Futura ley de vivienda: organizaciones sociales y sindicatos exigen la regulación de precios de los alquileres

Aguas agitadas en torno a la negociación de la futura ley de vivienda. El Gobierno decidió retomar este jueves las conversaciones entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (encabezado por el socialista José Luis Ábalos) y el Ministerio de Derechos Sociales (comandado por el vicepresidente segundo y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias). Pero fuentes de Unidas Podemos acusan al PSOE de no tener listo su texto ni responder a las propuestas que ha hecho la formación morada. A la vez, una veintena de entidades (desde organizaciones provivienda hasta los sindicatos mayoritarios) han impulsado un manifiesto que exige que la futura norma regule los precios del alquiler, aumente el parque social de viviendas y obligue a los grandes propietarios a aceptar alquileres sociales.

La Iniciativa por una ley que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada ha sido presentada este jueves como un “lobby social lo suficientemente potente como para conseguir que esta ley garantice el derecho de acceso a la vivienda”, según han indicado sus promotores, que preparan algunas movilizaciones en las calles. El manifiesto que han publicado denuncia los “42 años de absoluta vulneración” del derecho humano a una vivienda adecuada y pone el foco en la escasez de pisos sociales que tiene España a la vez que tiene 3,4 millones de inmuebles vacíos (según el censo del INE de 2011). Por ello exigen la inclusión en la ley de ocho medidas, entre las que hay enunciados genéricos y otros más concretos.

Entre estos últimos, destacan la petición de paralizar cualquier desahucio de personas vulnerables y la obligación de grandes propietarios de ofrecer arrendamientos sociales (algo que el Gobierno hizo el pasado diciembre con un decreto que solo se aplica durante la duración del estado de alarma y que ya provocó fricciones entre los dos socios del Ejecutivo), la ampliación del parque de vivienda social “como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en 20 años” (ahora mismo se estima que España tiene solo un 2,5%, de los porcentajes más bajos de Europa) o la “regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población”.

Entre las medidas también se incluye una garantía de suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones en todos los hogares; la garantía de “una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias”; y la ampliación presupuestaria de las partidas destinadas a vivienda social y políticas de vivienda hasta el 2% del PIB.

Los firmantes consideran que “existe una mayoría social y también parlamentaria que apoya estas medidas” y piden actuar “contra las presiones de los especuladores”. “Las abajo firmantes no estamos dispuestas a permitir que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre quienes dicten el texto de esta ley”, indica el manifiesto, promovido por un variado grupo de entidades. Entre los mismos hay organizaciones provivienda como la PAH o el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos (tradicionalmente próximos a los postulados de Unidas Podemos en la materia), pero también se encuentran los pesos pesados del movimiento sindical español (UGT, CC OO, CGT y Confederación Intersindical) y otro tipo de organizaciones y asociaciones del tercer sector. Suman también el apoyo de algunos movimientos vecinales, de pensionistas o las denominadas “mareas”.

Reproches en el Gobierno

La publicación del manifiesto ha coincidido con la reanudación de las negociaciones en el seno del Gobierno, aunque estas no están libres de tensiones. “Unidas Podemos lamenta que el PSOE continúa sin hacer una propuesta sobre la regulación del precio del alquiler a una semana de llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros”, han indicado fuentes del partido de Pablo Iglesias en unas declaraciones remitidas a los medios. La coalición, tras darse inicialmente un plazo que expiró en enero, ha reiterado que su intención era dejar listo el texto en el Consejo de Ministros este mes, lo que deja menos de una semana de margen.

Alcanzar un acuerdo en ese tiempo se antoja casi imposible ya que las citadas fuentes de Podemos indican que “el PSOE sigue sin propuesta en materia de desahucios, control de los precios del alquiler y grandes propietarios”. Se quejan, además de que “el equipo de Ábalos todavía no ha concretado por escrito cuál es su posición” sobre estos temas. El peso de las negociaciones está correspondiendo, por la parte de la Vicepresidencia Segunda, a la secretaria de Estado para la Agenda 2020, Ione Belarra; y, por la parte de Transportes, al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.

Las fuentes de Unidas Podemos acusan a sus socios de Gobierno de ser “muy próximo en sus planteamientos a Asval, dirigida por el exministro socialista Joan Clos, y al sector inmobiliario”. Asval es una asociación de arrendadores en la que participan, además de particulares, algunos de los mayores propietarios del mercado español como promotoras, socimis o empresas de gestión inmobiliaria de grandes fondos de inversión.

Tanto Asval como otros representantes del sector inmobiliario han mostrado en las últimas semanas su oposición a algunas propuestas anunciadas por Podemos, como la obligación a los grandes propietarios (una categoría que quieren aplicar a quien tenga más de cinco inmuebles) de ceder un 30% de sus casas para alquiler social. También del control de precios de alquileres, un punto que figuraba de manera genérica en el acuerdo de Gobierno. Fuentes del Ministerio de Transportes han señalado que ese departamento, sobre el que recaen las competencias estatales en Vivienda, “trabaja para impulsar una Ley de Vivienda que pretende ser representativa de toda la sociedad española, que nazca desde el acuerdo con todos los sectores sociales, que huya de sectarismos y piense en todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en los más vulnerables”.

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“El ministerio ha realizado una propuesta en la que se analizan aspectos tan importantes como el objeto y fines de la ley, la función social y el régimen jurídico de la vivienda, la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, el derecho a la vivienda y la ordenación territorial y urbanística, la conformación de los parques públicos de vivienda, el posibilitar viviendas dignas a precios asequibles, la colaboración entre administraciones, la soluciones habitacionales para las familias vulnerables, las medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento, la rehabilitación de viviendas, la colaboración público privada y la creación de fondos sociales de vivienda”, añaden las citadas fuentes, que aseguran que sus propuestas “pretenden conseguir soluciones reales a las necesidades habitacionales en España, ser garantistas con el Derecho a la Vivienda y alejarse de iniciativas que no resuelvan los problemas existentes”.