El cambio climático dispara la siniestralidad en el sector agrario

Los fenómenos climatológicos extremos registrados desde el inicio de este año, como las fuertes heladas provocadas por la borrasca Filomena o los pedriscos generalizados en primavera, que las aseguradoras asocian al cambio climático, han disparado la siniestralidad en el sector agrario. Según los datos provisionales de las compañías integradas en Agroseguro, hasta junio la siniestralidad ya se eleva a la cifra récord de 800 millones de euros, frente los más de 600 millones de los años 2019 y 2020 y los 740 millones de 2018. El importe de las primas de riesgo en 2021 fue de 638 millones, lo que supone la necesidad de acudir a los fondos del Consorcio de Compensación. Esta situación de daños y primas se repite en ocho de los diez años de la última década.

2021 ha sido ya el año más negro en siniestralidad en el campo, incluso peor que los periodos de sequía. En enero, Filomena provocó fuertes heladas sobre casi 400.000 hectáreas en las producciones de frutas, cítricos, uva, hortalizas, almendra y en menor medida en el olivar, con una siniestralidad cifrada en 339 millones. En los meses siguientes continuaron las heladas en zonas de frutas y viñedos desde Castilla-La Mancha a La Rioja, el Duero y Galicia, a las que se añadieron los pedriscos tempranos. A 31 de mayo la siniestralidad ascendía ya a 711 millones, a los que se suman otros 72 millones por pedrisco solo en el mes de junio, todavía con parte de la cosecha en la mitad norte sin segar.

Según los datos de Agroseguro, el cambio climático ha tenido unos importantes efectos negativos sobre el campo en los últimos años. Fenómenos como los pedriscos se producen antes de lo que era habitual, incluso desde los meses de marzo y abril, tienen una mayor duración y han pasado de estar muy localizados a abarcar extensiones mucho más grandes, con una mayor virulencia y con efectos más dañinos. También ha aumentado la frecuencia de otros fenómenos como las gotas frías, cambios muy bruscos de temperaturas o que se puedan registrar a la vez fuertes heladas en el norte y centro de la Península y pedriscos en el levante o en el sur.

La sequía se mantiene como uno de los mayores riesgos y causas de la siniestralidad, con los daños más elevados. Los datos manejados por los técnicos consideran que en el pasado se trataba de un fenómeno que se solía registrar cada cinco años (2004-2005, 2011-2012), mientras que hoy tiende a repetirse cada dos, como sucedió en las campañas 2016-17 y 2018-19.

Junto a las ayudas por los pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC), que suponen más del 26% de los ingresos medios de una explotación, el seguro agrario es el único instrumento en manos del sector para asegurar la rentabilidad de su actividad, una vez casi desmontados por la UE parte de los mecanismos para la regulación de los mercados. De ahí la fidelidad del agricultor, que se refleja en dos datos: por un lado, casi se ha mantenido el nivel de contratación de las pólizas en los últimos años, pasando de unas 490.000 hace una década a las actuales 420.000 a pesar de las fuertes subidas de las primas por falta de subvenciones suficientes. Y por otro, entre 2016 y 2020 el capital asegurado pasó de menos de 13.000 millones a más de 15.000 millones sobre el valor de una producción final agraria de 31.000 millones de euros. La producción final ganadera es de otros 20.000 millones, pero en estos sectores los niveles de aseguramiento son bajos.

En los últimos años, las subvenciones para la contratación del seguro por parte del Ministerio de Agricultura se habían congelado en 211 millones de euros, además del recorte en los fondos de las comunidades autónomas. En la legislatura actual, esa cifra resultaba insuficiente para cubrir toda la demanda, lo que provocó un incremento de las primas. Agricultura reaccionó, aunque tarde, aportando créditos extraordinarios y, finalmente en este ejercicio elevó los fondos hasta 250 millones, recursos a los que se suman en cantidades muy dispares las autonomías.

De cara al futuro, las empresas aseguradoras reclaman un debate sobre este instrumento básico para garantizar la rentabilidad de las explotaciones, con más apoyos públicos y garantías. Desde el sector, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) exige modificaciones de mayor calado, y que el agricultor no sea quien pague los platos rotos del cambio climático. De entrada, considera que se deberían eliminar las penalizaciones en las primas cuando la siniestralidad en una explotación no responda a una mala práctica del agricultor, sino a los riesgos propios de una zona por factores externos.