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Una vez más, el campo tiene sed

Tras la catastrófica sequía de 2017, agricultores y ganaderos vuelven a sufrir este año la falta de lluvia, que amenaza el 40% de la cosecha de cereal

El agricultor Gregorio Garzón en uno de sus campos de trigo afectados por la sequía, en Madrigal de las Altas Torres.

Gregorio Garzón se desespera cuando ve el fruto de su trabajo de los últimos meses. “Esta es una tierra de lujo. En un año normal, coges una espiga de trigo como esta y te salen unos 25 granos. Pero mira. Aquí solo hay cinco”, dice mientras abre la palma de la mano que muestra el pobre resultado. El suelo está agrietado. Las espigas deberían ser mucho más altas. Y la cosecha, más tupida. Estamos a principios de julio y la temporada se ha echado a perder. Ya no hay nada que hacer. Garzón calcula que sus campos de secano tendrán unas pérdidas del 60%% respecto a los rendimientos de la temporada anterior. Las organizaciones agrarias y entidades aseguradoras reducen algo sus estimaciones: la falta de agua se llevará por delante un 40% de la temporada de cereal.

Estamos en Madrigal de las Altas Torres, un pueblo del norte de la provincia de Ávila cuyo merchandising publicitario destaca que aquí nació hace 568 años Isabel I de Castilla, más conocida como la Católica. Este lugar es lo que, quizás algo enfáticamente, los agricultores denominan “zona cero” de la sequía de este año. La asociación agraria Asaja calcula que la falta de lluvias supondrá para agricultores y ganaderos un coste superior a los 1.000 millones de euros, de los que en torno a 600 recaerán en Castilla y León. También están afectadas Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Andalucía. Parte de estas pérdidas se amortiguarán con las indemnizaciones del seguro agrario, que para los cereales rondarán los 100 millones de euros.

“La situación por ahora es de alerta. Si el próximo invierno también es seco, vamos a tener un problema muy grave”, asegura Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación. Este alto cargo del Gobierno se resiste a dar una estimación de daños. Cree que la sequía va a dejar una cosecha “mala”, pero que quedará por encima de la “catastrófica” de 2017, frente a un 2018 inusualmente bueno.

En los campos de Madrigal de las Altas Torres, muchos se preguntan si la falta de agua es un fenómeno pasajero o si deberían ir preparándose para unas nuevas —y peores— condiciones. “No sé si será el cambio climático o algo cíclico, pero es cada vez más habitual. Aquí parece que todos los años impares son malos. Menos 2015, que fue cuando me casé”, bromea Garzón. “Aunque prefiero pensar que el próximo año será bueno, porque de esta explotación viven cinco familias, y aquí me lo juego todo”, añade este agricultor de 40 años.

Los científicos parecen confirmar la observación de los hombres y mujeres del campo. Según las previsiones del Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) y del IPCC (el grupo de expertos que estudia el cambio climático para la ONU), los recursos hídricos de España se van a reducir entre un 24% y un 40% hasta 2100, como publicó este periódico en marzo.

Octubre y noviembre del año pasado fueron buenos. Pero en diciembre las precipitaciones empezaron a escasear. Y los siguientes meses fueron a peor. Desde entonces, las previsiones de cosecha no han hecho más que descender. Los más afectados en esta ocasión son la agricultura de secano —que en España ocupa unas seis millones de hectáreas, una superficie equivalente a la de Cataluña y Galicia sumadas— y la ganadería extensiva —a la que le perjudica la ausencia de pasto para los animales, que debe ser sustituido por pienso, así como los costes de acarrear agua—. “Aunque hay limitaciones en algunas zonas, por ahora no existen restricciones de carácter general. Por eso la agricultura de regadío no ha sufrido tanto”, explica el secretario general del Ministerio de Agricultura.

Por ahora, solo el campo pasa sed. Los embalses están a buen nivel y no hay peligro para el consumo. Pero todo dependerá del agua que caiga del cielo en los próximos meses. Como siempre ocurre, los agricultores y ganaderos funcionan como el canario de la mina para detectar los vaivenes climatólogicos.

El Gobierno reunió el jueves a los sectores afectados. Unos y otros salieron de la cita con visiones encontradas de lo que allí ocurrió. “Hubo muy buenas palabras, pero ninguna acción concreta. La disponibilidad del Gobierno al diálogo es total... siempre y cuando no cueste dinero”, criticaba nada más abandonar la reunión Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León. Este dirigente agrario reclama ayudas directas, préstamos a bajo interés y mejoras fiscales para los afectados.
Miranda replica que por ahora, antes de evaluar la gravedad de la situación, el Gobierno no puede hacer mucho más que solicitar a la Comisión Europea que adelante a octubre el pago de la mayor parte de las ayudas directas de la Política Agraria Común, que en conjunto suman 5.000 millones de euros.

En Maello, a 60 kilómetros al sur de la provincia de Ávila, la preocupación también es máxima. Carmelo Jiménez ha pasado toda la vida entre estos pastos. Al otro lado de la ladera, pasta un millar de ovejas de su propiedad. Su compañero Victoriano Garcimartín, de 70 años, recuerda la época en la que durante más de un mes no podían ver el suelo porque la nieve lo cubría todo. Ahora es raro el año que nieva. “Esta vida es muy esclava, pero si la comparas con la de hace años, es mucho más llevadera”, asegura. Jiménez echa la vista hacia sus ovejas. “En estas laderas hemos echado nuestra vida. Con el ganado. En estas laderas”, dice en voz baja, como hablando consigo mismo.

Un millón de hectáreas afectadas

De los seis millones de hectáreas dedicadas al cereal en España, la sequía afecta a un millón, una extensión similar a la de Navarra. Al problema del menor rendimiento se une que menos campesinos han suscrito seguros por el encarecimiento de las primas tras la sequía de 2017.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, estima que estará asegurada un tercio de la superficie cultivada con cereales. “El Ministerio va a tratar de que se agilice al máximo la peritación para que los pagos, de unos 100 millones, se empiecen a hacer ya en julio. Pero a medida que vamos encadenando procesos de sequía, las coberturas van bajando. Y las administraciones no pueden dar nunca ayudas por algo que podría haber sido asegurado”, concluye.

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