España vuelve a ser demandada ante el Ciadi por el recorte de las renovables

La sociedad danesa European Solar Farms presentó el 21 de diciembre la trigésimo segunda denuncia contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables que se realizaron durante Ejecutivo del anterior presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en julio de 2013. Según la información remitida al Ciadi, la sociedad, radicada en Dinamarca, cuenta con el asesoramiento jurídico del despacho de abogados King & Spalding. Se trata de la tercera demanda presentada ante el organismo en lo que va de año contra el Gobierno de España por los recortes en la retribución de las renovables. La anterior tuvo lugar el pasado mes de noviembre y fue presentada por la suiza EBL y la española Tubo Sol PE2.

De las más de 30 denuncias, el Ciadi ya falló en tres de ellas a favor del demandante, en los casos de Masdar, perteneciente a al fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros; Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses; y el fondo Antin, con el pago de una indemnización de 112 millones de euros.

No obstante, en los tres casos la ejecución de los laudos no se ha llevado a cabo, ya que se encuentran recurridos por el Gobierno español en procedimiento de anulación, en el caso de Eiser, o en periodo de solicitud de rectificación, en las demandas de Masdar y Antin.

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España ya ha sufrido dos reveses más en los arbitrajes internacionales. El pasado mes de noviembre la danesa Athena Investments comunicó que había ganado un laudo contra España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), que le favorecía con una indemnización de 11 millones de euros. Asimismo, el tribunal sueco también reconoció el pago de 53 millones de euros a la firma NovEnergia por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.

La resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que a finales del año pasado la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la UE era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló en marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE. Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros, según indicó el pasado agosto la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Entre todas las demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros.