Cerca de 24 millones de españoles perderán poder adquisitivo en 2021

La vida, y especialmente en tiempos de pandemia, se encarece y cada vez es más complicado pagarla. El Instituto Nacional de Estadística (INE) viene confirmándolo durante todo el año. Y diciembre no ha sido una excepción: los precios subieron un 6,7% en tasa anual, y la media con la que termina el año se sitúa en el 3,1%. Resultado: la caída inflacionaria pronosticada por los expertos sigue sin producirse y la situación financiera de las familias empeora.

Sucede, principalmente, porque cada vez más españoles ven que o bien su salario no crece, o no lo hace lo suficiente como para ajustarse con el alza de los precios. Según cálculos elaborados por EL PAÍS, en 2021 han vivido esta situación cerca de 24 millones de españoles: todos han perdido poder adquisitivo durante los últimos 12 meses.

Los primeros, los pensionistas. A pesar de que la reforma aprobada por el Gobierno provocará que en el futuro no vuelva a darse esta circunstancia, tomando como referencia los datos comprendidos entre los meses de enero y diciembre de 2021, y asumiendo que los plazos de ajuste se realizarán en el siguiente ejercicio, sus prestaciones se han incrementado en un 0,9% (un 1,8% para las mínimas), dos puntos por debajo de lo que han subido los precios.

Aunque el Gobierno las compensará con una paguilla, esta será del 1,6%, el resultado de la diferencia entre el 0,9% inicial y el 2,5%, que es el Índice de Precios de Consumo (IPC) medio para el periodo comprendido entre los meses de diciembre de 2020 y noviembre de 2021, que es el que toma como referencia el Ministerio de Seguridad Social. Sin embargo, incluso incorporando este 1,6% adicional al balance del año actual, las pensiones seguirán quedándose un 0,6% por debajo del 3,1% medio del ejercicio completo. “Es cierto que ahora el mes de diciembre queda sin computar, pero en el cálculo de la revalorización del próximo año sí que entrará. Por lo que puede que lo que pierdan este año lo ganen el que viene”, matiza Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía en la Universidad Complutense y subdirector de Fedea.

Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social y que responden a los del mes de noviembre, 8.974.596 pensionistas se verán afectados.

El de los trabajadores públicos es otro colectivo al que este año le ha sucedido algo parecido. El Gobierno también mejoró su remuneración en un 0,9%, y para 2022 ha determinado que el alza sea del 2%, por lo que la curvatura salarial seguirá sin alinearse con la de los precios. Según los datos del último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en julio se computaron 2.710.405 trabajadores públicos.

Asalariados

Para llegar hasta los 24 millones de afectados por la inflación, a pensionistas y funcionarios hay que añadirles la parte de la población asalariada, que en noviembre tocó techo con 19.752.358 afiliados, que no han visto mejorado suficientemente su sueldo. De ese cómputo total se caen los autónomos (3.325.408), puesto que sus salarios no se rigen por ningún convenio, y los trabajadores públicos.

De los cerca de 14 millones de ocupados restantes, algo más de siete millones se encontraban cobijados hasta noviembre por convenios colectivos con aplicación económica en este año, según la estadística oficial que maneja el Ministerio de Trabajo, y que determina que sus salarios subieron de media un 1,5%.

Un estudio elaborado por el gabinete económico de CC OO detalla que solo el 17% de la población asalariada con convenio (1.247.783 de las 7.339.900 personas) dispone de cláusula de garantía salarial. “Esto quiere decir que su salario, al margen de otras subidas que pudieran tener acordadas, está sujeto a las fluctuaciones del IPC”, explica Raúl Olmos, adjunto a la secretaría de Acción Sindical de CC OO. El 83% restante depende de si la cuantía de las subidas que tiene pactadas para este año cubren el 3,1% final.

El informe detalla algunas de ellas: el 30% de los trabajadores tiene pactadas subidas del 0% o que no llegan al 1%; el 45% de entre el 1% y el 2%; el 18% de entre el 2,01% y el 3%; y solo el 7% ha firmado subidas salariales por encima del 3%. Por lo tanto, solo los 513.793 trabajadores que se encuentran en este último paquete y dentro de este tercer gran colectivo no han perdido poder adquisitivo este año (asumiendo que esa alza se hubiera aplicado en enero). En consecuencia, el total de ocupados con incrementos inferiores al 3,1% es de 12 millones, que sumado al de pensionistas y funcionarios eleva la cifra final hasta los 24 millones de personas.

El impacto deflacionario que provocó la pandemia es ya un recuerdo lejano, y el alza de los precios se ha mantenido constante desde marzo. Los expertos, que siguen creyendo en la efervescencia del fenómeno alcista, empiezan a no ver claro el fin del burbujeo. “El fuerte ascenso de la inflación es un indicio de que estamos en una segunda fase del proceso inflacionista, que es la del traslado de los mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo”, justifica María Jesús Fernández, economista sénior en el Área de Coyuntura económica de Funcas y profesora de Economía española y financiera en la UNED. “Es difícil estimar la magnitud del traslado y cuanto tiempo puede prolongarse, lo que añade incertidumbre a cualquier previsión de inflación. En cualquier caso, muy probablemente esta se encontrará en niveles más altos de lo previsto en 2022″, añade.

Sus dudas son compartidas también por Conde-Ruiz. “No sabemos hacia dónde va este fenómeno alcista. Está claro que los trabajadores deberán recuperar su poder adquisitivo, pero no todo de golpe, porque eso convertiría la inflación que estamos experimentando en algo fijo”, añade el académico.

En plena recta final de la negociación de la reforma laboral los sindicatos UGT y CC OO se manifestaron frente a la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Madrid, y también en las ciudades de Valencia y Valladolid, para reclamar un aumento de los salarios. Al grito de “¡Pagad más!”, acuciaban a la patronal sentarse a renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), caduco desde 2020, y a implementar la hoja de ruta que en él se estableció: que el salario mínimo de convenio fuera de 1.000 euros. Por el momento, no se ha establecido ninguna fecha para que se celebre esa reunión.