La UE zanja la negociación de los presupuestos europeos para la recuperación de la economía europea
Polonia y Hungría amenazan ahora con hacer descarrilar el acuerdo que vincula la obtención de fondos con el respeto al Estado de derecho
La Unión Europea alcanzó este martes un acuerdo para el paquete financiero más ambicioso con el que jamás ha contado, que debe servir para reiniciar y modernizar la actividad económica. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE pactaron un paquete masivo de 1,8 billones de euros para los próximos siete años, que incluye el fondo de recuperación de 750.000 millones que los líderes europeos pactaron en julio. El texto, que supedita los fondos al respeto del Estado de derecho, queda ahora a expensas de la ratificación en los parlamentos nacionales. Polonia y Hungría, que han sido recientemente reprendidos de nuevo por Bruselas por su deriva autoritaria, ya han amenazado con vetarlo.
Las instituciones europeas lograron despejar por fin este martes el camino para unos presupuestos llamados a cimentar la reconstrucción económica de la UE. El acuerdo alcanzado entre la Eurocámara y la presidencia de la UE, en manos de Alemania, es fruto de unas negociaciones marcadas desde el primer minuto por la urgencia. Ni España ni Italia, los dos mayores perjudicados en la primera oleada, podían permitirse cualquier mínimo derrape que empantanara la llegada de los fondos europeos más allá del segundo semestre de 2021. El pacto no era fácil. La Eurocámara pedía más fondos para programas europeos de investigación y educación y poder privar de fondos a quienes violen el Estado de derecho, mientras que Berlín debía impedir que cualquier cesión ahuyentara a los halcones o a los países del este, con Hungría y Polonia a la cabeza.
Ambas partes pudieron resolver la semana pasada la cuestión del Estado de derecho, dotanto a la UE de un mecanismo para suspender los fondos comunitarios en caso de deriva autoritaria. Más compleja se antojaba la cuestión de los recursos. El Consejo Europeo decidió destinar 1,075 billones de euros a los presupuestos para el periodo de entre 2021 y 2017 y 750.000 millones más al fondo de recuperación, bautizado como Next Generation EU. Sin embargo, los líderes de la UE sacrificaron programas concretos de investigación, salud o educación para proteger el llamado Instrumento de Recuperación y Resiliencia, dotado con 672.500 millones de euros y pieza clave del plan.
La Eurocámara reclamaba 39.000 millones más para las cuentas comunitarias. Sin embargo, en el Consejo ni siquiera los países del sur eran partidarios de forzar una negociación si el precio era que estallara todo el paquete masivo de ayudas. Finalmente, ambas partes han acordado aumentar los recursos para el Marco Financiero Plurianual en 16.000 millones de euros, seis mil más de la oferta inicial del Consejo. El grueso de esa cantidad extra (11.000 millones) saldrá de lo que recaude Bruselas por las multas de Competencia y de reubicaciones de fondos. Se destinará sobre todo a programas de investigación, salud o educación.
El representante permanente de Alemania ante la UE, Michael Clauss, calificó el acuerdo de “equilibrado” y llamó a las capitales a evitar “nuevos obsáculos” que demoren su ratificación. “Europa se ha visto gravemente afectada por la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Necesitamos urgentemente que el fondo de recuperación esté en funcionamiento para amortiguar las nefastas consecuencias económicas de la pandemia”. También los negociadores parlamentarios se felicitaron por el acuerdo. “Allana el camino para el próximo marco financiero plurianual, así como para el fondo de recuperación", destacó el negociador del Partido Popular Europeo José Manuel Fernandes. “Es un logro histórico”, resaltó la jefa de filas de los socialdemócratas europeos, Iratxe García.
Nuevos impuestos
Las instituciones han acordado también un calendario para introducir nuevos impuestos que permitan pagar los vencimientos de la deuda. El 1 de enero entrará en vigor ya el impuesto sobre el plástico. A partir de ahí, la Comisión Europea deberá plantear propuestas legislativas en junio de 2021 para crear un tributo al carbono en frontera y una tasa Google, que deberían entrar en vigor en 2023, y se revisará el sistema de comercio de emisiones. Además, se explorará de nuevo la tasa a las transacciones financieras, aunque ya de cara a 2024.
El acuerdo supone prácticamente desatascar el fondo de recuperación en las instituciones europeas. El Parlamento Europeo y el Consejo negociarán ahora el reglamento de ese instrumento, para el que la Eurocámara pide rebajar las condiciones macroeconómicas y de reformas que planteaban las capitales. Posteriormente, todo el paquete será votado en el pleno del Parlamento. Sin embargo, no es ahí donde se aprecian las mayores dificultades.
El principal escollo puede estar ahora en Varsovia y Budapest. Ambas capitales han amenazado con vetar los presupuestos después de que la presidencia alemana acordara con el Parlamento reforzar el mecanismo sobre el Estado de derecho. Esos dos gobiernos tienen dos oportunidades para hacerlo: cuando los países tengan que aprobar las cuentas por unanimidad o cuando sus parlamentos deban respaldar la iniciativa que permitirá que Bruselas pueda emitir deuda para financiar los planes de reconstrucción. Sin embargo, esa decisión privaría a Polonia de recibir 23.060 millones de euros en subvenciones en tres años, la tercera mayor cantidad, solo por detrás de Italia (65.456 millones) y España (59.088 millones).
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