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“Hemos zanjado una enorme anomalía histórica, pero nos queda un largo trecho”

Luis Ayala, catedrático de Economía de la UNED y especialista en Estado del bienestar destaca que España no está a la altura de los países nórdicos en la lucha contra la pobreza, pero sí por encima de muchos vecinos

Ignacio Fariza
Luis Ayala.
Luis Ayala.

Luis Ayala (Madrid, 1966), catedrático de Economía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es uno de los mayores especialistas españoles en Estado de bienestar, movilidad social y rentas mínimas. Ve en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) un instrumento necesario aunque perfectible, que viene a finiquitar una “enorme anomalía histórica” y a cubrir “una necesidad urgente”. Pero a España, dice, aún le queda un “largo trecho” en el combate contra la pobreza y la vulnerabilidad.

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Pregunta. ¿Cómo valora estos primeros meses de vigencia del IMV?

Respuesta. Se está demostrando que era una necesidad que era urgente cubrir: con independencia de su gestión, lo que está claro es que en muy poco tiempo ha habido una demanda muy grande y eso nos dice que había una laguna importante en el sistema de garantía de ingresos. Era una enorme anomalía histórica en nuestro esquema de protección social.

P. ¿Llega tarde?

R. España llegó a esta crisis sin los deberes hechos, sin haber construido una red de protección social sólida y de verdad homologable con otros países europeos. Los sistemas que había hasta el momento, tanto los de la Administración central como, sobre todo, las rentas mínimas de las comunidades autónomas, eran insuficientes y estaban poco coordinados. Estaban muy fragmentados y poco articulados, con una protección muy distinta si entrabas a ellos por la vía del desempleo o de una pensión no contributiva, por ejemplo. Y las desigualdades entre comunidades autónomas eran grandes, algo inevitable porque habían surgido de manera completamente descentralizada.

P. ¿Ataja el nuevo esquema estatal esas desigualdades entre autonomías?

R. Lo que hace es, sobre todo, unificar una protección mínima o básica, que era lo que hasta ahora no teníamos. El problema no era que hubiese grandes diferencias entre comunidades, que seguirá habiéndolas, sino que algunas de ellas no llegaban a cubrir ese nivel de protección más básico. Y el ingreso mínimo vital sí que resuelve eso: había que asegurar esa cobertura mínima frente a la pobreza en todas las comunidades autónomas como una cuestión de derecho y de justicia. Eso se consigue con la renta mínima: que haya un mínimo cubierto para toda la población. Pero no podemos pensar que con el ingreso mínimo vital se ha dado el gran salto definitivo: aunque hemos tapado un hueco histórico, aún nos queda un largo trecho.

P. Muchos solicitantes están atrapados en un laberinto burocrático y siguen sin cobrar lo que les corresponde.

R. Uno de los riesgos era que la premura con la que se ha introducido esta prestación era que no estaban desarrolladas las redes de gestión de las prestaciones, como las oficinas administrativas. Lanzar un nuevo programa de la Seguridad Social obliga a tener una red muy amplia y no se tenía.

P. Algunos sectores políticos españoles siguen aún anclados en la crítica frontal a lo que tachan de “paguita”. ¿Ayudará la aprobación definitiva del IMV a dar un salto en la calidad del debate público en torno a esta cuestión?

R. Sí. En dos sentidos: el de la normalización, porque el ingreso mínimo vital no es algo excepcional en el entorno europeo, sino todo lo contrario: la anomalía era no tenerlo. Y en un segundo: la crítica que se hace a la paguita y a los desincentivos está muy poco sustentada con la información que tenemos. Tienen poco fundamento: son programas en los que hay un dinamismo mucho mayor del que recoge este estereotipo tradicional. La gente no permanece anclada a estos programas durante años y años.

P. ¿En qué posición queda España en la comparativa con otros vecinos europeos?

R. Respecto a lo que había, el promedio de las rentas mínimas autonómicas, supone una mejora en la cuantía que nos homologa con otros países. Pero en el contexto europeo tampoco se puede decir que sea un programa muy generoso. Donde es muy importante el salto es en la protección de las familias con niños: la cuantía para una persona es la de una pensión no contributiva, que está en la zona media de países europeos, pero con el aumento de la cuantía por cada hijo o miembro adicional nos situamos ya en el primer tercio de países europeos: no estamos a la altura de los nórdicos o los centroeuropeos, pero sí por encima de muchos países vecinos y del este.

P. Hay quien lo ve como el primer ladrillo en el edificio de la renta básica universal…

R. Son dos cosas muy distintas con un elemento en común: la garantía de un nivel mínimo de renta. Pero no son ideas excluyentes: ir cubriendo huecos en la protección social nos puede llevar a ir pensando en sistemas que sean, cada vez, de naturaleza más universal y menos condicionados. No hay una conexión inmediata, pero en la medida en la que hemos subido un primer peldaño, es posible que ese horizonte se pueda plantear en un futuro. Mientras, deberíamos es ir pensando en prestaciones universales en ámbitos concretos, como las que se dan por hijo. Tienen que estar en el debate político.

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Sobre la firma

Ignacio Fariza
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió Económicas y Periodismo en la Universidad Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.

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