Bruselas consagra el endurecimiento de sus políticas de migración al avalar los campos de deportación fuera de la UE

La Comisión Europea cristaliza su giro a la derecha al avalar la legalidad de los campos deportación de migrantes fuera de la Unión Europea. En otro paso más en su senda hacia una Europa blindada, con reglas migratorias mucho más estrictas y en pleno avance de la ultraderecha y el populismo antiinmigración, Bruselas establece en una nueva norma, presentada este martes por la Comisión Europea, la posibilidad de que los Estados miembros firmen convenios con países de fuera de la UE para enviar a centros allí instalados a migrantes que hayan visto rechazada su petición de asilo. Las organizaciones de derechos humanos y los partidos de centro y de izquierda han cargado contra la medida, que se incluye en una nueva regulación sobre deportaciones que pretende aumentar el número de expulsiones y que establece otras fórmulas, como sanciones más severas para quienes eludan la decisión de que esos migrantes deben salir de territorio europeo.

“Esta nueva propuesta intensifica la obsesión de la UE con las deportaciones, aplicando un enfoque discriminatorio y punitivo a cualquier persona en situación irregular”, asegura Silvia Carta, de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, en una nota. “No se contemplan medidas que puedan fomentar verdaderamente la inclusión social y la regularización. En cambio, es probable que haya más personas encerradas en centros de detención de inmigrantes en toda Europa, familias separadas y personas enviadas a países que ni siquiera conocen”, añade.

Solo el 20% de las personas que han recibido la orden de marcharse, tras denegarse su solicitud de refugio, abandonan la UE, según las estadísticas que ha presentado este martes el comisario de Interior, Marcos Brunner. La nueva regulación, adelantada por EL PAÍS, y que busca aumentar ese porcentaje de expulsiones, pavimenta la vía legal para el lanzamiento de estos controvertidos centros extracomunitarios, en la senda de los que ha lanzado la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, en Albania. Pero con una diferencia clave: en el caso europeo solo se podrá enviar a esos campos a quienes ya hayan visto rechazada su petición de asilo. En el caso italiano –que además no termina de funcionar porque ha chocado con la justicia europea, que hasta ahora ha paralizado las deportaciones— se envía a los migrantes a centros en Albania mientras dura la tramitación de su solicitud de protección.

Los acuerdos con países fuera de la UE para establecer esos campos, dice la nueva regulación, “deben establecer las modalidades de traslado, así como las condiciones para el período durante el cual el nacional de un tercer Estado permanece en el país, que puede ser a corto o largo plazo”, dice el texto legal elaborado por el Ejecutivo comunitario, que debe recibir ahora la aprobación del Consejo de la UE (los Estados miembros) y del Parlamento Europeo. La Comisión Europea revisará esos acuerdos con terceros países, según fuentes de Bruselas. Las familias y los menores no acompañados no podrán ser enviados a esos campos. Sin embargo, la normativa deja muchas rendijas aún abiertas, como si el plazo máximo de detención de 24 meses que imperará dentro de territorio comunitario (la nueva norma lo amplía) se extenderá también a esos centros.

Pese a las críticas y la controversia, con cada vez más Gobiernos ultraconservadores y con posiciones duras en inmigración y con una Eurocámara tan escorada a la derecha, la nueva regulación podría prosperar fácilmente si se apoya en la mayoría que puede formar el Partido Popular Europeo (PPE) con los partidos ultras. Una gran mayoría de Estados miembros había reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que diseñara el encaje legal para esos campos de deportación —que llaman “soluciones innovadoras”— que otros, y no solo Italia, aspiran a utilizar, pese a que puede resultar difícil hallar un Estado dispuesto a acogerlos. Bruselas habla, de momento, de pactos bilaterales entre Estados miembros y esos países de instalación, pero no cierra la puerta a firmar acuerdos a nivel europeo.

“Los centros de retorno en la UE hasta dos años o en países terceros que no son ni origen ni tránsito, no es ninguna ‘solución imaginativa’ de la que habló Ursula von der Leyen, y camina en contra del estándar de derechos humanos de la UE”, ha advertido el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. “[Para hacer una política de retornos efectiva] hace falta una arquitectura diplomática de acuerdos con países de origen y tránsito que les permitan retornar dignamente y que actualmente no existe”, ha advertido el legislador español.

“Si el PPE está dispuesto a tener un debate basado en hechos sobre los retornos podemos hablar, si siguen diciendo que solo quieren sacarlos [a los migrantes] y llevarlos a centros donde no tienen derechos y fuera de la UE, un acuerdo con nosotros será complicado”, ha remarcado Bas Eickhout, colíder de los Verdes.

La nueva regulación sobre deportaciones —muy reclamada por todos los Estados miembros y que sustituirá a una directiva de principios de los 2000— es, según la Comisión Europea, la pieza que falta para complementar el pacto migratorio, aprobado a principios de 2024 tras años de negociaciones y que entrará en vigor a mediados de 2026. Se trata de un conjunto de legislaciones mucho más restrictivas, que establecen un reparto solidario de solicitantes de asilo por cuotas entre los Estados miembros o, si lo rechazan, una contribución de 20.000 euros a la cesta común por cada refugiado rechazado.

El pacto establece cómo procesar las solicitudes de refugio, cómo registrar e identificar a los migrantes y cómo derivarles a la siguiente fase e iniciar o no el proceso de asilo, en función de su nacionalidad y de cuántas posibilidades tienen de recibir esa protección. También establece las condiciones de acogida e incluso incluye una opción de dejar al refugiado en el limbo y computar como que aún no ha entrado en la UE mientras se procesa su petición.

“El hecho de que cuatro de cada cinco personas a las que se les emitió una decisión de retorno terminen quedándose en la UE demuestra claramente que algo no está funcionando. Es inaceptable”, ha dicho el comisario Brunner. La nueva regulación incluye otros elementos para aumentar las posibilidades de deportación, como la creación de una especie de euroorden. En 2024, alrededor de un millón de personas solicitaron asilo en el espacio Schengen europeo; según datos de la Agencia Europea de Asilo, un 11% menos que el año anterior. Solo el 42% de las solicitudes fueron aceptadas.

Para terminar de completar el rompecabezas de una política migratoria cada vez más estricta, Bruselas prepara la revisión de qué es un tercer país seguro y estudia hacer una lista europea para homogeneizar las que ya tienen algunos países, como Italia. Esa revisión tiene como objetivo reducir el número de países de los que acoger refugiados (porque solo se tramita el asilo si llegan de un país considerado no seguro) y ampliar el abanico de Estados a los que se puede deportar a los migrantes: la opción no es solo enviarles a un campo de deportación sino a un país con el que tenga algún de conexión, aunque no sea el suyo, siempre que se considere un país seguro.