El juez y la Fiscalía recriminaron al BBVA su falta de colaboración con la investigación

La Fiscalía Anticorrupción presentó en marzo de 2019 ante la Audiencia Nacional, dentro de la instrucción del caso Villarejo, un duro escrito en el que lamentaba el retraso y el formato con el que el BBVA remitía la información requerida, lo que dificultaba la investigación. Recriminaron al BBVA que facilitara datos sobre cuentas y movimientos de dinero de forma “limitada e incompleta”. El juez Manuel García-Castellón hizo suya la queja y constató en una providencia la “insuficiencia” de lo aportado por el banco. Los fiscales también le afearon esta actitud en la declaración del banco.

La relación entre el BBVA y los fiscales anticorrupción no ha sido una balsa de aceite. Sin embargo, fuentes de la entidad restan importancia a esta situación y recuerdan que se han aportado más de 8.300 ficheros, equivalentes a 100.000 folios. Además, se remiten al escrito del juez del 29 de julio, cuando imputó al BBVA, y dijo que la entidad había tenido “una colaboración activa”. “Y prueba de ello son los escritos y documentos que ha hecho entrega que están siendo objeto de estudio y análisis por este juzgado”, añadía ese auto.

El 12 de febrero de 2019 se hizo palpable el malestar de Anticorrupción con una petición para que el BBVA entregara toda la información que tuviera en sus archivos sobre las “cuentas, cuentas de valores y cajas de seguridad” en las que figurara como titular o autorizado Julio Corrochano, jefe de seguridad de la entidad que antes había ocupado puestos de responsabilidad como comisario en la Policía. También los que conservase de los contratos que el banco hubiera suscrito con sociedades del entramado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de una mafia policial.

Para entonces, las pesquisas sobre los vínculos entre el BBVA y Villarejo, que arrancaron con el espionaje al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, se habían extendido con el hallazgo de, al menos, otros tres encargos de la entidad para que el policía investigara a Luis del Rivero, presidente de Sacyr; al Grupo Prasa, y al constructor Fernando Martín, dueño de Martinsa y expresidente del Real Madrid. Anticorrupción reclamaba para avanzar en la investigación que el banco facilitara esos datos “en el plazo máximo de 72 horas”.

El BBVA cumplió solo en parte el requerimiento y el 15 de febrero entregó una parte de la documentación. Se justificó en “dificultades materiales”. 11 días más tarde hacía una segunda entrega y el 5 de marzo presentaba un escrito en el que anunciaba una “mayor demora” en la puesta a disposición judicial de otra parte de la documentación. Los representantes legales de la entidad aducían que la consultora PwC, contratada para una investigación interna por el despacho Garrigues, defensor del BBVA, analizaba parte de la información reclamada por el juzgado. Finalmente, entregó el resto el 11 de marzo.

Sin embargo, el primer análisis de la documentación remitida por el banco, lejos de satisfacer a la Fiscalía, provocó el malestar de esta, que lo reflejó en un escrito de siete páginas que entregó al día siguiente al juez. En él, Anticorrupción destaca que “en lo que se refiere a la identificación de las cuentas bancarias, datos sobre su contratación e intervinientes y registro de movimientos” no solo consideraba la información “limitada, sino incompleta, tanto en la forma en que se aporta [...] como en el contenido”.

“Pesada y oscura”

Criticaba que no apareciera ningún “documento expedido y firmado por la entidad” que detallase los datos de las cuentas de Corrochano, y que la información se limitase a una tabla Excel cuya “estructura y comprensión se hace pesada y oscura para quien no la haya elaborado”. Denunciaba también que la tabla solo enumera 72 cuentas sin aportar de la mayoría de ellas más información.

La Fiscalía protestó porque de las únicas 17 cuentas de las que se facilitaban los movimientos, estos aparecían de manera “incompleta y con estructura desordenada”. También que la información se había remitido en soporte digital, pero no el formato requerido, denominado Norma 43, que facilita el trabajo de los investigadores. Por todo ello, la Fiscalía solicitó el 19 de marzo pasado al juez que pidiese al banco “el cumplimiento completo del requerimiento” inicial del 12 de febrero con “una inmediata, completa y clara contestación”. Todo ello, “sin mayor dilación”.

En el interrogatorio al BBVA como persona jurídica, en diciembre pasado, los fiscales afearon al banco este mismo asunto. “Han aportado miles de documentos pero sin la fuente, por lo que es imposible conocer de dónde obtienen cada cosa”.

Ese mismo día, el juez dictaba una providencia en la que aceptaba la petición fiscal al constatar “la insuficiencia de la documental aportada por el BBVA”. El banco se justificó recordando la “ingente documentación” que debía revisar: “Aproximadamente 5.600 cajas con documentación en papel”.