España, en cabeza de Europa

Era necesario y urgente. El programa de 11.000 millones destinado a mejorar la solvencia de las empresas en dificultades viene a aumentar el flujo programado de subsidios o equivalentes, que han totalizado unos 40.000 millones de euros (en forma de ERTE). Reequilibra en parte la pata de las llamadas ayudas indirectas (porque no cargan directamente sobre el presupuesto, quizá en el futuro) de 120.000 millones en forma de avales y garantías sobre préstamos (los ICO). Y afianza el liderazgo europeo de España en el desembolso efectivo de ayudas a la economía real.

Su tamaño no es menor, aunque dista de los paquetes de esas ayudas arbitradas hasta ahora, y también de las peticiones, a veces magnificadas, de los sectores demandantes. Pero su mayor importancia seguramente es cualitativa. Lo interesante es que se han arbitrado tres mecanismos nuevos, tres fondos distintos, con sus reglas respectivas, cuya dotación será modulable. Probablemente acabarán revisándose al alza, lo que llevará al anticuario el pulso por la cuantía, entre el afán de autovisibilización de la vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias (que pedía “al menos” 8.000 millones de subsidios) y el de compensar las distintas necesidades de la de Asuntos Económicos, de Nadia Calviño (que estimaba unos 5.000) y que al final se ha acercado a lo salomónico (7.000 millones), aunque más cerca del vicepresidente segundo. Mientras que la concentración en turismo, hostelería y restauración, que este negaba (las ayudas “no se deben realizar por sectores”, proclamaba) se decantan por la vicepresidenta económica, de ahí el especial apoyo a Baleares y Canarias. En todo caso, las cifras finales dependerán de que estas iniciales deban revisarse en el futuro en función de la velocidad de la recuperación; y ésta, de la contención de la pandemia.

La clave de futuro es, pues, la gobernanza. El fondo de subsidios (mal llamado de ayudas directas, pues todas lo son para las empresas) se gestionará por las autonomías, como propugnaban Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (contra la idea del socio minoritario de que “este fondo no debe transferirse” a las comunidades), lo que lo hará más dúctil y capilar. Pero bajo condicionalidad y control de Hacienda. Ahí la pretensión es centrarse únicamente en salvar a las empresas “viables”, confirmó ayer la vicepresidenta. Y evitar así dilapidar dinero público manteniendo a las muertas vivientes. Es la obsesión de la mayoría gubernamental: invertir con filtros, en vez de gastar sin hormas. Una obsesión inspirada en el mandato de que las empresas carentes de viabilidad “emprendan cambios drásticos de su modelo de negocio o desaparezcan para evitar la creación de compañías zombis”, como propugna el informe del Grupo de los 30 redactado bajo presidencia de Mario Draghi (Reviving and restructuring the Corporate sector post-covid, diciembre 2020). El fondo de recapitalización pública de pymes (1.000 millones) las redime de una discriminación negativa por tamaño, pues solo operaba la de SEPI para las grandes empresas: y es un enorme reto para la mercantil pública Cofides y el Ministerio de Industria, ya que lo pequeño es hermoso pero más arduo de gestionar. Y el de reestructuración de deudas (3.000 millones) alcanza un equilibrio practicable entre el rigor en el dispendio público y la necesidad de no agravar las presiones sobre la banca, objetivos no fáciles de cohonestar que han defendido con elegancia Calviño y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Este paquete completa --insistamos, más por las políticas que por su estricto tamaño—lo desplegado hasta ahora. Al involucrar a diferentes administraciones y ámbitos (autonómicas y central; Economía, Hacienda e Industria; la banca privada, el ICO y otras sociedades públicas…) concurren distintos agentes, que debieran asegurar pluralidad y control de eficiencia. Veremos también si intensidad y velocidad suficientes en el otorgamiento de las ayudas. Que hasta ahora han sido muy superiores a la media europea, a nuestros principales vecinos y a todos los grandes países de la Unión.

El dramatismo de la crisis, la sonoridad de las reivindicaciones y algunos estudios crearon la opinión de que España ha sido el peor estado miembro a la hora de dispensar apoyo a las empresas y la economía real. Muchos ciudadanos se han quedado con esa copla. En ocasiones porque se ha impuesto la estúpida idea de que créditos, avales a préstamos y otras garantías son ayudas de ínfimo valor comparadas con la inyección de dinero cash incondicional. Falso: en el corto plazo de una crisis (digamos un año), una empresa en principio solvente prioriza la obtención de liquidez para sobrevivir, importa menos si prestada (como se ha enfatizado en España) o subsidiada, sin obligación de reembolso (como en Alemania).

Una confusión semántica agrava la percepción. El concepto de ayuda directa aplicado a las inyecciones de dinero solo tiene relevancia inmediata para el presupuesto público (pues la ayuda en subsidios sale de ahí), mientras que el flujo indirecto (préstamos) solo acabará perjudicándolo al transcurrir más tiempo, en caso de que el prestatario caiga en mora o quiebre. Pero para las empresas, en la trascendental primera fase --o sea, al menos 2020--, la modalidad en que se vehicule esa financiación es mucho menos determinante.

Además, hay que distinguir entre el anuncio y el desembolso. Algunas investigaciones contabilizaron solo las primeras ayudas programadas en los borradores de presupuestos, y no las realizadas o ejecutadas. Es lo que ocurrió con un estudio del BCE, que además enfatizaba la escasez de ayudas a fondo perdido en España en relación con la amplitud de las crediticias y la colocaba así en la peor posición (The initial fiscal policy responses of euro area countries, ECB, 21/1; y EL PAIS, 3/2). Trabajos posteriores destacaron en cambio que los compromisos crediticios de España “alcanzan el 9%” de su PIB, mientras que los de Alemania solo el 1% (Covid-19 credit support programmes, Bruegel, 24/2). O que “la más amplia respuesta fiscal se anunció en España con un esfuerzo global, en emergencia y recuperación, equivalente al 11,2% de su PIB”, por el 8,4% en Alemania” (Fiscals plans in Europe, Vox-EU, 19/2).

Así que sucede lo contrario de lo que se percibe. España figura entre los mejores, si no es el país que mayor esfuerzo público real (no solo anunciado), más intenso y más rápido, ha ultimado hasta ahora. Lo acredita la detallada carta de la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, al Parlamento Europeo (del 3/3; EL PAIS, 4/3), que contabiliza las ayudas no solo programadas, sino efectivamente ejecutadas (aunque excluyendo los ERTE españoles y las exenciones fiscales de otros países). El liderazgo español en la intensidad de apoyo a empresas y autónomos en 2020 resulta abrumador: sus ayudas globales reales supusieron el 7,3% del PIB, más del doble que en Alemania (3,02%) y que la media de los 27 (3,30%) y superiores a Francia (6,40%) e Italia (6,03%). Además de la intensidad, ante una crisis tan abrupta y voraz importa mucho la rapidez de las medidas que la contrarresten. También en eso España encabeza a la UE. Del anexo de esa carta se concluye que España ha ejecutado ya el 60% de los apoyos previstos, una velocidad superior en nueve veces a Alemania (6,5%), y también mayor que Italia (23%) y Francia (35%).

Claro que eso son cifras globales: no excluyen superiores necesidades, cuellos de botella y dramatismos en determinados sectores y en miles de casos individuales. Y no se repetirán este año, porque las mayores ayudas presupuestarias en otros países, de ejecución más lenta que las crediticias, cambiarán radicalmente la clasificación. Es justo eso lo que, en parte, aunque acotada, matizará el paquete aprobado este viernes.