Competencia investiga los precios de bienes básicos de consumo en plena escalada inflacionista

La erupción inflacionista de los últimos meses es eminentemente exógena: el estallido de precios de la energía —petróleo, gas y, consecuentemente, también electricidad— se ha extendido como una viscosa mancha de aceite sobre el resto de la economía. Esa realidad es especialmente cierta en Europa, donde la explosión de los precios energéticos ha sido especialmente acusada y la parte de subida de precios achacable a la demanda, al menos hasta ahora, es mínima. Las autoridades, sin embargo, empiezan a afilar su lupa para detectar malas prácticas en el sector privado: empresas que estén aprovechando la coyuntura —y el creciente ruido alrededor de la inflación, que ya ha alcanzado el doble dígito— para aplicar fuertes subidas en detrimento de los consumidores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigará la evolución en el precio de los bienes básicos de consumo en busca de posibles malas prácticas a costa de los hogares, según explican a EL PAÍS fuentes del organismo. Las alzas en el precio de este tipo de productos es especialmente preocupante desde el punto de vista distributivo, porque se ensaña de manera particularmente cruda sobre las capas más desfavorecidas de la población: las familias con menos recursos económicos, que tienen que dedicar una fracción mayor de su renta a alimentación, luz y gas, productos de higiene o transporte, entre otros. Por el contrario, el esfuerzo económico de los más pudientes en esta clase de bienes es residual.

“Hay muchos de factores que explican la inflación que estamos viendo, pero eso no quiere decir que no haya operadores que puedan estar aprovechando la coyuntura”, apuntan fuentes de la CNMC. “No nos vamos a precipitar con conclusiones apresuradas, pero estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de todo lo que pasa en el mercado. Tenemos todas las herramientas para hacerlo y lo haremos”, añaden.

Tras registrar subir un 8,7% interanual en mayo, el IPC creció a un ritmo del 10,2% en junio en comparación con el mismo mes de 2022. La cifra, divulgada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la más alta desde abril de 1985, cuando la configuración de la economía española era completamente diferente de la actual y el grado de concurrencia en la mayoría de sectores, menor. La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos —habitualmente más volátiles—, alcanzó el 5,5%, una cifra inédita en casi tres décadas.

El año pasado, el organismo presidido por Cani Fernández abrió 130 investigaciones gracias al Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA), una suerte de buzón que permite a cualquier ciudadano informar de prácticas anticompetitivas en un sector o empresa. Este año el regulador cree que esa cifra crecerá con fuerza. Las fuentes consultadas por este diario reconocen que, en un contexto como el actual, tanto “la preocupación social” como la información que recibe el organismo sobre posibles subidas injustificadas de precios “se han multiplicado”. Al margen de las denuncias que llegan a través de esos canales, la CNMC actúa también de oficio desplegando técnicas y herramientas nuevas para redoblar la vigilancia sobre las empresas.

La semana pasada, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció a Pescanova, Pastas Gallo, Danone, Colacao, Tulipán y Campofrío ante Competencia por presuntas prácticas de reduflación, una tendencia creciente que consiste en dar menos cantidad cobrando lo mismo. El objetivo: camuflar subidas de precios. De estas empresas, Danone lo negó, mientras que Gallo dijo que ha ajustado cantidades pero sin ocultarlo al consumidor. El ente estudia, además, ampliar la denuncia a más productos y empresas.

Más allá de los bienes básicos de consumo, en los últimos meses el regulador también ha afilado su labor de supervisión sobre el sector de las estaciones de servicio. Tal como adelantó EL PAÍS la semana pasada, Competencia ha construido un indicador de alta frecuencia para identificar los casos —de momento, alrededor de un centenar— en los que las estaciones de servicio se están valiendo la bonificación recién prorrogada de 20 céntimos por litro para ensanchar sus márgenes. En mayo, los carburantes fueron el segundo grupo de productos que más se encareció en comparación con el mismo mes del año pasado.

Las autoridades de Competencia han tenido un especial protagonismo en Estados Unidos, donde la inflación se disparó antes por el sobrecalentamiento que vive su economía. La Administración del demócrata Joe Biden instó a los organismos antimonopolio a investigar varios sectores como el de las cárnicas, las navieras o las petroleras ante unas tasas de inflación jamás vistas en los últimos 40 años. En esos casos, los organismos oficiales creían que había una concentración empresarial que había contribuido a la escalada de los precios. Por ahora, esa no ha sido la dinámica que han seguido las autoridades comunitarias de Competencia.