La morosidad de las empresas con sus proveedores baja gracias a las ayudas públicas, pero sigue lejos del límite legal

Las ayudas financieras del Gobierno para salvar las empresas de la crisis del coronavirus han atenuado los retrasos en el abono de las facturas. Con respecto a 2020, el año pasado el plazo medio de pago a proveedores disminuyó un 21% en el sector público (pasando de 77 a 61 días) y un 6% en el privado (de 77 días a 72). Esta es la conclusión del informe presentado este miércoles por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, elaborado a partir de alrededor de 800 encuestas realizadas a empresas de varios sectores. A pesar de este progreso, los plazos medios de pago todavía quedan lejos de los establecidos por la ley de morosidad de 2010, que corresponden a un máximo de 30 días para las administraciones públicas y a 60 días para las empresas privadas.

La ratio de morosidad, es decir el porcentaje de impagos respecto al total de facturación, se situó en el 4,8% en comparación con el 5,4% registrado en 2020. Un dato que demuestra que “cuando se toman medidas de obligación en los plazos de pago y se ponen los recursos, se produce un cambio del comportamiento en los mismos”, según ha apuntado el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, durante la presentación del estudio. Con respecto al futuro, la mayoría de las empresas no se ha mostrado muy optimista, puesto que un 78% señala que su expectativa sobre el plazo de cobro durante 2022 no variará.

En el ámbito público, casi la mitad de las firmas coincide en que la administración local es la que más tarda en pagar: de estas solo un 24% lo hace dentro del plazo legal. Un tercio de los encuestados asegura que los peores pagadores son los gobiernos autonómicos, y un 19% apunta al central. En el sector privado, el 61% de las compañías sostiene que el cliente que más tarda en abonar es la gran empresa (con una facturación superior a 50 millones de euros). De hecho, solo el 20% de ellas cumplen con el plazo legal. “El retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”, ha agregado Cañete.

Dos de cada tres proveedores tratan con clientes que incumplen los plazos de pago

Además, la organización hace hincapié en la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado, el 66% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes —tanto del sector público como el privado— que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por ley. A esto también se suma que, en caso de sufrir impagos, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora. De igual manera, el 92% de los prestadores no reclamaron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

La plataforma siempre ha sostenido que este comportamiento abusivo se debe más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento, ya que el 64% de los encuestados afirma conocer la legislación existente. No obstante, el presidente de la entidad apunta que, “después de más de 10 años, no deja de sorprender que un 36% de las empresas aún la desconozca”.

Con respecto a la tramitación del proyecto de Ley Crea y Crece —que pretende impulsar la creación de empresas en el ámbito nacional— Cañete denuncia que la ley “se ha quedado sin fuerza” al haberse eliminado en el proyecto la posibilidad de rescindir un contrato de licitación pública en pleno proceso en caso de no estar pagando dentro del plazo a los proveedores subcontratistas. El presidente de la plataforma considera que esta es la parte que realmente iba a influir sobre la mejora de los plazos de pago y que, por tanto, sin ella la nueva normativa no acabará con la morosidad. “No nos olvidemos que propone un Observatorio, la facturación electrónica y una simple declaración responsable, tres medidas necesarias, pero insuficientes”, ha añadido.

Régimen sancionador

La entidad subraya que la herramienta principal para reducir los impagos es instaurar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas. Una medida que el 94% de las firmas encuestadas considera necesaria. En concreto, la plataforma sugiere implementar un sistema de arbitraje en los impagos: antes de llegar a la sanción debería haber un mecanismo que facilite la solución de este incumplimiento.

Para mitigar este problema, la plataforma pide también al Gobierno que mantenga las ayudas a las empresas para evitar otra crisis de liquidez. En el caso de que las compañías necesitaran solvencia, el 75% de ellas pediría financiación externa, el 19% se vería abocado a extender sus plazos de pago y el 6% ampliarían capital. En efecto, un 27% de los encuestados considera inviable su negocio en la actual situación de plazos de pago. “Cuando las empresas tienen problemas de liquidez se producirán concatenaciones de rupturas de cadena de pago. Si ocurriera eso, varias compañías cerrarían y perderíamos puestos de trabajo. Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”, ha concluido Cañete.