Argentina se enreda en la negociación con el FMI a dos meses de un pago que no puede afrontar

Las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasan por un mal momento. El tiempo se acaba para el Gobierno de Alberto Fernández, y las reticencias de algunos accionistas del Fondo, como Estados Unidos, a aceptar la oferta para un acuerdo atentan contra las urgencias de Buenos Aires. En marzo, el país sudamericano debe pagar al FMI 3.588 millones de dólares de los 19.115 millones que vencen durante este año; no tiene ese dinero. El Ejecutivo argentino ha admitido por primera vez desde el inicio de las conversaciones que el organismo multilateral exige un ajuste fiscal mayor del que está dispuesto a realizar. Al mismo tiempo, la oposición política evitar dar su apoyo a las negociaciones y no concede la foto de unidad interna que Fernández pretende exhibir en Washington.

El Gobierno de Argentina lleva dos años de negociaciones con el FMI para posponer el pago de los 44.000 millones de dólares que el presidente Mauricio Macri recibió en 2018 como salvataje financiero. La suma, la mayor jamás concedida por el Fondo a un país, debía generar la confianza suficiente para que el país saliese del atolladero económico en el que se encontraba hace tres años, cuando los prestamistas privados cerraron el grifo de dólares. Desde entonces, las cosas solo han empeorado. Un año después de recibido el dinero, Macri debió admitir que no podría devolverlo en los plazos acordados. Cuando en diciembre de 2019 entregó el poder al peronista Fernández, el país estaba en cesación de pagos. Fernández acordó a principios de 2020 con los acreedores privados un nuevo cronograma y una reducción de intereses para cancelar una deuda de 67.000 millones de dólares. Y anunció que poco después habría también un acuerdo con el FMI. Pero las cosas no ha sido tan fáciles como se esperaban.

Hace una semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, decía en una entrevista con EL PAÍS que Argentina estaba lista para firmar con el Fondo, pero que aún faltaban “los consensos internacionales necesarios para tener un acuerdo entre ambas partes”. Se refirió así a algunos accionistas del FMI que, dijo, no tenían una comprensión cabal de los problemas que enfrentaba Argentina. Les pidió entonces que hiciesen caso a la autocrítica que el organismo había hecho sobre los resultados del préstamo concedido a Mauricio Macri, considerado un fracaso. Guzmán no nombró en esa entrevista a Estados Unidos – “hay cuestiones que cada accionista debe decidir cuándo hace públicas”, dijo- pero días después desde el ministerio apuntaron directamente contra Washington.

Complicado el frente externo, la estrategia argentina se concentró entonces en el frente interno. El presidente Fernández y el ministro Guzmán recibieron el miércoles a gobernadores y representantes de los 23 distritos del país y por primera vez dieron detalles de la negociación. El ministro de Economía fue claro: dijo que si no se había llegado a un acuerdo, era porque el FMI pedía más ajuste del aceptable. “Lo que piden es un programa de ajuste del gasto real versus tener un programa que le dé continuidad a esta recuperación de la economía. El sendero fiscal es el punto donde no hay acuerdo”, dijo. “La palabra ajuste está desterrada de la discusión, para nosotros el secreto es crecer”.

Guzmán no detalló la dimensión de la demanda del FMI. El porcentaje de déficit fiscal exigido por el staff es un secreto que el ministro guarda con cuidado. Sólo se sabe que Argentina ofrece un rojo de 3% para este año y equilibrio fiscal primario para 2027. El FMI pide que ese equilibrio se alcance en 2025, en línea con lo que en su momento exigió a Ecuador.

Cuando Ecuador acordó con el FMI en agosto 2020, se comprometió a un superávit de 0,1% en 2024. Es posible que no se le exija mucho más a Argentina. El problema es que la segunda mayor economía sudamericana arrastra otros desequilibrios preocupantes. Sin crédito externo, no tiene muchas armas para financiar el déficit, cualquiera sea. Hasta ahora lo ha hecho con emisión monetaria, una estrategia que atenta contra el valor del peso y promueve la inflación, que este año cerrará por encima del 50%. Los desajustes han generado un descalabro en el frente financiero, donde la cotización oficial del dólar frente al peso es la mitad que en el mercado negro o paralelo. La “brecha cambiaria”, como la llaman en Argentina, es una preocupación para el FMI, porque cerrarla implicaría una devaluación del peso.

Como un malabarista que lanza naranjas al aire, Guzmán intenta cada día que ninguna caiga. Cerrar un acuerdo con el FMI es por ahora la principal estrategia para llevar calma a la agitada economía nacional. La oferta Argentina “esta lista”, como dijo Guzmán a EL PAÍS, pero para destrabar el acuerdo es necesario ahora tomar decisiones políticas.

Las tres últimas semanas fueron frenéticas en Buenos Aires. El viernes 17 de diciembre, el Gobierno tuvo que asimilar la derrota de su proyecto de ley de Presupuesto en el Congreso. La oposición, que era Gobierno cuando el FMI otorgó el crédito ahora impagable, utilizó su nueva mayoría en Diputados para mandar a un cajón una ley fundamental para las negociaciones. Demostró así su poder de fuego, pero dejó a la Casa Rosada en una situación de máxima vulnerabilidad en Washington. “El efecto que tuvo fue generar cierto daño institucional a Argentina, que no es bueno”, se quejó entonces el titular de Economía.

Una hoja de ruta para 2022

El presupuesto fallido de Guzmán daba una idea de la hoja de ruta para 2022: crecimiento del 4% del PIB (el producto subirá en 2021 alrededor de 10%), una inflación del 33%, un dólar para el próximo diciembre a 131 pesos (hoy el oficial está a 108 pesos), un déficit fiscal de 3,5% y un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos, principal fuente del rojo en las cuentas públicas. Es en ese “incremento real” donde se juega la suerte del acuerdo. Argentina pretende que el déficit se financie con el crecimiento de la economía, una estrategia que mantendría constante y hasta podría permitir una subida de los gastos del Estado, al que Guzmán quiere como fuerza “contracíclica”.

El FMI pretende, en cambio, que haya una bajada real del gasto, más allá del crecimiento. “Buscamos bajar el déficit, pero poder al mismo tiempo jugar un rol contracíclico que apuntale la recuperación. Este es un primer paso, va a llevar años solucionar la deuda con FMI”, dijo Guzmán en la reunión con gobernadores, la semana pasada.

Ese encuentro con los jefes territoriales debía ser una exhibición de unidad, tras la debacle del Presupuesto en la Cámara de Diputados, pero la ausencia de propios y ajenos le quitó lustre. Participaron sólo 12 de los 24 gobernadores; el resto envió representantes. Hubo, también, un ausente de peso: el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el principal aspirante a representar a la oposición en las presidenciales de 2023. La incomparecencia de Rodríguez Larreta, que no envió siquiera a alguien en su nombre, abrió una brecha entre halcones y palomas en la oposición. En la víspera de la reunión, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también en la carrera para la Casa Rosada, dijo que su coalición era la responsable de la deuda con el FMI y debía ir a la reunión “al menos para escuchar” al ministro Guzmán.

El presidente Fernández, en cualquier caso, no ha logrado sumar voluntades en bloque, ni siquiera entre sus propias fuerzas. El kirchnerismo, motor de la alianza peronista que gobierna Argentina, se opone a cualquier ajuste fiscal que suponga un lastre para el crecimiento. Sin acuerdo en casa, la posibilidad de un pacto consensuado con el Fondo parece cada vez más lejano.

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