La morosidad del sector público duplica el tope legal

Las Administraciones públicas han vuelto a dilatar el tiempo de pago a sus proveedores. En 2019 tardaron 70 días de media en abonar las facturas, más del doble del límite máximo que marca la ley (30 días) y un 3% superior al dato del año anterior. Estos resultados, publicados este miércoles en una encuesta elaborada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), destacan cómo la demora en los pagos del sector público ha aumentado cada año desde 2017, aunque de manera paulatina. Las empresas privadas, por su parte, redujeron en 2019 el tiempo medio en el que liquidan a sus proveedores, aunque este siga siendo superior al de las Administraciones.

Las empresas tardaron 73 días de media en cumplir con las obligaciones de pago contraídas con sus proveedores, cuando el máximo legal fijado para el sector privado son 60 días. Este dato, desglosado en el Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2019 de la PMcM y elaborado a partir de 800 encuestas, implica sin embargo un descenso frente a los 81 días de hace un año.

Las más rezagadas fueron, una vez más, las grandes compañías: el 81% no respetó el plazo legal de los 60 días: el 35% de ellas pagó a sus proveedores en un tiempo que oscila entre los 30 y los 90 días, y un porcentaje aún mayor, del 46%, dilató sus pagos más de 90 días. La instantánea cambia en el caso de las pymes: casi la mitad, el 44%, cumplió con sus obligaciones hacia los proveedores en menos de 60 días, y solo un 9% alargó el abono de facturas durante más de tres meses. 

“Se está produciendo una brecha en los tiempos de pago entre pymes y autónomos y grandes empresas”, ilustra Antoni Cañete, presidente de la PMcM: “Solo el 19% de las grandes está pagando según lo que marca la ley”. Es más: más de la mitad de los proveedores encuestados (65%) aseguró que en 2019 firmó contratos donde sus clientes imponían plazos de pago por encima de lo que establece la normativa. “Se trata de cláusulas nulas, pero hay que denunciar para reclamar”,  abunda Cañete, “por miedo a perder los clientes casi nadie lo hace y los pocos que reclaman intereses lo hacen de cara a la Administración”.

En concreto, el informe desglosa que el 94% de las empresas evitó pedir indemnización legal por los costes de recobro en caso de impago; solo un 6% de los proveedores exigió siempre a las empresas morosas los intereses de demora, mientras que casi nueve sobre diez no los solicitaron nunca o casi nunca.

La Plataforma lleva tiempo pidiendo que se imponga un régimen sancionador para castigar a las empresas incumplidoras, como ocurre en otros países como Francia. Hace tres años, hubo una Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad que intentó impulsarlo y que finalmente quedó bloqueada en el Congreso. Cañete insiste en que hay que avanzar en esta dirección para obligar a compañías y Administración a respetar la normativa y asegura que hay consenso entre los grupos políticos para avanzar en esta dirección.

Cañete explica que la imposición de un sistema de sanciones se hace aún más necesaria por la acumulación de deuda peligrosa en manos de las empresas y por el crecimiento del ratio de morosidad —es decir, los impagos respecto al total de facturación—, que en 2019 fue del 3,1% frente al 2,9% del año anterior. “Si las empresas pagan más tarde los proveedores tienen que ir al banco a pedir circulante para financiarse”, dice Cañete, “ahora el precio del dinero es barato, pero no sería lo mismo si hubiese una crisis; es ahora cuando tenemos que trabajar para construir una economía más sólida”. 

Según los cálculos de la Plataforma, la morosidad “ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”. Cuatro de cada 10 encuestados en su informe sin embargo ignoran los términos de la legislación vigente contra la morosidad, aunque un porcentaje mucho mayor se dice favorable a implantar un régimen de sanciones: el 93%.