Lo más urgente es eliminar el fraude

Todos tienen razones, ninguno la Razón. Ante el rediseño del modelo laboral español se entiende bien a las dos partes.

A la patronal, que se enroca en la reforma laboral de 2012, la de Fátima Báñez y Mariano Rajoy, pues le benefició. Produjo una drástica “devaluación salarial interna” que recompuso beneficios y mejoró la competitividad.

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Con efectos devastadores para la otra parte, sobre todo a los asociados a la temporalidad: los despedidos de 2008 “que fueron recontratados con otro contrato temporal sufrían una caída media en el salario del 32%” (Mejorar la reforma laboral, Lahera y Conde-Ruiz, Esade, marzo de 2021).

Por igual motivo, y a la inversa, a los sindicatos, que preconizan su derogación. Y también porque erosionó su papel al primar la aplicación del convenio de empresa sobre el de sector (donde son más fuertes); adelgazar su mediación al reducir la intervención administrativa; y al limitar la ultraactividad o prórroga de las condiciones del convenio una vez vencido, hasta su reemplazo.

Pero ha llovido mucho desde entonces. Sabemos que la permanencia de una reforma hecha en favor de una sola parte, sin compensación a la otra, peligra. Además, el paquete de Rajoy ya ha sido medio desmochado por la justicia, al mantener parte de la ultraactividad y desautorizar muchos despidos por causas pretendidamente objetivas. Y el Gobierno incluye en su programa tanto la revisión del pasado más “lesivo”, como orientaciones nuevas.

Lo ideal sería posponer los litigios más polémicos y divisivos hasta acordar las dos máximas urgencias de interés general (aunque quizá no lo parezcan a algunos actores) para la creación de puestos de trabajo, y de calidad. A saber, acabar con el fraude en la contratación temporal (dualidad) y refundar las políticas activas de empleo. Justo los grandes vacíos de la reforma de 2012.

Vamos hoy con el primero. La contratación temporal en España (21,9%, Eurostat) casi duplica la media europea (11,9% en 2019). Y una cuarta parte de los nuevos contratos es de duración risible: menos de cinco días en 2017.

En el sector público (el 29,9% del exceso), eso se debe al descontrol, sobre todo autonómico. El privado (el 23,2%) también carece de razones sólidas. Porque esos contratos no se usan solo para cubrir trabajos estacionales en los que el país está más especializado (turismo, construcción), sino que se abusa de su flexibilidad para aplicarlos en absolutamente todas las ramas de actividad (No repetir errores, Economistas Frente a la Crisis, 16/7/2017).

Así que la única explicación del desaguisado es el recurso fraudulento al contrato temporal como falso contrato fijo encadenado. Y es que es más barato. La indemnización media a su extinción es de 12 días/año trabajado, frente a 33 o 20 del fijo.

Con los efectos conocidos: más precariedad, más desplome del empleo en España durante las crisis, menos productividad, más pobreza, más déficit en las cotizaciones a la Seguridad Social...

De las buenas recetas para eliminar este fraude destacan tres:

1) Convertir el contrato indefinido “en el instrumento principal para la contratación” y reservar el temporal para las “causas suficientemente justificadas” (Directrices de la estrategia de desarrollo sostenible 2030, Ministerio de Derechos Sociales, marzo de 2021).

2) “Recuperar los 45 días salario/año de indemnización por despido improcedente en los contratos temporales fraudulentos”, lo que, al encarecerlos, incentivaría los fijos (Lahera/Conde-Ruiz).

3) La intensificación de las campañas de choque de la Inspección de Trabajo, que ya han regularizado como fijos (en 2018, 2019 y 2021) más de 181.000 contratos falsamente temporales.