La división en el Gobierno retrasa al viernes el decreto de las ayudas a empresas

El pulso entre la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y Unidas Podemos alcanza estos días un nuevo punto álgido a cuenta del plan de 11.000 millones en ayudas a empresas, claves para evitar una oleada de cierres ante el desplome de las ventas. La tensión entre ambos bloques ha provocado que se aplace a última hora de esta noche la aprobación del decreto sobre las ayudas que estaba previsto para este martes. Finalmente se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el próximo viernes, 12 de marzo, según confirman fuentes oficiales.

Economía ha elevado hasta unos 5.000 millones el montante de las transferencias no reembolsables; Podemos reclama una potencia de fuego superior, de al menos 8.000 millones y cambios en la gestión de los fondos. Calviño tiene un segundo foco de tensión con otros ministros socialistas a cuenta de la participación de las comunidades autónomas en la gestión del plan, según fuentes de La Moncloa. Las divisiones en el Ejecutivo acabaron retrasando ese decreto, que el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar este martes.

El rebote de la economía española a partir del segundo semestre, y sobre todo en 2022, promete ser potente tras el desplome de 2020. Pero hasta que el PIB arranque quedan cuatro meses, quizá seis, en los que pende de un hilo la supervivencia de decenas de miles de empresas, que han visto cómo sus ingresos desaparecen y sus deudas se disparan por obra y gracia de la crisis asociada a la covid. El presidente Pedro Sánchez anunció hace dos semanas un plan de ayudas de 11.000 millones (un punto de PIB) para evitar una oleada de suspensiones de pagos de la que el Banco de España lleva meses alertando. Pero nadie ha sido capaz de poner por ahora el cascabel a ese gato: las divisiones en el Gobierno provocaron el retraso de esas medidas, que el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar este martes. La Moncloa presiona con un eventual consejo extraordinario para presionar a Economía y Hacienda. La vicepresidenta Calviño se ha mostrado reticente a aprobar ayudas directas no reembolsables a las empresas, similares a las que tienen Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y hasta Portugal. Parte del Consejo de Ministros considera que España ya llega tarde. Calviño y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, siguen con un ojo puesto en el déficit y la deuda: son partidarias de acometer solo los estímulos imprescindibles.

Calviño tiene dos problemas en el seno del Consejo de Ministros, según las fuentes consultadas en cuatro de los ministerios involucrados en ese plan y en La Moncloa. Por un lado, la enésima trifulca con Podemos, que le afea que no ha negociado con transparencia. Y un segundo foco de tensión con otros ministros del área económica, que critican aspectos medulares de las medidas que en principio iban a ser adoptadas este martes en el Consejo de Ministros.

Podemos hizo pública este lunes una propuesta en la que considera que las ayudas no reembolsables a las empresas deben ser de al menos 8.000 millones. En ese documento, Podemos pone de relieve varias diferencias de calado en el diseño del esquema: está en contra de que sean las autonomías quienes gestionen ese fondo; quiere condicionar las ayudas a compromisos de mantenimiento del empleo, y no es partidario de focalizar los fondos en los sectores más afectados. Los ministros de Podemos no participaron del debate de la comisión delegada de asuntos económicos del viernes. Pero Nacho Álvarez, responsable económico del partido, sí se quejó el jueves, en una reunión en la que se presentó un esbozo del plan, de que Economía no ha sido transparente en la negociación, a sabiendas de que los 31 diputados de Podemos pueden ser imprescindibles para aprobar el decreto.

Un sector del Gobierno, más allá de Podemos, discute también el diseño de ese plan. Los 11.000 millones en total se vehicularán a través de tres fondos: un fondo de recapitalización de empresas medianas a través de Cofides de unos 1.000 millones; un segundo fondo de unos 5.000 millones para reestructurar deudas del ICO, y un tercero (de unos 5.000 millones, aunque ninguna de esas cifras está cerrada) con las ayudas directas, destinadas a las empresas con dificultades de pago a los proveedores. Ese último fondo es el nudo gordiano en el que se concentran los problemas.

Economía y Hacienda trabajaban a última hora del lunes en ese segundo foco de tensión para tratar de llevar el decreto al Consejo de Ministros de este martes, a la vista de que varios miembros del Ejecutivo consideran que España ya llega tarde, y de que el presidente Sánchez hizo un anuncio hace ya dos semanas del que prácticamente solo han trascendido disputas. No fue posible: fuentes de La Moncloa confirmaron que ese decreto se retrasará al menos unos días.

Las fuentes consultadas explican que las ayudas se condicionarán al pago de los gastos fijos —alquileres incluidos— y que se darán a firmas con caídas de ingresos superiores al 30%. Hasta ahí hay consenso. A partir de ahí, niebla: Economía y Hacienda son partidarias de focalizar las ayudas en los sectores más castigados, mientras Podemos prefiere vincularlas a mantener empleos. Calviño y Montero pretenden, además, que sean las autonomías quienes gestionen las ayudas, pero La Moncloa admite que ese punto es el más controvertido: hay empresas que operan en todo el territorio, problemas relativos a la unidad de mercado y dudas acerca de la gestión que han hecho las autonomías de las ayudas directas que han gestionado hasta ahora por unos 2.000 millones.