La letra pequeña de los Presupuestos: de la cuota de los autónomos a la financiación de los partidos

Las cuentas para 2022, que acaban de empezar su trámite parlamentario, prevén gastos e ingresos récord gracias a los fondos europeos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entrega a la presidenta del Congreso, Maritxell Batet, el proyecto de Presupuestos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entrega a la presidenta del Congreso, Maritxell Batet, el proyecto de Presupuestos.Luis Sevillano (EL PAÍS)

El proyecto de Presupuestos para 2022 acaba de empezar su tramitación parlamentaria. El Gobierno necesita ahora atar todos los apoyos políticos para que estas cuentas, en las que ingresos y gastos se disparan al calor de los fondos europeos, entren en vigor el próximo 1 de enero y ayuden a poner punto final al mazazo económico causado por la pandemia. Más allá de las partidas medulares que componen el proyecto, como la inversión en servicios públicos básicos o los ingresos por la recaudación tributaria, el articulado de la ley recoge elementos como el importe que se destina a la financiación de los partidos, las variaciones en la base de cotización de los trabajadores o la creación de nuevos organismos.

Bases de cotización de los autónomos. Los profesionales que trabajan por cuenta propia verán subir sus bases de cotización en 2022. La máxima queda fijada en 4.139,40 euros mensuales, un 1,7% más que este ejercicio; y la mínima crece en el mismo porcentaje, hasta los 960,60 euros, lo que se traduce en una cuota mensual de 293,76 euros frente a los 286 euros actuales.

Subida del IPREM. El indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) subirá un 2,5% en 2022, hasta los 19,30 euros diarios ―579,02 euros mensuales y 6.948,24 euros anuales―. Este indicador sirve de base para calcular el importe de distintas prestaciones públicas, como los subsidios por desempleo, y en los Presupuestos de 2021 ya había subido un 5%, tras haber permanecido congelado durante varios años.

Financiación de los partidos. Se destinarán 52,7 millones de euros a la financiación de las formaciones políticas, a los que hay que añadir 2,7 millones para gastos de seguridad. Esta partida se asigna en función de escaños y votos, y en términos globales es idéntica a la del año pasado.

Apoyo al pago a proveedores para los municipios morosos. El año que viene se destinará una partida a las entidades locales que no cumplen con el plazo máximo de pago a proveedores ―30 días―. La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, explicó el miércoles en la presentación de las cuentas en el Congreso de los Diputados que este mecanismo irá dirigido a unas 1.670 entidades locales y estará dotado con unos 2.000 millones. Los municipios que se acojan a este esquema tendrán que presentar un plan de ajuste.

Préstamos a la Seguridad Social. El proyecto de Presupuestos contempla la autorización de préstamos del Estado a la Seguridad Social por un importe de hasta 6.981 millones de euros a lo largo del próximo ejercicio, para “proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma”. Estos préstamos, detalla el texto, “no devengarán intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de diez años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su concesión”.

Sueldo de los alcaldes. El texto también marca la retribución máxima que podrán percibir los miembros de las corporaciones locales. Establece nueve baremos en función del número de habitantes del municipio, que van de los 44.673 euros para Ayuntamientos de entre 1.000 y 5.000 residentes hasta los 111.684 euros de los núcleos con más de medio millón de personas.

Interés legal del dinero e interés de demora. El tipo de interés legal del dinero se mantendrá en el 3% a lo largo del año que viene y el de demora seguirá en el 3,75%.

Comunidades forales e IMV. País Vasco y Navarra gestionarán el ingreso mínimo vital en sus territorios. Esta prestación se aprobó en mayo del año pasado, en plena pandemia, para ofrecer una red última de apoyo a las familias más vulnerables. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) fue designado como el organismo encargado de gestionarlo, salvo en el País Vasco y en Navarra, pero la transferencia de la competencia aún no se ha realizado.

Caminos naturales. Se declaran de interés general las obras de infraestructuras rurales dirigidas a la realización de caminos naturales. Se trata del camino natural del Santander-Mediterráneo, entre Cantabria y la Comunidad Valenciana; el de la Taula del Sénia (Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana); la Vía de la Plata en su prolongación hasta Asturias y el enlace del Camino Natural de Guadix-Almendricos y Málaga (Andalucía y Murcia).

Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional. Las cuentas de 2022 establecen la creación del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. Este organismo se adscribirá a “una o a varias universidades públicas” a través de convenio y tendrá su ubicación principal en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, aunque el texto especifica que podrá disponer de otras sedes. “Su finalidad es impartir a los miembros de la Policía Nacional la formación correspondiente a los estudios universitarios”, añade.

Agencia Estatal de Administración Digital. El proyecto de Presupuestos también dispone la creación de la Agencia Estatal de Administración Digital, encaminada a digitalizar el sector público, y otorga la autorización para crear el consorcio Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético, que contará con la participación del Ministerio de Ciencia y de la Junta de Extremadura, y que estará adscrito a la Administración General del Estado.

Planes de empleo. Extremadura, Andalucía y Canarias contarán con un plan de empleo financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y dotado con 15, 50 y 42 millones, respectivamente. El periodo de ejecución de los proyectos podrá extenderse hasta 2023, y estos se desarrollarán a través de un convenio entre el SEPE y cada una de las tres comunidades autónomas.

Nuevo epígrafe. Se crea un nuevo grupo en el impuesto sobre actividades económicas para los periodistas y otros profesionales de la información y la comunicación, un epígrafe que hasta ahora no estaba contemplado.

Sobre la firma

L. D. F.

Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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