La dura pelea que esconde la subida del salario mínimo

El precio de la luz está en niveles históricos. Tras cinco meses consecutivos de subidas, el IPC de agosto promete seguir su escalada por encima del 2,9% del mes anterior. La cesta de la compra de ocho alimentos básicos para un adulto supera los 101 euros al mes, un 4,6% más que en 2020, según un estudio de Picodi. Por si todo esto fuera poco, los menores de 30 años deben dedicar una media del 60% de sus ingresos para el alquiler de su vivienda, según datos del Consejo de Juventud de España.

Todos estos picotazos en los bolsillos de las familias —que además afectan especialmente a las más vulnerables— justifican, según los sindicatos, una “importante” subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El Gobierno ha convocado el próximo miércoles a los agentes sociales para abordar esta alza, que podría rondar los 12 o 19 euros. La patronal, mientras tanto, considera que aún no es el momento de subir el SMI. Las espadas del diálogo social están en alto.

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Los defensores de impulsar el salario, que ahora es de 950 euros mensuales en 14 pagas, se aferran a los síntomas de recuperación que ofrece la economía. El Gobierno ha adelantado que el número de afiliaciones a la Seguridad Social superará en agosto los registros prepandémicos. Y según las previsiones del FMI, el PIB de España avanzará un 6,2% en 2021 y un 5,8% en 2022, un alza superior a las de Alemania y Francia. Pese a esta mejora, la reunión del 1 de septiembre con sindicatos y patronal para ejecutar en septiembre el alza del SMI, tras ocho meses congelado, ha vuelto a desenterrar los argumentos cruzados en un debate cuyo terreno de juego se extiende más allá de los números.

“Tiene que haber un salario mínimo digno. La subida tan importante de los últimos años no ha tenido efectos muy negativos en el empleo”, señala José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Pero subraya que en este debate a veces se olvidan asuntos importantes. “Que se haya beneficiado a mucha más gente de la que ha salido perjudicada no significa que sea una buena medida”, indica. En su opinión han pagado el pato los jóvenes, especialmente los menos formados. “El Gobierno debería preocuparse de diseñar un plan que acompañase esas subidas con programas específicos de empleabilidad para esta gente”, propone. “El debate económico va mucho más allá de subir o no el salario mínimo. Se podría plantear si merece la pena hacerlo por territorios. El coste de la vida en ciudades como Madrid o Barcelona no es el mismo que en otras”, completa. En una dirección parecida apuntó recientemente el gobernador del Banco de España. Pablo Hernández de Cos pidió “prudencia adicional” a la hora de decidir nuevas subidas. “Algunos de los colectivos potencialmente más afectados por esta medida han sido los más afectados por la crisis”, dijo en junio la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. El gobernador mencionó también expresamente a los jóvenes.

“No se justifica de ninguna forma que no haya una subida este año de la que se beneficien tres millones de personas, que son las que peor lo están pasando”, comenta Mariano Hoya, que representará a UGT en la reunión del miércoles. Hoya es muy crítico con el informe del Banco de España que estimaba una pérdida de 100.000 puestos de trabajo en 2019 como consecuencia directa del último aumento. “Afirmo con rotundidad no se ajustaba a la verdad, ya que basaba sus conclusiones en un escenario hipotético en el que estimaba cuánto empleo se hubiera creado si no se hubiera subido el SMI”, añade Hoya.

Dentro del Gobierno de coalición las tiranteces han estado presentes en un pulso que desde enero había ganado el ala socialista que encabezaba la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Al otro lado del cuadrilátero estaba la también vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En medio, el presidente, Pedro Sánchez, quien secundó la tesis de que un nuevo aumento requería la constatación de la mejoría económica y que esta semana parece haberse decantado definitivamente por la subida. “La recuperación no podrá ser total si no es una justa. Una recuperación que se traslade a los salarios”, dijo el jueves.

60% del salario medio en 2023

Asumido ya que habrá subida, el aspecto que enfrenta a sindicatos y Gobierno en los días previos al encuentro es la cantidad. En Moncloa se agarran al estudio elaborado por la comisión de expertos que convocó Trabajo y que determinó que, para situar el salario mínimo a la altura del 60% del salario medio durante la legislatura, ―tal y como establece la Carta Social Europea que suscribió España― este debería incrementarse entre 12 y 19 euros en 2021; entre 24 y 40 euros en 2022; y entre 25 y 40 euros en 2023. Los sindicatos consideran estas cifras insuficientes y un mero “maquillaje estético”.

“Durante la elaboración de ese informe tuvimos en cuenta las incertidumbres que existían en ese momento alrededor de la evolución de la economía en los siguientes meses, y afortunadamente esa niebla se ha despejado”, reconoce Carlos Martín, responsable del Gabinete Económico confederal de Comisiones Obreras, y miembro de esa comisión de expertos. “Las cantidades que se establecieron entonces fueron bastante moderadas, porque la suma de todas ellas no llega ni a 100 euros en tres años”, añade.

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Partidarios y detractores de la medida coinciden en algo: una nueva subida del SMI ―que se ha incrementado en 294,8 euros en el último lustro― no solucionará los problemas estructurales que arrastra el mercado de trabajo, entre los que destacan la alta temporalidad y la falta de oportunidades para los jóvenes.

“Esos temas los abordaremos en la próxima mesa de negociación, que el Gobierno ha bautizado como Modernización del mercado laboral, porque de repente, no quiere llamarle derogación de la reforma laboral”, indica Hoya. “Eso sí, como el miércoles no se acuerde una nueva subida nos plantearemos si acudir o no a las demás reuniones”, advierte el responsable de UGT. Fuentes de Trabajo aseguran que la hoja de ruta para ese encuentro no va más allá de escuchar los planteamientos de los agentes sociales. Aunque desde el banquillo sindical consideran que la reunión “da para lo que da”, y que debería resolverse, como máximo, en dos encuentros. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), reacia a un nuevo retoque, considera que la negociación trae de antemano un desenlace marcado, por lo que lo consideran un “diálogo social con comillas”.

El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, también aplaude el empujón del SMI. “Una subida del salario mínimo tiene un impacto espectacular”, reconoció su presidente, Antón Costas, en una entrevista el pasado mes de junio. “En particular por la mejora de la vida de los niños pequeños que viven en esos hogares”, añadía.