El comercio carga en bloque contra la posible limitación del pago en efectivo a 1.000 euros

Varias patronales del sector del comercio (la de grandes superficies, pequeñas tiendas, comercios de electrodomésticos y de ropa), así como la del transporte del dinero Aproser se han mostrado este jueves contrarias a una eventual limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo, una medida que se discute en el Congreso tras la presentación por el Gobierno de su proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal. Las patronales afirman que esa limitación supondría un obstáculo para la recuperación del comercio, muy afectado por la pandemia, puesto que los pagos electrónicos conllevan comisiones que no ayudan a impulsar la demanda, muy deprimida por la crisis sanitaria y económica.

En una nota conjunta, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Confederación Española de Comercio (pequeñas tiendas), la Asociación del Comercio Textil y Complementos (Acotex) y la Federación de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), así como Aproser, de servicios de seguridad, en particular de transporte de dinero en efectivo, señalan que “en un momento de gran incertidumbre para la economía y desplome de la demanda, no parece razonable establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta”. Consideran que los cargos que soportan los consumidores por tener una tarjeta así como las comisiones por venta electrónica que soportan los comercios pueden suponer barreras a la recuperación del comercio tras la pandemia y señalan que cualquier regulación debe “adecuarse lo máximo” a la realidad de la distribución en España, donde “una inmensa mayoría de los consumidores continúa haciendo sus compras en metálico”.

Afirman que comparten el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal, pero que un límite tan bajo “limita la libertad de elección” del consumidor y “prácticamente pone bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio”. Señalan que “convendría actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida, que son reconocibles, en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad”.

La limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros forma parte del proyecto de ley contra el fraude fiscal que el Gobierno aprobó en octubre y que se está tramitando en el Congreso y con la que se prevé recaudar 828 millones al año (una cuarta parte por la limitación al efectivo). En realidad, el proyecto limita a 1.000 euros el pago en “operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional”, salvo en el caso de que el pagador sea un particular, caso en el que el límite se mantiene en los actuales 2.500 euros. No obstante, según denuncian las patronales, algunas enmiendas piden introducir ese limite también a los pagos realizados por particulares y esta es la posibilidad que suscita la “preocupación” de las patronales comerciales. La norma prevé sanciones que pueden alcanzar hasta el 25% de la transacción.

Las organizaciones apoyan su reclamación en un dictamen del BCE de 2019 en el que calificó de “desproporcionada” la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros. El supervisor europeo emitió el dictamen a raíz de un primer intento de regular el asunto en 2019, que se vio frustrado por el fracaso de los presupuestos y la consiguiente convocatoria de elecciones anticipadas. El dictamen —no vinculante— del BCE en aquella ocasión, firmado por Mario Draghi, afirmaba que “bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional es desproporcionada si se considera su posible repercusión adversa en el sistema de pagos en efectivo”. Como recuerdan las patronales, el BCE consideró que la medida “pone en peligro el concepto de curso legal” y tachaba de “excesivo” el régimen sancionador.

Recuerdan las patronales que el BCE destacó que el dinero en metálico sigue siendo muy importante para “ciertos sectores sociales”, que es un medio de pago rápido, ampliamente aceptado y que no necesita infraestructuras técnicas y queda por tanto al margen de averías electrónicas, y es el único medio de pago que “no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso”. Además, señalan que en Francia, donde se ha establecido ese límite, la lucha contra la economía sumergida no ha mejorado “de forma significativa”, mientras que otros países sin ese límite “como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos”.