El desafío del coronavirus a la Unión Europea y sus tratados

La Fundación Alternativas es un think tank progresista, plural e independiente. Y hay que añadir: europeísta. Como muestra de ello está el Informe sobre el Estado de la Unión Europea que publica cada año Alternativas, desde comienzos de la década pasada, en colaboración con la Friedrich Ebert Stiftung. Entre las recomendaciones políticas que en esos informes se proponen siempre ha estado la de avanzar resueltamente hacia la Unión Política, a través de una reforma de los Tratados si fuese necesaria.

Cuando decimos Unión Política nos referimos a algo diferente a Unión Monetaria, Unión Económica, Unión Fiscal, Unión Bancaria, etc. Estas son estructuras sectoriales de coordinación entre países. La Unión Política es una forma de gobierno que reconstruye la dirección política a un nivel superior al de los Estados, al nivel europeo propiamente dicho. Se trata de evitar la fragmentación que, aún hoy, dificulta la adopción de decisiones dentro de la Unión Europea.

Esta posición ha sido siempre defendida por quienes han estado y estamos al frente del equipo de dirección de la Fundación Alternativas. Por ejemplo, por citar a uno de ellos, Pere Portabella, presidente de la Fundación, que ha enfocado desde el mundo de la cultura la visión de una Europa unida y solidaria. La Unión ha progresado políticamente desde que nació hace más de 60 años. Y lo ha hecho normalmente cuando ha tenido que enfrentarse a retos que desbordaban la estricta política nacional. Como sucede ahora ante la terrible pandemia del coronavirus, que se extiende ya a la mitad de la Humanidad.

Durante la reconstrucción de la postguerra, la Unión, que ya había plasmado en los tratados las cuatro libertades económicas (de trabajadores, servicios, mercancías y capitales), edificando un mercado interior único como legado de la época Delors, desarrolló la Política Agrícola Común en ayuda de un continente destrozado y hambriento. Ante la caída de la Unión Soviética, la reunificación de Alemania y la implosión de los países de la Europa del Este, la Unión aprobó el Tratado de Maastricht, lanzó la moneda única y aceptó la ampliación a diez países más.

Sin embargo, coincidiendo con la Gran Crisis financiera de 2008, se aprobó el Tratado de Lisboa, que, por esa razón, nació con rémoras importantes. No pudo evitar que la desastrosa política de austeridad metiese a la Unión, especialmente a los países del sur, en una enorme recesión, dando como resultado lo que he llamado ‘los cuatro jinetes del Apocalipsis’: desempleo/subempleo, desigualdad, pobreza y xenofobia.

Ahora, esta Europa debilitada en su logro más importante -junto a seis décadas de paz -, que es el Estado de Bienestar, se encuentra con otra enorme recesión, que puede convertirse en una depresión de proporciones históricas. Esta crítica coyuntura obliga a la Unión a liderar la respuesta a un desafío demasiado grande para que los Estados venzan al coronavirus, encerrados en sus fronteras internas ahora clausuradas por razones sanitarias.

Para ese necesario liderazgo, debemos acudir a los fundamentos de la Unión, que son sus Tratados: el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Es decir, la verdadera Constitución de Europa. En ella están las misiones que esta tiene, y las medidas para cumplirlas. El reto que nos presenta el nuevo e inesperado virus encaja en esas misiones y en esos instrumentos.

La misión de la Unión Europea se define con toda claridad en el artículo 3.1 del TUE, que dice: “la Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos”. En estos momentos, esa finalidad es obvia: la protección de la vida y la integridad física de las personas que habitan en el territorio de la Unión. Los medios para lograr ese fin -medios jurídicos, políticos, económicos- están regulados detalladamente en los Tratados, entre ellos, en los artículos 168 y 222 del TFUE.

La salud ha de ser patrimonio de los ciudadanos, de todos, vivan donde vivan y sean de la raza que sean

El largo artículo 168, sobre la Salud Pública, afirma en su apartado 1 que la Unión “garantizará un alto nivel de protección de la salud humana… contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas”. Y añade (art. 168.5): “El Parlamento Europeo y el Consejo… podrán adoptar también medidas de fomento destinadas a… luchar contra las pandemias transfronterizas”.

Por su parte, el artículo 222, Cláusula de Solidaridad, dice que la Unión y sus Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de una “catástrofe natural o de origen humano”. Hay, pues, razones constitucionales para que la Unión Europea se movilice, como tal, para dirigir las ayudas a sus países miembros, heridos tan profundamente por la pandemia Covid 19. No únicamente, por tanto, ayudas económicas -quizá las más urgentes ahora-, sino en el amplio campo de la sanidad, para lo que vemos que hay base legal y política.

Tenemos que dar una perspectiva europea -y más allá de nuestro continente- a todo lo relacionado con la salud, el bien más preciado. Esto debe implicar una nueva regulación supranacional sobre la fabricación de medicamentos y vacunas contra las enfermedades contagiosas. Y, por supuesto, una legislación sobre patentes farmacéuticas. Ya no pueden estar solo regidas por el beneficio privado y la libre fijación de precios, es decir, por la especulación económica sobre las medicinas decisivas para luchar contra las enfermedades más extendidas (cáncer entre ellas). Así, hay que apoyar que las patentes sobre vacunas (contra el coronavirus en primer lugar) y los precios no puedan ser administrados y negociados por empresas privadas sin intervención pública.

Es evidente que este cambio legal no podrá conseguirse sin que la Unión Europea adopte una posición diáfana al respecto. Porque son los pueblos -no sólo los Estados- los que lo necesitan. La salud ha de ser patrimonio de los ciudadanos, de todos, vivan donde vivan y sean de la raza que sean. No podemos dejar que el Covid-19 derrote a los tratados europeos. Y para conseguirlo, la Unión Política es de nuevo el horizonte que nos permitirá superar uno de esos momentos críticos, que, como nos enseña la historia, han impulsado a dar un salto cualitativo al proyecto europeo.

La ‘no Unión Política’ o, al menos, su no existencia formalizada y patente es un obstáculo para que la Unión Europea afronte los demás desafíos que sigue teniendo hoy: desde la recuperación del Estado del Bienestar al problema migratorio; desde la agenda digital al cambio climático; desde la evasión y los paraísos fiscales a la urgencia de la armonización de los impuestos directos y la creación de impuestos europeos. Esa es la reforma estructural que Europa necesita y que ha dilatado por demasiado tiempo. Esto ya lo escribía yo, como otros, hace un lustro. Lo que sucede en estos momentos en el proyecto europeo es que el tiempo de espera parece agotado.

* Diego López Garridoes vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas