Las cuentas de la Seguridad Social: transferencia récord del Estado para mantener su sostenibilidad

Un año más la Seguridad Social concentra una de las partidas principales de gasto dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. El departamento que dirige el ministro José Luis Escrivá desembolsará 181.081 millones de euros para la totalidad de sus operaciones, un 5% más que en 2021. En su asignación sobresale nuevamente la partida para las pensiones, de 171.165 millones, que en términos globales aumenta en 7.868 millones de euros (+4,8%) respecto al anterior reparto, según el proyecto presentado este miércoles en el Congreso.

La dotación para las pensiones contributivas ―aquellas que están supeditadas a un periodo mínimo de cotización― será de 149.996 millones, un 4,9% más que en el último ejercicio. Suponen ya casi el 40% del gasto social presupuestado. Dentro de este grupo, las de jubilación se llevarán 108.723 millones, el 72,5%; seguidas de las de viudedad (25.242 y 16,8%); incapacidad (13.547 y 9%), orfandad (2.063) y en favor de familiares (421). También crece el monto dedicado a las clases pasivas, esto es, al régimen particular del que disponen los funcionarios públicos, que asciende hasta los 17.911 millones (+5,2%).

El gasto en pensiones lleva años experimentando una senda de crecimiento ininterrumpida debido al aumento del número de pensionistas, al incremento de la esperanza de vida y a la revalorización de las prestaciones. Su actualización quedará vinculada a partir del próximo año a la variación del IPC medio anual, según recoge lo pactado en la última reforma. Para el próximo año se estima un alza superior al 2%, superando las previsiones iniciales del Gobierno del 0,9% después del aumento de este índice en los últimos meses por el despegue de la factura de la luz.

Para hacer frente a todos estos compromisos, los ingresos contemplados en los Presupuestos provenientes de la Seguridad Social se financian principalmente a través de las cotizaciones sociales. El Gobierno espera obtener 136.345 millones de euros por esta vía, el 75,3% del total y el 9% más que en las cuentas anteriores. Según se detalla en el proyecto, este aumento viene influido por la elevación de las bases máximas de cotización en un 1,7% y por la recuperación del PIB esperada para el año 2022. En este aspecto, sin embargo, existen diferencias entre las proyecciones del Gobierno, del 7%, y las recién publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la sitúan en el 6,4%.

La segunda mayor contribución a la dotación presupuestaria de la Seguridad Social proviene de las aportaciones del Estado, que para 2022 ascenderán a 36.276 millones de euros. Es un 16,4% más que en la anterior remesa (+5.099 millones), y la partida más elevada de la historia. Esta redimensión va en consonancia con el cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, que tiene como objeto garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo: en cumplimiento del pacto, serán 18.396 millones los destinados a ello, 4.467 más que en 2021.

Sostenibilidad del modelo

Las pensiones no contributivas y las mínimas subirán un 3% en 2022. Según el Ejecutivo, este incremento repercutirá sobre un colectivo de 445.000 beneficiarios. “El futuro de las pensiones está garantizado con la reforma que se está llevando a cabo en estos momentos y su consignación presupuestaria”, ha indicado este miércoles la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Junto a estos apuntes presupuestarios se colocan otros de dimensiones igualmente considerables. Ese es el caso de los 2.966 millones que se destinarán a sufragar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ―una prestación dirigida a aquellas personas en situación de vulnerabilidad que oscila entre los 461 y los 1.015 euros, y que está vinculado a las pensiones no contributivas―. La cuantía, sin embargo, es ligeramente inferior a la de 2021 (-0,7%) dado el menor número de perceptores esperado a medida que avanza la recuperación de la economía.

Otro de los colectivos más castigados por la pandemia y la consiguiente caída de la actividad ha sido el de los autónomos. Para promover su supervivencia, se diseñó una prestación ―que gestionan las mutualidades colaboradoras― y que para el ejercicio de 2022 tendrá una dotación de 75 millones de euros, algo menos que este año.