Mairead McGuinness, comisaria europea: “El anonimato de los usuarios de criptomonedas se ha acabado”

Bruselas quiere dar un salto adelante en la lucha contra la financiación del crimen organizado con un amplio paquete de medidas aprobado este martes que incluye la creación de una Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés). Tras cinco directivas desplegadas con desigual acierto en los socios de la UE, la Comisión Europea quiere fijar mediante una regulación normas homogéneas supervisadas por una agencia comunitaria. “Ya no vamos a estar en una situación en la que las reglas van a ser implementadas de forma diferente entre los países miembros”, sostiene la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness (Drogheda, Irlanda, 62 años) en una entrevista con cinco medios europeos, entre ellos EL PAÍS.

La autoridad europea es la pieza clave de las nuevas medidas para combatir el dinero sucio en la UE, como avanzó EL PAÍS este lunes. “Desde un punto de vista global, es una potente declaración de la Unión Europea. Expresa nuestra determinación a acabar con el blanqueo de capitales”, afirma McGuinness. “La propuesta es un gran paso adelante hacia una mayor regulación europea de esta actividad, que es demasiado grande e insana y tiene un impacto no solo económico, sino también social”, añade la comisaria, quien recuerda que detrás del lavado de capitales hay delitos como el tráfico de drogas o la prostitución infantil. “No debemos dejar que esos delincuentes acumulen su riqueza en nuestro sistema financiero”.

La lucha contra el blanqueo de capitales está entre las prioridades de la Comisión Europea después de que estallaran escándalos a lo largo y ancho del continente. El del danés Danske Bank fue la gota que colmó el vaso. Aun así, los países siguen arrastrando los pies a la hora de trasladar las normas europeas a sus legislaciones. Bruselas tuvo que abrir expediente a 23 socios por no transponer la quinta directiva o hacerlo con deficiencias; en 12 casos se vio obligada a poner en marcha posteriormente procedimientos de infracción y en cuatro, a emitir un dictamen motivado, que es el paso previo para ir al Tribunal de Justicia de la UE. “Vamos a ser muy claros con los países miembros: necesitamos la plena ejecución de cuanto ponemos en marcha”, apunta la comisaria. “La industria financiera nos cuenta que debe cumplir con diferentes reglas, dependiendo del país en el que operan. Eso no debe ser así. Queremos que haya armonización”, insiste.

La AMLA tendrá competencias para supervisar un grupo de compañías financieras transnacionales, pero también para poner orden en los esfuerzos de los Veintisiete en la lucha contra esos delitos. “La autoridad tendrá poderes para controlar las entidades financieras de mayor riesgo. Y no solo eso. También será responsable de coordinar el trabajo de las unidades de inteligencia financiera, lo cual permitirá establecer una coordinación entre países miembros”, explica McGuinness. La regulación de la agencia deberá ser pactada ahora entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Uno de los aspectos que deberán abordarse es el de la ubicación. Fráncfort y París parten como favoritas al albergar ya a supervisores, pero en la carrera también pueden apuntarse los países que quedaron fuera de la batalla por la Agencia Europea del Medicamento, como España. “La localización no es la prioridad. Para mí, lo importante es su función”, sostiene.

Límite de 10.000 euros para el efectivo

La comisaria todavía no ha hecho los cálculos de cuántas entidades estarán bajo el radar directo de la nueva autoridad. “Se decidirá de acuerdo con un enfoque basado en el riesgo. El número de entidades puede cambiar con el paso del tiempo, de modo que lo que entraña riesgo hoy tal vez no lo implica mañana”, razona. Según el paquete legislativo, el riesgo se evaluará dependiendo de tres criterios: la proporción de clientes extranjeros o que están políticamente expuestos, el intercambio de activos que han sido identificados como más susceptibles de ser objeto de esas prácticas ilícitas o el volumen de operaciones con terceros países que hayan demostrado tener carencias en esa materia. “No vale la pena dar un número de entidades supervisadas, pero claramente lo estarán aquellas que tienen actividad transnacional. Por lo que hemos visto, sabemos que es un área en la que hay problemas”, agrega. “No se trata de una agencia para hallar problemas, sino para evitarlos”, concluye la comisaria.

La Comisión Europea realizó un estudio en 2019 para identificar los ámbitos en los que se estaban produciendo esas actividades ilícitas, que suponen el 1% del PIB europeo, según Europol. Ese informe apuntaba al fútbol profesional, los llamados visados o pasaportes de oro, las casas de apuestas online y las criptomonedas. El paquete presentado por la Comisión trata de atajar algunos de esos ámbitos. Hay, por ejemplo, una pieza legislativa para poner coto a la opacidad con esas monedas digitales. “Aquellos involucrados en el espacio de las criptomonedas ahora se darán cuenta de que el anonimato se ha acabado”, señala con rotundidad. “Los proveedores de servicios tendrán que incluir la información completa sobre el remitente y el beneficiario de estas transferencias, de la misma manera que lo hacen actualmente para transacciones electrónicas”.

El otro ámbito que Bruselas quiere controlar es el del efectivo. Ahí, para no colisionar con las capitales, la Comisión ha fijado un tope máximo generoso, de 10.000 euros. España cumple sobradamente con ese umbral con la nueva ley antifraude, que redujo los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales y 2.500 entre particulares. No todos los países, no obstante, imponen límites. En concreto, 12 aún no lo hacen. “Me han explicado que el efectivo está presente en relaciones familiares. Por ejemplo, un nieto puede recibir dinero de su abuelo. No queremos interferir en las situaciones normales en las que el efectivo se da como regalo. Pero no somos ingenuos a la realidad de que el efectivo puede ser una entrada de dinero sucio”, remacha la comisaria.