Agricultura y las comunidades seguirán negociando hasta otoño el reparto de fondos de la PAC

El ministro de Agricultura, Luis Planas, y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas no han logrado ningún punto de compromiso y solo han acordado en la reunión de este miércoles seguir negociando para la elaboración, antes de fin de año, de un Plan Estratégico donde ubicar los más de 47.000 millones de euros que recibirá España de la Política Agrícola Común (PAC) en el periodo de 2023 a 2027. Tal como se esperaba, la conferencia sectorial ha puesto en evidencia la existencia de importantes diferencias, tanto entre las comunidades como en relación con el documento elaborado por el Gobierno. En este contexto, no ha habido ningún acuerdo. Sin embargo la conferencia ha dado luz verde al documento de Agricultura, pero solo como base para seguir los debates. El ministerio también proseguirá las negociaciones con las organizaciones agrarias.

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Planas ha reconocido la existencia de importantes diferencias entre las posiciones de los diferentes gobiernos regionales dada la gran diversidad de la agricultura en cada territorio y ha alabado el espíritu de consenso de los consejeros. En esa línea, las negociaciones técnicas seguirán a partir de la próxima semana con la vista puesta en una nueva y definitiva conferencia sectorial en otoño, que debe servir para tener listo el plan y presentarlo a Bruselas antes de fin de año. El ministro también ha destacado en declaraciones a los medios, a la salida de la reunión, la necesidad de ir a una PAC con una distribución más justa, más social y sostenible donde habrá un mayor apoyo para los jóvenes y para las mujeres.

Tres de los ejes más importantes de los debates, a partir de la propuesta oficial, han sido los ecoesquemas o medidas complementarias medioambientales voluntarias que puede llevar a cabo el sector agrario para recibir más fondos, los procesos de convergencia de los pagos en una misma región para que un agricultor cobre lo mismo que otro por la misma actividad y cuál será el colectivo de solicitantes de ayuda prioritarios para cobrar las ayudas.

Reducir las regiones

Para los ecoesquemas se parte de la propuesta oficial de destinar el 25% de los fondos, un 23% procedente de los pagos directos y un 2% de las medidas medioambientales de los fondos de desarrollo rural. En la política de convergencia se negociará igualmente sobre la propuesta de rebajar las actuales regiones de pago de 50 a 20, frente a la posición de diferentes comunidades que reclaman una reducción superior. Agricultura contempla que la convergencia de ayudas en una misma región llegue al 85% en 2027, para situarse en el 100% en 2029 como paso previo a eliminar los actuales derechos de pago individuales históricos.

En cuanto a los pagos como ayudas directas ligadas a la producción, serán el 12,4% de los fondos, más el 1,95% solamente para los cultivos proteicos. Los destinatarios deberán estar afiliados al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrario o que una parte significativa de sus ingresos totales, al menos un 25%, procedan de la actividad agraria. Igualmente ante la diversidad de tipos de agricultura que hay en el país, también se considerarán profesionales quienes perciban ayudas iguales o inferiores a los 5.000 euros para apoyar a la agricultura a tiempo parcial.

La Ayuda Básica a la Renta, siempre según la propuesta base, tendrá el techo de 100.000 euros, con reducciones del 25% entre los 60.000 y los 75.000 euros; del 50% entre los 75.000 y los 90.000 euros; y del 85% entre los 90.000 y los 100.000 euros. Solo se pagarán ayudas iguales o superiores a los 300 euros. Para los jóvenes se destinarán el 3% de los pagos directos, más otras ayudas complementarias. La propuesta contempla el pago redistributivo y apoyo complementario a las primeras hectáreas de una explotación por un importe del 10% de los pagos directos. Si la beneficiaria es mujer ese importe se incrementa en un 5%.

En definitiva, se trata de una propuesta para seguir negociando con un calendario de aplicación del plan durante seis años, a partir de 2023, para que a partir de 2029 haya otra redistribución de los fondos. Esta pondría fin al actual reparto con base en los acuerdos de 2015, donde se fijaron unas condiciones que favorecieron fundamentalmente al sector en Andalucía.