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El Gobierno aprueba un PERTE para digitalizar el sector agroalimentario y crear 16.000 empleos

El plan, que espera tener un impacto de 3.000 millones en la economía, prevé una inversión de 1.000 millones hasta 2023

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes en Moncloa.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes en Moncloa.Emilio Naranjo (EFE)
María Fernández

Cómo producir más alimentos y en condiciones sostenibles. Ese es el fundamento del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario aprobado este martes con una inversión pública estimada en 1.000 millones hasta 2023. El documento, que ha visto luz verde en el Consejo de Ministros, aspira a alcanzar un impacto de 3.000 millones en la economía con la generación de 16.000 empleos. Las ayudas abarcan actuaciones en la cadena de valor industrial, apoyo a la digitalización e investigación científica. Al primero de los ejes se destinarán 400 millones para proyectos vinculados a mejorar la producción, ganar competitividad, mejorar la sostenibilidad y la trazabilidad en la producción de alimentos. Un segundo eje contiene medidas concretas para apoyar la adaptación digital de agricultores, ganaderos de cooperativas o pymes productoras, transformadoras o comercializadoras, un área que contará con una inyección de 454 millones. Las pequeñas empresas y microempresas agroalimentarias y los autónomos podrán contar con lo que el Gobierno llama Kit Digital, para digitalizar procesos o poner en marcha tiendas online.

Las medidas estarán gestionadas por los ministerios de Agricultura, Industria, Asuntos Económicos y Ciencia e Innovación. En concreto, el departamento que dirige Luis Planas se implicará entre otras cosas en el desarrollo del Sistema de Información de Explotaciones Agrarias, “que pretende avanzar en la digitalización del cuaderno de campo para simplificar su relación con la administración, datos que podrán utilizar para mejorar su gestión empresarial”. Luis Planas destacó que estos planes tienen como fin el incremento de la competitividad y de la sostenibilidad con el reto del cambio climático, que estos meses alarma a los agricultores con la persistencia de la sequía. “Este PERTE es un PERTE horizontal, para el conjunto del sector agroalimentario, cuestión que ha hecho mucho más compleja su preparación”, destacó el ministro tras la aprobación. “La tercera línea de apoyo, la I+D, es un elemento clave, porque el sector agroalimentario es de los más innovadores, pero tenemos que continuar invirtiendo dinero en investigación básica y en transferencia de tecnología, y por eso dedicaremos a este fin 148 millones de euros”. En total, resumió, son “1.002 millones en 19 actuaciones en el primer eje, 10 en el segundo y cinco en el tercer eje. Es un ejemplo claro de cooperación entre lo público y lo privado”.

“Este es el Gobierno que más ha hecho por el sector agroalimentario en España. Es un gran día”, señaló el ministro, que añadió que el PERTE se suma a líneas como las derivadas de la PAC y otras medidas, como la Ley de la Cadena Alimentaria, “que pretende hacer más digna la vida del 16% de españoles y españolas que viven en la España rural. Para que el entorno rural sea vivo, atractivo, en el que se pueda vivir”. En el Consejo de Ministros se dio luz verde a otras actuaciones, como la legislación para prorrogar autorizaciones de viñedo que vencían en 2021 o la normativa nacional de reglamentación europea sobre el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche. Este último, dotado con 19 millones, quiere fomentar en la población infantil hábitos saludables.

Problemas en el campo

Preguntado por la tensión en ciertos sectores agrícolas y la polémica de las macrogranjas, el ministro aseguró que es “muy difícil dar un diagnóstico”. “Rechazamos cualquier utilización de cualquier instrumento que pueda ser coacción a las instituciones (en relación a las protestas de ganaderos en el pleno del Ayuntamiento murciano de Lorca)”, dijo. “Estamos en un momento de transformación del sector primario. Disponer de elementos de acompañamiento, como este PERTE, la PAC, la Ley de la Cadena Alimentaria, las actuaciones sobre regadíos o los seguros agrarios son elementos de tranquilidad, pero no quiere decir que no haya dificultades”, admitió Planas. En este punto se refirió al alza de precios de los insumos y a la sequía. “Necesitamos políticas de sostenibilidad. No hemos tenido casi pluviometría en las últimas cinco semanas. Discutiremos este tema en dos semanas en Bruselas”.

Cada actuación del PERTE estará sometida a los techos de ayudas marcados desde la Unión Europea. Una misma actuación no podrá tener una doble financiación, pero será posible compatibilizar el uso de fondos comunitarios para actuaciones globales.

La patronal agroalimentaria la considera “insuficiente”

La patronal de fabricantes de alimentos y bebidas FIAB ha calificado este martes de “insuficientes” las ayudas económicas para la industria dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector, según informa EFE.

FIAB ha manifestado en un comunicado que el PERTE agroalimentario aprobado por el Consejo de Ministros incluye líneas de inversión “positivas” para este sector, pero con una partida que no basta para la industria. “Creemos que, dado el peso de la industria española de alimentos y bebidas en la economía española, la cuantía asignada es insuficiente para transformar el sector”, ha subrayado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo. Este responsable de la patronal alimentaria confía en que el PERTE se vea complementado con una línea de ayudas directas para la industria.

En el lado positivo, FIAB ha citado el modelo de gobernanza del plan, que “apuesta por la colaboración entre organismos públicos y representantes del sector privado”. “Somos un sector muy atomizado, constituido en su mayoría por pymes, y confiamos en que este modelo permita que las ayudas lleguen a las pequeñas y medianas empresas, que representan el 96 % del sector”, según García de Quevedo.

Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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