Evitar que 2050 sea una misión imposible

Por fin los científicos, con el apoyo de los jóvenes y otros grupos de acción por el clima han hecho mella en los políticos, quienes han tomado conciencia de que el cambio climático y sus inminentes consecuencias se derivan de la acción humana. El efecto dominó, al que han contribuido sin duda la ley europea sobre el clima y el fallo del tribunal constitucional alemán, parece haber concienciado a los poderosos. Hace tres semanas la reunión del G-7 concluyó con el bautizado como “consenso de Cornualles” que contiene una serie de recomendaciones políticas abordando cuatro puntos clave: salud, comercio, clima y digitalización.

La buena noticia es que los puntos se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la mala es la falta de propuestas concretas, lo cual afecta a la acción contra el cambio climático. En este sentido, los líderes asesorados por Nicholas Stern reconocen que el Acuerdo de París se queda corto y que una hoja de ruta más ambiciosa y efectiva es imprescindible para alcanzar el objetivo de neutralidad del carbono en 2050. Para lograr dicha neutralidad, el documento hace referencia a la necesidad de acelerar la innovación y generar incentivos claros en los mercados y plantea las siguientes cinco propuestas: crear un centro de investigación europeo centrado en la energía nuclear; desarrollar un marco común para las emisiones de bonos verdes; acelerar la acción para la transición verde mejorando los sistemas de estandarización; lanzar una propuesta multilateral para la descarbonización implicando a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que sea justa, ambiciosa y ampliamente consensuada; y finalmente, crear un mecanismo comercial que prevenga la fuga de carbono y que sea compatible con las reglas de la OMC.

La primera propuesta invita a la controversia, dado que varios países, incluyendo Alemania, se han despedido de las nucleares y, podría argumentarse que, dado que la tecnología en renovables está suficientemente avanzada, la generación de incentivos para su uso a una escala mayor debería fijarse como prioridad.

En cuanto a la segunda, los bonos verdes, estos están ganando fuelle en los mercados financieros y, por tanto, una definición y regulación estándar es imprescindible para que la denominación sea correcta. La tercera propuesta, acelerar las acciones para regular los estándares de los productos, será crucial para aumentar la transparencia, permitiendo que los consumidores identifiquen más fácilmente los productos sostenibles, es decir, que se produzcan respetando el medioambiente y pagando a los trabajadores salarios dignos.

La falta de concreción es más notoria si cabe, en las dos propuestas restantes. Aunque el punto cuarto —lograr la descarbonización— es crucial, el G-7 no propone ninguna hoja de ruta clara para alcanzarlo. Varios son los instrumentos de política ambiental disponibles, entre los cuales los mercados de derechos de emisiones y los impuestos al carbono han sido los más adoptados. El problema es que no hay un mercado global de emisiones y los pocos existentes no incluyen a todos los sectores productivos. En cuanto a los impuestos de carbono, al ser regresivos afectan más a las clases menos pudientes acentuando así los problemas de desigualdad económica y tendiendo a generar oposición en la población. Una propuesta que salvaría los escollos de desigualdad es la recientemente lanzada por el profesor de Chicago Raghuram Rajan, la cual consiste en diseñar un incentivo global para reducir las emisiones. El economista propone establecer un umbral global de emisiones per cápita, que sugiere sea la media mundial de cinco toneladas. Los países que emitan más deberían contribuir a un fondo global con un pago de 10 dólares por cada tonelada de más y por habitante, del cual serían beneficiarios los países menos contaminantes.

Finalmente, el mecanismo comercial para prevenir la fuga de carbono no es una panacea, de hecho, un ajuste fiscal en la frontera, propuesta que baraja la Unión Europea, dañaría las exportaciones de países menos avanzados y, como apunta Rajan puede servir de caballo de Troya para el proteccionismo y, sobre todo, no tiene en cuenta la justicia social. En resumen, para que alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 no se convierta en una misión imposible, propuestas solidarias como la del incentivo global deberían ser consideradas y evaluadas cuidadosamente. No sirve desecharlas por simplistas sin plantear alternativas. Si ha sido posible allanar el camino para fijar un impuesto global de sociedades del 15%, también deberá ser posible hacer algo similar contra el cambio climático.

Inmaculada Martínez-Zarzoso es profesora de las universidades de Göttingen y Jaume I.