Hacienda prevé ingresar 828 millones el próximo año con la nueva ley contra el fraude

El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a la nueva ley antifraude para limitar el uso de efectivo y controlar a las firmas tecnológicas. Esta norma ya se debatió en la legislatura pasada, pero no se concretó al convocarse elecciones. Entre los cambios que incluye destaca la limitación del pago en efectivo para operaciones económicas entre empresas, que pasará de 2.500 euros a 1.000 euros. El Ejecutivo prevé recaudar 828 millones al año con esta ley contra el fraude.

La nueva norma prohibirá por ley las amnistías tributarias y rebajará de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de deuda con Hacienda para aparecer en el listado de morosos que publica el ministerio de forma anual. Y refuerza asimismo el concepto de paraísos fiscales. “El proyecto de ley contiene cambios en diversas normas y figuras tributarias, tanto para incorporar el Derecho comunitario al ordenamiento interno como para implantar medidas que refuercen la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida”, explica el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

“No puede haber justicia social sin justicia fiscal”, ha señalado la ministra del ramo y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Para ello, la titular de Hacienda ha indicado que es imprescindible perseguir las prácticas irregulares. “Hay tolerancia cero contra cualquier práctica fraudulenta, más todavía en un momento de crisis como el actual en el que incumplir las obligaciones fiscales supone restar recursos al Estado de bienestar”, ha insistido.

Sobre el límite de los pagos entre empresas a 1.000 euros, Hacienda lo justifica porque estas operaciones en metálico facilitan comportamientos defraudatorios. Eso sí, la norma excluye los pagos realizados por particulares, que mantienen el tope en los 2.500 euros. En el caso de las operaciones en efectivo de particulares con domicilio fiscal fuera de España, se baja la limitación de 15.000 euros a 10.000 euros. “Son más difícilmente rastreables y pueden facilitar, por tanto, el fraude”, explica el ministerio.

La nueva norma también incluye la prohibición de amnistías fiscales y del software de doble uso, que permite a las empresas ocultar parte de su actividad, así como un mayor control de las criptodivisas que establecerá nuevas obligaciones de información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales. Según la ministra María Jesús Montero, la lucha contra el fraude logró recaudar 15.715 millones en 2019, un 4,1% más que un año antes.

Cambios en la lista de morosos

En cuanto a las amnistías fiscales, la prohibición afecta a “cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique la disminución de la cuantía de la deuda tributaria”, dice Hacienda en la nota. El Gobierno trata de impedir así que haya beneficios tributarios injustificados. “A partir de ahora los ciudadanos saben que el Estado no se rendirá ni buscará atajos en su lucha contra el fraude fiscal”, ha resaltado Montero.

Sobre la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, la ministra de Hacienda ha indicado que la Abogacía del Estado se pronunció sobre la imposibilidad de publicar los nombres de los contribuyentes que se acogieron a dicha amnistía. “Ojalá pudiéramos”, ha reconocido Montero.

La lista de grandes deudores que publica de forma anual el Ministerio de Hacienda es uno de los puntos afectados por la aprobación de este martes del Consejo de Ministros. En concreto, sufrirá algunos cambios para tratar de fomentar el ingreso de las deudas. El más importante, la reducción del umbral para la inclusión en el listado de morosos de un millón a 600.000 euros.

Además, con la nueva norma se incluirán en la lista a los responsables solidarios y no solo a los deudores principales. “Con ello se persigue que las implicaciones de aparecer en el listado alcancen en mayor medida a los verdaderos responsables de las deudas”, afirma el ministerio.

La ley antifraude actualiza y amplía también el concepto de paraíso fiscal que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas, término utilizado internacionalmente. “Se incluirán en la lista de paraísos, por ejemplo, los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real, o aquellos donde haya opacidad y falta de transparencia, o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información sobre el titular real de los bienes o derechos, o donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora solo se incluía el concepto de nula tributación)”, explica Hacienda en el comunicado. Con el cambio se habilita al Gobierno para actualizar la lista de paraísos fiscales, que deberá ser revisada periódicamente.