El IMV: un primer paso hacia la igualdad de oportunidades

España está entre los países de Europa con mayores niveles de pobreza, desigualdad de ingresos y con menor capacidad redistributiva. Si bien a partir de 2014 se vislumbra una reactivación económica fuerte y sólida que crea alrededor de medio millón de empleos por año, queda un colectivo de más de un millón de personas cronificadas en el desempleo con enormes dificultades para volver al mercado laboral. De estas, siete de cada diez son personas mayores de 45 años, con niveles educativos bajos y que perdieron el empleo en la crisis.

La alta cronificación del desempleo es un mal singular de nuestra economía. Ningún país europeo de nuestro entorno tiene casi a la mitad del colectivo de personas desempleadas en situación de desempleo de larga duración. Y es precisamente este uno de los principales determinantes de esa mayor desigualdad de ingresos en comparación con nuestros socios europeos.

Otro de los problemas al que España se enfrenta es una escasa movilidad social. Esto quiere decir que para los hogares que viven en situación de pobreza, salir de ella tiene una enorme dificultad. Este hecho es, si cabe, más preocupante si se tiene en cuenta la evidencia que muestra cómo los niveles de pobreza se transmiten de unas generaciones a otras. En consecuencia, las oportunidades de los menores que viven hoy en hogares pobres son menores a las del resto, lo que confronta directamente contra la igualdad de oportunidades.

Es en este contexto de creciente desigualdad de ingresos y de oportunidades en el que nace el ingreso mínimo vital (IMV), como una medida necesaria para paliar la pobreza de los hogares más vulnerables. Y decimos paliar porque la medida aprobada en ningún caso consigue que los hogares perceptores salgan de los umbrales de riesgo de pobreza. Según la terminología estándar internacional de pobreza, un hogar se encuentra en riesgo de pobreza si recibe menos del 60% del ingreso mediano de su sociedad. El IMV permite a los hogares perceptores alcanzar entre el 30% y el 40% del ingreso mediano de nuestro país, dependiendo de la tipología y tamaño del hogar. El papel del IMV es actuar como suelo protector de la pobreza extrema sobre el que luego cada comunidad autónoma debiera actuar, complementándolo según sus necesidades y posibilidades.

El diseño básico de esta herramienta actúa como complemento subsidiario de los ingresos totales del hogar hasta alcanzar el umbral fijado. Es, por tanto, compatible con un empleo, siempre que los ingresos laborales no sean suficientes para salir de los umbrales de pobreza definidos por el IMV. Además, las personas perceptoras deben estar vincu­ladas a los Servicios Públicos de Empleo regionales con el objetivo de facilitar su inserción laboral. Por último, esta prestación se recibe mientras dure la situación de pobreza. Hasta aquí el diseño básico del IMV.

Dos elementos complementarios

Sin embargo, para que el fin de esta ayuda vaya más allá de paliar la pobreza y sea también una herramienta útil como palanca para la inserción laboral, es imprescindible que el diseño básico venga acompañado de dos elementos complementarios. Ambos existen en los países europeos y son determinantes para evitar que los perceptores caigan en la llamada “trampa de la pobreza”, que podría producirse si la percepción de la ayuda se des­vincula de la inserción laboral.

El primero de ellos son los denominados estímu­los al empleo. Estos premian a quienes encuentran un empleo haciendo que los ingresos totales sean mayores si se escoge la opción de trabajar que únicamente recibiendo la prestación. La evidencia confirma que el tipo de empleos a los que estos colectivos perceptores de IMV acceden son normalmente muy inestables. El miedo de quienes perciben la ayuda a perder la prestación y quedarse en el futuro sin empleo y sin prestación puede provocar reticencia a aceptar ofertas laborales precarias. Por esta razón, es aconsejable premiar el empleo con un aumento temporal y gradual de los ingresos, así como aportar seguridad en la cobertura de la prestación hasta que puedan emanciparse totalmente de la ayuda, por haber conseguido un empleo estable. Por lo tanto, un diseño adecuado de los estímulos al empleo facilita la inserción laboral y, además, permite aflorar economía sumergida, lo cual es sin duda beneficioso para toda la sociedad. El IMV tiene previsto incorporar este elemento, pero por ahora no se ha implementado, ni se conocen los detalles de su futuro diseño.

El segundo elemento que debe acompañar a un buen diseño de rentas mínimas, como es el IMV, es una adecuada activación para el empleo. En un primer momento, los Servicios Sociales debieran establecer qué personas deben acceder a esta activación, pues en muchos casos, el acceso a un empleo podría no ser un objetivo plausible en casos de extrema vulnerabilidad. Una vez exceptuados estos colectivos, las personas perceptoras de estas ayudas debieran recibir un acompañamiento continuo de las instituciones laborales para que la inserción laboral y la no dependencia de estas ayudas fuera una realidad más pronto que tarde. Este acompañamiento exige una orientación personalizada y un itinerario de capacitación, siempre con la mirada puesta en las posibles salidas laborales. La activación para el empleo en nuestro país está transferida a las comunidades autónomas y, en consecuencia, son los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) regionales los responsables del desarrollo de estas herramientas. En países de nuestro entorno, como Alemania, Francia y, por supuesto, los países nórdicos, esta forma de activación de las personas desempleadas es el elemento principal para acelerar la vuelta al empleo. Lamentablemente, debemos reconocer la falta de una estructura moderna y eficaz para la activación de las personas sin empleo en nuestro país y, en particular, de los grupos más vulnerables, como son las perceptoras de este tipo de ayudas. Esta es sin duda una tarea pendiente. Algunas propuestas en esta línea apuestan por un único portal de empleo, haciendo uso del big data, que sirva de apoyo al personal de los SEPE para orientar adecuadamente a las personas en desempleo y, en especial, a perceptores de IMV. Esta labor de los SEPE será también crucial para luchar contra los altos niveles de cronificación y, por tanto, de desigualdad mencionados al inicio.

En resumen, el IMV es un primer paso histórico y necesario para suavizar los niveles de pobreza en nuestro país, pero, para que además sirva como palanca para la inserción laboral, debe venir acompañado de medidas complementarias modernas y eficaces.

Sara de la Rica y Lucía Gorjón, directora e investigadora de la Fundación ISEAK.

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