Podemos redobla su presión al PSOE sobre el alquiler al unirse a seis partidos para exigir la regulación

Siete grupos parlamentarios (Unidas Podemos, ERC, Junts, Bildu, Más País-Compromís, Nueva Canarias y BNG) han firmado este jueves en el Congreso su adhesión a la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada. Esta es una propuesta que lanzaron la semana pasada una veintena de organizaciones sociales (desde entidades del movimiento provivienda hasta los sindicatos mayoritarios) para exigir que la futura ley de vivienda regule los precios del alquiler en España y obligue a los grandes propietarios a destinar parte de sus propiedades a arrendamientos sociales. Representantes de los siete partidos han escenificado su apoyo a la iniciativa a las puertas del Congreso.

Entre los grupos que se adhieren figura el socio minoritario del Gobierno de coalición, que mantiene una fuerte pugna con el PSOE desde hace semanas por la ley de vivienda. Unidas Podemos propone limitar los alquileres y los socialistas se inclinan por incentivar fiscalmente a los propietarios que voluntariamente alquilen a precios asequibles. También firman la iniciativa fuerzas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez (Más País-Compromís, Nueva Canarias, BNG), otras que se abstuvieron pero luego han dado soporte parlamentario a algunas iniciativas del Gobierno (ERC, Bildu) e incluso Junts, que votó en contra de Sánchez pero, como fuerza de gobierno en Cataluña, apoyó la limitación de los alquileres en esa comunidad, medida recurrida ante los tribunales. Unidas Podemos pide que la normativa estatal apuntale la posibilidad de las comunidades de legislar sobre la cuestión para que el Tribunal Constitucional no la tumbe por invasión de competencias.

El manifiesto al que se han adherido las siete fuerzas parlamentarias se centra en los requisitos que debería cumplir la futura ley estatal de vivienda, cuyo proyecto el Gobierno se había comprometido a enviar ya al Congreso, lo que no ha sido posible por las disputas entre los dos socios sobre el borrador. En la mayoría de casos, las propuestas del manifiesto se alinean con las tesis que ha defendido Unidas Podemos en la discusión de la ley. Sobre la discusión principal que ha motivado el borrador de la norma, si limitar o no los precios de alquiler, las organizaciones sociales, y ahora las siete fuerzas parlamentarias que han firmado el manifiesto, piden una “regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio”. Aunque en sentido estricto no habla de poner límites o topes de renta, sino de una más genérica “regulación”, esa es la voluntad que han expresado en numerosas ocasiones las organizaciones que dan a apoyo a la propuesta.

Esta también pide detener los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada. El Gobierno legisló en diciembre sobre esta materia, pero vinculando la regulación al estado de alarma (es decir, hasta el próximo 9 de mayo). Unidas Podemos ya ha expresado en alguna ocasión su deseo de prorrogar más allá esa normativa y propuso en las negociaciones de la ley obligar a los grandes propietarios de vivienda destinar un 30% de sus inmuebles a alquileres sociales. El manifiesto también recoge esa propuesta y habla de “la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores”.

El resto de puntos de la propuesta consiste en enunciados más genéricos, como el de “garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo”. Habla también de ampliar el parque público de alquiler social hasta el 20% del conjunto de viviendas, un aspecto en el que hay amplio consenso, ya que España es de los países europeos con menos vivienda pública (se estima que la cifra ronda un 2,5% del total). El manifiesto pide igualmente una garantía de suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), de promover “una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias” o de ampliar la dotación de las políticas de vivienda hasta el 2% del presupuesto estatal.