El Estado logra rebajar la factura de los arbitrajes por las renovables en 4.600 millones

Ocho años después del recorte a las renovables aprobado por el Gobierno del PP, los fondos demandantes no han cobrado un solo euro con los arbitrajes. Así lo constata la Autoridad Fiscal en su último informe sobre el Plan de Estabilidad, donde advierte del posible riesgo para las cuentas públicas y cifra el montante total de reclamaciones en unos 10.000 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo defiende que no abonará casi ninguna indemnización acogiéndose a una sentencia europea. Refuerzan este punto dos hechos recientes: un pronunciamiento del abogado general de la UE y una cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Luxemburgo por la justicia sueca. Además, aunque todavía no sean laudos firmes, el Estado ha logrado ya bajar esa factura en unos 4.600 millones.

El Ministerio de Transición Ecológica ya ofreció en 2019 a los fondos una rentabilidad mayor, del 7,389% hasta 2031, a cambio de que desistieran de sus demandas contra el Reino de España. Se trataba de una retribución muy generosa, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte caída de los tipos de interés. Aun así, del medio centenar de reclamaciones presentadas solo se acogieron unos pocos.

Una de estas compañías es Masdar Solar de Abu Dhabi, que renunció a su indemnización fijada en un laudo por valor 80 millones. También han desistido algunas empresas del arbitraje de PV investors, que solo consiguieron una compensación de 91 millones frente a los 1.900 que demandaban. Y otras cuantas del laudo RREEF, que condenó al Estado español a 59 millones frente a los 441 que pedían. Los demandantes del laudo Stadtwerke, que habían tenido dictamen en contra y habían solicitado su anulación, anunciaron que concluían el procedimiento.

Sin embargo, el resto ha proseguido con sus pretensiones ante los organismos de arbitraje, la mayoría de ellos ante el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo por Diferencias Relativas a Inversiones. En total había unas 48 reclamaciones contra el recorte renovable por un importe de 9.951 millones, según cifras del Ministerio de Transición Ecológica. Los dos primeros arbitrajes tuvieron laudos favorables para el Gobierno de España. Pero la quincena de fallos que vinieron a continuación resultaron todos negativos para los intereses españoles, si bien se rebajaron sus aspiraciones en un 40% de media y posteriormente en un 60%-70%.

A partir de 2019 se empiezan a ganar demandas. La primera de ellas es la que pierde Stadtwerke. En total, el Reino de España acumula siete victorias arbitrales por valor de 1.242 millones de euros.

De los 9.950 millones reclamados en demandas, se han dado pronunciamientos sobre unos 5.500 millones, esto es: 26 asuntos. Y la Abogacía del Estado ha logrado de momento rebajar la factura en unos 4.582 millones, si bien todavía nada es firme porque se recurren las decisiones alargando los procesos. Respecto a los 1.000 millones restantes, España ha planteado la anulación, y hay unos 875 millones cuya ejecución ha sido por ahora paralizada en Estados Unidos y Australia. En Estados Unidos parece que se espera a que estas sentencias sean firmes, algo que aún puede tardar. En Australia se logró la anulación de uno de los laudos, el de Heiser porque se demostró que uno de los árbitros tenía conexiones por haber hecho trabajos periciales para el demandante, y se está pendiente del otro.

Así que cada vez se antoja más difícil que estos inversores cobren, al menos ni de lejos las cantidades que reclamaron. En España la justicia bendijo la reforma eléctrica de forma que no se podía recurrir. Por eso, Abengoa, protagonista de la segunda mayor reclamación, se fue a Luxemburgo en una argucia para poder demandar.

El ‘caso Achmea’

Y en Europa también se hace evidente que los inversores tendrán complicado hacer caja con sus demandas. El Gobierno se acoge a una sentencia del Tribunal de la UE conocida como Achmea. Esta niega la validez de un arbitraje por inversiones cuando los dos litigantes son europeos. Los arbitrajes no tienen jurisdicción en Europa porque no pueden plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE y, por lo tanto, pueden dar lugar a dictámenes muy dispares con la consiguiente inseguridad jurídica. Sin embargo, esta sentencia solo es estrictamente válida para casos bilaterales. Las demandas por el recorte a las renovables se basan en un acuerdo multilateral, la Carta de la Energía, firmada por los países de la OCDE.

Incluso así, esta sentencia está sirviendo en Europa para que no se puedan ejecutar los laudos. Y se espera que haya un nuevo dictamen que extienda la doctrina Achmea y la convierta en una sentencia del máximo tribunal europeo. En fechas recientes un abogado general de la UE se ha expresado en esta línea: Maciej Szpurnar dijo que a la luz del caso Achmea no cabían los arbitrajes de disputas intraeuropeas entre inversores y Estados bajo la Carta de la Energía, aunque también abría la puerta a la posibilidad de llevarlas a los tribunales nacionales. Y un tribunal sueco ha solicitado una cuestión prejudicial a la Corte de Luxemburgo sobre esta misma materia.

En definitiva, se espera que más tarde o más temprano haya jurisprudencia que respalde la tesis que defiende España. No se podrá decir al 100% que no se pagará, pero la posición del Estado español saldría muy reforzada. Algunos altos funcionarios consultados incluso sostienen que se acabaría pagando solo a los pocos que son de fuera de Europa y no han invertido a través de vehículos financieros europeos, normalmente radicados en Luxemburgo. Apenas un fondo japonés y otro de Abu Dhabi, que no suponen siquiera el 10% de las reclamaciones. Máxime cuando además cualquier intento de embargo fuera podría ser contrarrestado contraembargando en Europa, sugiere un ex alto cargo.

Sin embargo, abogados consultados sostienen que semejante artimaña sería muy difícil de llevar a cabo y creen que la disputa está todavía abierta. Además, afirman que si se confirmase la aplicación de la sentencia Achmea a la Carta de la Energía, entonces supondría un paso más para que no haya protección internacional de las inversiones entre los Estados miembros. Y esperan que el Tribunal de la UE no mantenga esa opinión.

El déficit de tarifa, origen del conflicto

Antes de la reforma del Gobierno del PP en 2013, cada proyecto energético de renovables iba casi según su propio contrato y condiciones. La fotovoltaica tenía una prima que en algunos casos alcanzaba 10 veces el precio de mercado y cuyo coste tendría que soportar el consumidor. Pero como eso habría supuesto una subida enorme del recibo de la luz, se subió solo una parte y con el resto se alimentó el llamado déficit de tarifa, que alcanzó los 5.000 millones al año, acumulando una deuda de unos 27.000 millones que se titulizaba con bonos del FADE, un fondo exclusivamente dedicado a ello.

Ante esta situación, en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy sustituyó el sistema de primas por una rentabilidad garantizada del bono a 10 años más tres puntos, lo que en aquel momento dio un 7,39% hasta final de 2019. Sin embargo, a aquellos que ya habían obtenido esa rentabilidad se les dejaba de compensar, y solo conseguían el precio al que lo vendieran en mercado. Algunos inversores que entraron más tarde comprando parques con deuda al precio de la burbuja fueron los que incurrieron en grandes pérdidas. Y de ahí vienen las reclamaciones.

Desde la reforma se han ahorrado esos 5.000 millones al año que se generaban de déficit, muy por encima de las cantidades reclamadas. Y la factura eléctrica ha ido amortizando la deuda de 27.000 millones en el FADE hasta dejarla en 16.000 millones. Pese a la fuerte caída de los tipos, en 2020 el Gobierno mantuvo la retribución a las renovables en un 7,09%, con la idea de que así podrá atraer más inversores para el proceso de descarbonización. El tipo del 7,39% que ofrece el ministerio para desistir de las demandas apenas es un poco más alto de lo que ya obtienen los inversores y, quizá por eso, no se han acogido a la oferta.