División y enfrentamientos en el sector agrario por el reparto de las ayudas de la PAC

Consejeros de Agricultura de todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura tratarán de llegar a un acuerdo este miércoles sobre la elaboración del plan estratégico en el que se fijará la distribución de los más de 47.000 millones de euros dispuestos para el periodo de 2023 a 2027 en la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC). La reunión arranca en un clima de división entre las autonomías y de rechazo a la propuesta del ministerio en aspectos como los procesos de convergencia de ayudas, la regionalización, la política redistributiva, los ecoesquemas, la definición del agricultor profesional destinatario de los fondos o la eliminación de los derechos históricos individuales.

Consejeros autonómicos del ramo como el socialista Francisco Martínez Arroyo, de Castilla-La Mancha, o el independiente Joaquín Olona, de Aragón, coinciden en la necesidad de eliminar los actuales agravios territoriales y avanzar cuanto antes, no para el 2029, hacia una total convergencia en los pagos con la explotación familiar y los profesionales de la agricultura como los principales beneficiarios, así como con la eliminación de los actuales derechos individuales históricos. “No tiene ningún sentido”, señala Martín Arroyo, “que se sigan haciendo pagos por unos derechos históricos individuales basados en unas producciones que en muchos casos ya ni se cultivan. Se debe avanzar de una forma más rápida en la convergencia de ayudas y a una reducción más importante del número de regiones”.

La propuesta actual, a grandes rasgos, contempla que, de los fondos de los pagos directos (casi 5.000 millones al año), un 60% se destinen como pago de ayuda básica a la renta y un 12% como ayuda complementaria redistributiva. La propuesta oficial señala el destino de al menos el 3% de las ayudas directas tanto para apoyar el relevo generacional como para dar un mayor apoyo a la mujer vía los fondos del primer pilar o pagos directos por el segundo pilar o por desarrollo rural. La ayuda complementaria a la renta de los jóvenes será del 2% de esos fondos y un 25% para apoyo a los ecoesquemas o medidas medioambientales voluntarias que pueden adoptar los agricultores ganaderos más allá de las exigencias comunitarias. Los pagos como ayudas directas ligadas a la producción serán del 12,4%, más el 1,95% solo para los cultivos proteicos. El olivar se suma a las ayudas sectoriales donde ya se hallan otras producciones como el vino, con un 0,62% de los fondos, equivalente a 30 millones de euros.

En lo que afecta a los destinatarios de las ayudas, deberán ser agricultores activos, estar afiliados al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrario o que una parte significativa de sus ingresos totales, un 25%, procedan de la actividad agraria. También se considerarán profesionales quienes perciban ayudas iguales o inferiores a los 5.000 euros para apoyar a la agricultura a tiempo parcial. En este punto se excluyen, como ya sucede, a superficies de aeropuertos, terrenos inmobiliarios o instalaciones deportivas como campos de golf.

Techo de 100.000 euros

La ayuda básica a la renta tendrá el techo de 100.000 euros, aunque desde los 60.000 euros habrá reducciones: entre 60.000 y 74.999 euros se les reducirá un 25%; entre 75.000 y 89.999 euros el recorte será del 50%, y en el tramo entre 90.000 y 99.999 euros la reducción será del 85%. Además, solo se pagarán ayudas cuando la misma sea igual o superior a los 300 euros.

La ayuda básica a la renta se diferenciará por zonas con un modelo basado en 20 regiones frente a las 50 actuales sobre cuatro tipos de superficies: cultivos de secano, de regadío, cultivos permanentes y pastos permanentes. El objetivo es que en 2026 la convergencia en una misma región sea del 85% y a última hora se ha incorporado el objetivo de llegar al 100% en 2029.

La propuesta contempla el pago redistributivo y apoyo complementario a las primeras hectáreas de una explotación por un importe igual al 20% del importe de la ayuda básica asignada a esa región. Aunque si la beneficiaria es mujer se incrementa en un 5%. Se contempla igualmente una ayuda complementaria a los jóvenes consistente en el 100% del importe correspondiente al valor medio regional de la ayuda básica hasta un máximo de 90 hectáreas durante cinco años y un 10% más si se trata de una mujer.

En la propuesta presentada por el ministerio hace un año en la Conferencia Sectorial, apoyada por 11 comunidades autónomas, Agricultura planteaba llegar a la plena convergencia en 2025. Una vez alcanzado ese objetivo, el ministerio contemplaba eliminar los derechos históricos individuales para sustituir los mismos “por pagos por superficie menos complejos, burocráticos y especulativos para facilitar la movilidad de la tierra y particularmente para los más jóvenes”, algo que no figura en la propuesta actual.

En este cambio de posiciones, desde otras autonomías se ve la influencia de una parte importante del sector agrario andaluz, como ya sucediera en la aplicación de la reforma de 2014 basada en la continuidad de los pagos por los derechos históricos y una mínima convergencia en los derechos de pago que ha traído los actuales lodos.