Bruselas ya prepara una política agraria sin Reino Unido

Éste año que termina la Política Agraria Común ha cumplido los 55 años. Y, desde siempre, ha sido una de las mayores partidas comunitarias, aunque ha rebajado su importancia en el presupuesto europeo desde el 75% que fue antaño hasta el algo más del 40% que representa hoy. En el periodo de 2014 a 2020, los pagos directos de la PAC en toda la UE se sitúan en 298.000 millones de euros de los que 35.700 corresponden a España.

Aún así, es mucho dinero, dinero del que Bruselas quiere disponer para sus políticas de seguridad, inmigración o empleo. Es por eso que la Comisión Europea ya se ha puesto manos a la obra para una reforma con vistas al futuro, máxime ahora que las contribuciones de Reino Unido al fondo (que ascienden a 3.400 millones de euros anuales) están destinadas a secarse. El mantenimiento de los pagos directos para el sector agrario y una mayor distribución de los fondos entre explotaciones y los países constituyen dos de los puntos fundamentales sobre los que la Comisión pretende elaborar las políticas que vigorarán a partir de 2020. 

A un año de que se presenten las propuestas normativas para la nueva reforma, Bruselas pone especial interés en la necesidad de introducir cambios en la distribución de los fondos para que haya un mayor equilibrio en su reparto en beneficio de las explotaciones pequeñas y medianas; hoy en día, un 20% de las siete millones de explotaciones cobra el 80% de los fondos. 

Actualmente, cada país ya tiene la posibilidad de limitar las ayudas que puede recibir cada explotación en 150.000 euros; en el caso de España, el gobierno decidió aplicar a partir de esa cifra una reducción del 5%. En un documento previo, Bruselas planteaba la posibilidad de fijar un techo de entre los 60.000 y los 100.000 euros.Finalmente Bruselas ha optado por no hablar de techos y se limita a señalar un cambio en el reparto en beneficio de los pequeños.

Entre otras cuestiones, Bruselas apuesta por condicionar la recepción de fondos al respeto al medio ambiente; mayor inversión para nuevas tecnologías; impulsar el cambio de infraestructuras como vía para mejorar las rentas agrícolas; nuevos instrumentos financieros, nuevos mecanismos para la gestión de riesgos y, sobre todo, más apoyos para incorporar a los jóvenes al sector: solo un 6% de los agricultores europeos tiene menos de 35 años. Igualmente se quieren corregir progresivamente las diferencias de pagos entre explotaciones de los países del este (que ganan peso político con la salida de Reino Unido de la Unión) y de los viejos países miembros.

Bruselas señala como prioritarios para cobrar los fondos quienes tienen en la actividad agraria a su forma de vida, quienes viven de la agricultura. La Comisión no entra a definir la figura de agricultor activo como destinatario prioritario de las ayudas. Actualmente en España se considera activo a quien obtiene al menos un 20% de sus ingresos por la venta de sus productos. La Comunicación no aborda la cuestión de la cofinanciación de las ayudas por cada país, algo a lo que se oponía la propia Comisión en un borrador anterior; España rechaza la idea.

El mantenimiento de las ayudas directas era una de las prioridades de las asociaciones agrarias españolas (Asaja, UPA y COAG) y de las cooperativas agroalimentarias. Sin embargo, la falta de mecanismos para la regulación de los mercados como instrumentos de rentas y la ambigüedad acerca de la cofinanciación hacen que esta satisfacción del sector no sea más que discreta.