Agricultura concluye la estrategia para atraer a España 48.000 millones de la PAC

El Gobierno ya tiene listo el plan estratégico que servirá para aplicar en España, a partir de 2023, la Política Agrícola Común (PAC), el mecanismo con el que la Unión Europea ha ayudado durante seis décadas a mantener las rentas agrarias en el territorio comunitario. La nueva PAC para el periodo 2023-2027 llegará con retraso (en teoría se debería haber puesto en marcha en 2021, pero la anterior se prorrogó dos años al complicarse las negociaciones) y con modificaciones sustanciales. Una de ellas es precisamente la obligación de que cada país presente a Bruselas una estrategia propia, que será revisada durante el primer semestre de 2022 y cumplirá necesariamente con las directrices generales pactadas por los Veintisiete y el Ejecutivo comunitario con el objetivo declarado de lograr una política agrícola “más justa y más verde”.

El documento que verá el Consejo de Ministros de este martes confirma los términos que se acordaron entre el Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y las organizaciones sectoriales en la negociación del plan. Será la base para el reparto de casi 7.000 millones al año. España debe recibir 47.724 millones de euros hasta 2027, contando con la prórroga de la anterior regulación en este 2021 y 2022. Es una cantidad similar a la de la PAC actual, que en el ministerio valoran como “una herramienta suficiente” para el sector. El grueso serán, como siempre, las ayudas directas. Estas se llevarán 4.800 millones anuales e incorporan una de las principales novedades del futuro marco agrario: los denominados ecorregímenes o ecoesquemas.

Casi una cuarta parte de las ayudas (un 23%, según el plan revisado por el Gobierno) se distribuirán con este esquema que busca favorecer las explotaciones agrícolas y ganaderas más sostenibles. Al margen de unas obligaciones mínimas (toda la PAC establece nuevos requisitos medioambientales y también sociales, ya que persigue mejorar la calidad del empleo en el sector), los ecorregímenes se concretan en una serie de prácticas a las que los productores pueden adherirse voluntariamente. Puede ser desde practicar ciertas rotaciones hasta introducir determinados elementos paisajísticos o llevar a cabo una ganadería extensiva.

“Se ha intentado que sean accesibles para todo el mundo, que todas las superficies de cultivo puedan acogerse a alguna práctica”, explica José Luis Miguel, coordinador técnico de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos). Pero también avisa de que “quienes no puedan acometerlas pierden ya esa parte de ayuda”. El sector teme, en definitiva, que los ecorregímenes acaben suponiendo un recorte. Incluso para aquellos que los acaben percibiendo, se plantean casi siempre como una compensación: las prácticas ecológicas que acarrean suponen en la mayoría de casos una rebaja de la producción o un incremento de los costes.

Ayuda a pequeños productores

El apoyo a la renta para todas las explotaciones, el mecanismo principal de distribución de las subvenciones de la PAC, se quedará desde ahora con el 60% de las ayudas directas. Diez de esos 60 puntos (es decir, un 10% sobre el total) son además solo para primeras hectáreas porque Bruselas obliga a establecer un mecanismo que compense a los pequeños productores y ayude a redistribuir la riqueza del sector. Pero también en el otro 50%, la denominada ayuda básica a la renta (a grandes rasgos, lo que hasta ahora se denominaba pago básico), hay novedades.

Cuando a un agricultor le correspondan más de 60.000 euros por ese concepto, la ayuda se irá reduciendo progresivamente. Y nunca se pagarán más de 100.000 euros a un perceptor (200.000 euros en total por explotación, una vez descontados costes salariales y otros beneficios). Es otra manera de favorecer a los pequeños y medianos productores, ya que estas ayudas se calculan a partir de la superficie de la explotación y en función de la región agronómica donde se encuentre. El reparto, argumentan en el Ministerio de Agricultura, busca “beneficiar a quien más lo necesita, que son las explotaciones profesionales y familiares que forman la gran clase media del sector”.

El número de regiones agronómicas se reduce, pasando de 50 a 20. Dentro de las mismas se irá produciendo una convergencia progresiva de las ayudas. La idea es que, tal como recomendó Europa ya en la anterior PAC, las subvenciones se simplifiquen y tiendan a igualarse. España es uno de los pocos países que tenía pendiente esta tarea, complicada por lo que en su día eran los derechos históricos, que han arrastrado grandes diferencias entre lo que perciben unos cultivos y otros. El Ministerio quiere que en 2027 todos los productores dentro de la misma región perciban lo mismo. Hasta entonces, los pagos a quienes y más y menos perciben se irán acortando año a año.

Condicionalidad social desde 2024

El plan preparado por España se completa con una reserva de 692 millones anuales para producciones en especial dificultad y reserva un 2% del total de ayudas directas (97 millones al año) para los agricultores y ganaderos jóvenes. Cuando la titular o cotitular de una explotación sea una mujer, se percibirá un 15% extra. La condicionalidad social, un sistema que penalizará restando ayudas a las explotaciones que incumplan en materia de legislación laboral, comenzará a funcionar en 2024, un año antes del límite establecido por Bruselas.

“Culmina un largo e intenso proceso de trabajo de más de tres años en estrecha colaboración con las comunidades autónomas y en constante diálogo con las organizaciones profesionales”, valoran con satisfacción en Agricultura, que deberá enviar el plan estratégico español a Bruselas antes de acabar el año para cumplir con el plazo que puso la Comisión Europea. En COAG coinciden en que sacar adelante la nueva PAC ha supuesto tres años con “un montón de trabajo en muchos aspectos”. El coordinador técnico de la organización recuerda que el monto total supone “un presupuesto congelado” en un contexto de fuerte inflación. En las últimas semanas, los sindicatos del campo han protagonizado movilizaciones para exigir respuestas ante el incremento de los costes de producción, presionados por la subida de precios de la energía, los combustibles y los fertilizantes.