El Gobierno y sus socios aprobarán la semana que viene el recargo al sector fósil para rebajar la factura de la luz

El Congreso despedirá junio con una intensa actividad legislativa en materia energética. La Cámara Baja tiene previsto aprobar el próximo martes el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE) con un amplio consenso, según fuentes gubernamentales, a la vez que ultima el visto bueno a la ley llamada a detraer ingresos a las centrales eléctricas no emisoras y de más antigüedad por el coste del dióxido de carbono (CO₂), que golpeará a las empresas eléctricas. Ambas medidas, que el Ejecutivo espera que se traduzcan en una rebaja en la factura de la luz, llegarán después de que el Consejo de Ministros anuncie este sábado un paquete de choque para hacer frente al enésimo encarecimiento de la energía en los últimos tiempos. Contendrá, entre otras cosas, una nueva reducción del IVA eléctrico hasta el 5%.

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico dará luz verde al Fondo, diseñado para agrupar las aportaciones económicas de todos aquellos que venden energía en el mercado español, electricidad, gas y petróleo, y, así, contribuir a la financiación de los costes energéticos clave para el conjunto del sistema. La comisión tiene competencia legislativa plena, por lo que no hace falta que el proyecto de ley por el que se crea el fondo se debata en el pleno del Parlamento, y ya iría directamente al Senado. El FNSEE dejará dos grandes grupos de damnificados: las empresas petroleras y gasistas —destinatarios iniciales del recargo—, y los consumidores más intensivos de ambas energías fósiles —a los que acabarán trasladando la subida—. Cuando se lanzó, la promesa del Ejecutivo fue que rebajaría la factura de la luz en un 13%.

El debate de la ponencia sobre el proyecto de ley, que el Consejo de Ministros aprobó el 1 de junio del año pasado, se celebró este martes sin sorpresas. Fuentes socialistas explican que la esencia de la futura normativa se ha respetado. En la ponencia se incorporaron varias enmiendas transaccionales de partidos como el PP, ERC, PNV y del propio PSOE, que son “una actualización” para la situación de 2022, marcada por las consecuencias energéticas de la guerra de Ucrania y el alza de los precios de las materias primas como el gas. También se han incluido correcciones técnicas de los letrados de la Cámara. Vox presentó una enmienda a la totalidad hace meses y se prevé su voto en contra.

Sacar las primas del recibo

El FNSSE permitirá, según las fuentes consultadas, sacar de la factura de la electricidad las primas que se están pagando a las renovables, cogeneración y residuos más antiguos, conocidos como Régimen Retributivo Especial. El fondo tendrá una implantación progresiva durante el próximo lustro: afectará al 20% de las primas cada año, hasta que al cabo de cinco años haya eliminado el 100% de ese importe de la factura de la luz. El Gobierno confía en que tenga un fuerte efecto de redistribución: beneficiará, dice, a las rentas medias y bajas —algo que niega el sector gasista, que cree que ocurrirá exactamente lo contrario— y hará que estas ahorren más dinero en su coste energético. El resultado sería que las familias pagarán a fin de mes menos dinero que ahora por el consumo de energía.

“El proyecto pretende avanzar en los objetivos de descarbonización de la manera más eficaz y eficiente posible, habilitando el marco normativo necesario para la electrificación de la economía y la sustitución de la generación eléctrica de origen fósil por tecnologías basadas en energías renovables, generando, a su vez, oportunidades de competitividad e innovación para el conjunto de la economía”, expuso la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, hace un año, cuando la ley se remitió al Congreso.

Oposición frontal de las empresas

Con el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico a punto de recibir el visto bueno definitivo, las empresas petroleras y gasistas han avivado en las últimas semanas sus críticas contra la medida. “Tendrá un negativo impacto para los hogares y la actividad industrial al plantear un recorte de la factura eléctrica a costa de un recargo sobre la factura del gas y otros combustibles, en un contexto como el actual de elevados precios de la energía”, apuntan desde Sedigas, la patronal del sector gasista, a la que pertenecen, entre otras, Naturgy, Enagás y Repsol, que figuran entre los principales perjudicados.

La medida, desgranan desde Sedigas, perjudicará especialmente a los consumidores —“que residen en la España fría y de interior y en zonas más despobladas [que consumen más combustibles fósiles y menos electricidad]”— y al sector secundario —que “se enfrentará a una severa merma de su competitividad internacional por el impacto de esta medida sobre sus costes energéticos”—. A pesar de que uno de los objetivos prioritarios del Fondo es aumentar la electrificación de la economía, abaratando la luz respecto al gas y los carburantes, la patronal ve “en peligro” la “contribución del sector gasista a la consecución de los objetivos de descarbonización”.

Las críticas también han arreciado en los últimos días desde la asociación GasIndustrial: “En medio de una durísima crisis por los elevados precios del gas, puede suponer un duro golpe a una industria gasintensiva, ya muy castigada. Aunque los sujetos obligados son las comercializadoras de gas, es indudable que esos costes terminarán por caer en cascada sobre los consumidores finales”. La medida, añaden, provocará una subvención cruzada de costes entre los diferentes consumidores finales: “Las aportaciones del sector gasista [al Fondo] sumarán un total de más de 3.500 millones en el lustro de vigencia, penalizando duramente al consumidor industrial. Lastrará la competitividad, perjudicándola gravemente en un momento clave en el que los industriales luchan por su supervivencia, por aumentar su actividad exportadora y por mantener el empleo”, sentencian.