y nuestra co-gobernanza todavía muy mejorable en una Europa cada vez más federal. Es el de la foto de Von der Leyen con Sánchez, las presidencias autonómicas y la representación municipal.

El federalismo no es en sí de izquierdas ni de derechas (como ha recordado recientemente la Asociación por una España Federal), y ya lo practican varios presidentes de comunidades autónomas incluso del PP, quizás inconscientemente, igual que el personaje de Molière hablaba en prosa sin saberlo. Pero lo más absurdo de todo es ser de izquierdas en el siglo XXI y no ser federalista, porque hoy es imposible resolver los grandes problemas sociales y ambientales en el marco estrecho de la soberanía nacional. Y por ello tenemos que dedicar todo el tiempo necesario a dar la batalla ideológica por esta obviedad, dado que una parte de la izquierda, y no sólo en Cataluña, cree que el soberanismo es lo más progresista que existe, contradiciendo sin ir más lejos al propio Piketty, que en en su último libro mostró, por si hiciera falta, que el independentismo catalán está asociado a los intereses (y al voto) de los sectores más opulentos de la sociedad catalana.

Es verdad que el federalismo entendido como gobierno multinivel es un arma de doble filo para frenar a cierto populismo iliberal: otros gobiernos protegen de sus derivas populistas a uno de ellos, y esa protección actúa como una forma de seguro para los propios populistas (algo parecido al too big too fail), como garantía de que otros acabarán rescatándolos de sus fracasos, sin que ellos lleguen a rendir cuentas. Nuestras instituciones deben protegernos de los riesgos derivados del nacionalpopulismo antes de que sea demasiado tarde y no después.

Algunos autoproclamados progresistas creen o dicen creer que sus objetivos de justicia social se pueden hacer realidad en comunidades que no compartan su soberanía con las comunidades vecinas, y en cierta medida con el resto del mundo. Se equivocan del todo: así no le hacen ni cosquillas al problema del fraude o la competencia fiscal, del cambio climático o de la regulación de las grandes multinacionales tecnológicas; y no digamos al capitalismo desregulado, que se ríe de las propuestas de estos anticapitalistas de salón (apoyos constantes del peor capitalismo en el Parlamento de Cataluña).

El federalismo contribuyó durante el procés a frenar la deriva secesionista de parte de la izquierda catalana; pero el trabajo no está ni mucho menos terminado. Mientras tanto, el secesionismo no para de insistir en un discurso progresista fraudulento que sirve de coartada para que cientos de miles de personas voten con la conciencia tranquila a un movimiento cuya propuesta principal es de naturaleza insolidaria. La batalla federalista y de izquierdas contra esta gran mentira (el supuesto progresismo soberanista) debe darse, y con más fuerza que nunca. Si el federalismo se aísla en un supuesto “eje territorial” perderá toda fuerza. Para las izquierdas, el federalismo es el complemento necesario de la acción social. El famoso “discurso de los dos ejes” (el social y el nacional), que goza de tanto prestigio en Cataluña, es una falacia que sólo sirve como excusa para abrazar algo insolidario. En Cataluña todo el mundo dice compartir los valores progresistas, pero lo cierto es que el progresismo de los líderes secesionistas es un camelo; el separatismo está, digan lo que digan sus portavoces, contra los intereses de la mayoría social en Cataluña, que no es independentista, porque impide que los secesionistas rindan cuentas de una gestión muy deficiente de las políticas sociales, que no beneficia a los más débiles, ni a nadie salvo a los propios secesionistas. Además, es flagrantemente insolidario en relación al resto de los ciudadanos españoles, cuando no abiertamente xenófobo, y prioriza el bienestar de los catalanes y sólo de los catalanes –¡Catalonia, first!-, definidos estos del modo en que más convenga a los separatistas, lo que acaba siendo totalmente contraproducente para todos los catalanes.

Frente al separatismo insolidario, reaccionario y divisorio, nada mejor que el federalismo progresista y solidario. Pero dejemos de lado las soluciones mágicas, y dediquémonos a estructurar mejor nuestras instituciones para resolver los grandes problemas colectivos.

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