Fondos Europeos

La UE se dota de un mecanismo para suspender los fondos comunitarios en caso de deriva antidemocrática

Polonia y Hungría, que podrían ser objeto de este castigo financiero, maniobran para evitar que el Consejo lo avale, aunque Alemania cuenta con un amplio apoyo entre los socios

Ursula Von Der Leyen comparece en Bruselas, el pasado 29 de octubre.
Ursula Von Der Leyen comparece en Bruselas, el pasado 29 de octubre.OLIVIER HOSLET / POOL / EFE

Las instituciones de la UE han logrado este jueves pactar la creación de un mecanismo para suspender los fondos comunitarios a los países donde se violen o pongan en peligro las normas del Estado de derecho. Por primera vez en su historia, el club europeo dispondrá de un castigo financiero multimillonario para frenar las derivas antidemocráticas que ya han aparecido en varios de sus miembros, con Hungría y Polonia a la cabeza. El sistema entrará en vigor con el nuevo marco presupuestario, que entre 2021 y 2027 movilizará 1,8 billones de euros entre el presupuesto ordinario y los 750.000 millones del fondo de recuperación.

El acuerdo despeja, además, uno de los importantes obstáculos para la aprobación de los presupuestos y la puesta en marcha del fondo de recuperación. Las divergencias sobre el montante final de algunos programas continúa, pero la creación del mecanismo de protección del estado de derecho colma ya una de las demandas más importantes del Parlamento Europeo para aprobar los presupuestos.

Si la investigación sobre un socio concluye que los fondos están en riesgo, la Comisión podrá proponer la suspensión del desembolso, una decisión que deberá ser aprobada por mayoría cualificada en el Consejo. Ningún país, por tanto, dispondrá derecho de veto, aunque existirá un freno de emergencia para elevar el asunto al Consejo Europeo y someterlo a deliberación por parte de los jefes de Estado y de Gobierno. El Parlamento, sin embargo, ha logrado introducir una cláusula para garantizar que ese freno de emergencia no paraliza indefinidamente el proceso. Y el acuerdo incluye el compromiso de la Comisión para forzar la votación en el Consejo en caso de que se detecte alguna dilación filibustera.

El acuerdo amplía la definición del concepto de Estado de derecho para incluir asuntos como el pluralismo político, la libertad de prensa o el respeto a las libertades en general. Se fija, además, un calendario exigente para la tramitación del expediente que deberá resolverse entre cinco y nueve meses después de su apertura.

“Se trata de un gran avance”, valora la eurodiputada socialista Eider Gardiazabal, una de las negociadoras del acuerdo en nombre del Parlamento Europeo. “El mecanismo no solo castigará las violaciones del Estado de derecho sino que tendrá también un carácter preventivo porque se podrá activar cuando haya sospechas de que la situación de un país puede afectar a al gestión de los fondos”, añade Gardiazabal.

El negociador por parte de los populares, el eurodiputado Petri Sarvamaa, cree que el mecanismo “permitirá enderezar el rumbo de un barco que había empezado a tener una peligrosa deriva”. Sarvamaa apunta como señal de alerta “lo que ha pasado en EE UU durante los últimos cuatro años, con una polarización extrema que ha llegado hasta el nombramiento de los jueces. Nosotros queremos evitar que eso se repita en Europa”.

Gardiazabal insiste en que el mecanismo no apunta a ningún Estado en concreto y que se aplicará por igual a todos los socios comunitarios. Pero los candidatos más claros a acabar en la diana son algunos socios de Europa central, como Hungría o Polonia, sometidos desde hace años a un expediente, sobre la base del artículo 7 del Tratado europeo. Ese expediente permite suspender el derecho de voto de los países afectados en el Consejo de la UE, una bomba nuclear política que nunca ha llegado a activarse por falta de mayoría suficiente.

El nuevo mecanismo pretende solventar las carencias del artículo 7 e introducir un sistema de vigilancia preventiva mucho más expeditivo y contundente. Los fondos comunitarios resultan vitales para países como Hungría o Polonia, que entre 2014 y 2020 tenían asignados 25.000 millones y 86.000 millones, respectivamente. O más de 2.500 euros y 2.200 euros de media por habitante durante ese período.

El acuerdo alcanzado este jueves introduce un sistema nuevo en la gestión de los fondos que, en caso de sanción a un Estado miembro, permitirá a la Comisión establecer un canal directo con los beneficiarios finales para evitar que se vean perjudicados indebidamente. El sistema persigue evitar que algún Gobierno tome como “rehenes financieros” a los destinatarios de las ayudas para intentar paralizar el expediente o fomentar la reacción de la opinión pública contra la UE.

El texto pactado este jueves debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, pero cuenta con el apoyo de populares, socialistas, liberales y verdes, por lo que se espera una rápida tramitación. En el Consejo de la UE necesita el visto bueno por mayoría cualificada. Polonia y Hungría ya han indicado en las últimas semanas su rechazo del proyecto. Pero la presidencia alemana se muestra convencida de que cuenta con la mayoría cualificada necesaria para sacarlo adelante.

Las negociaciones partían de una propuesta de la Comisión Europea de 2018, que había quedado prácticamente estancada nada más plantearse. Pero la crisis económica desencadenada por la pandemia de covid-19 precipitó el histórico acuerdo de julio para crear un fondo de recuperación con deuda comunitaria. Y ese pacto impulsó también la creación de un mecanismo de control aunque, en aras del consenso, la presidencia alemana de la UE rebajó el proyecto inicial. El principal cambio fue establecer un vínculo muy estrecho entre el mecanismo y la gestión de fondos, para evitar que el castigo pudiera esgrimirse en caso de violaciones del Estado derecho que no tengan repercusión en el presupuesto comunitario. Y a ello se añade que la suspensión de los fondos requerirá el visto bueno por mayoría cualificada en el Consejo. La Comisión había propuesto la fórmula inversa, para que la suspensión entrara en vigor a menos que una mayoría cualificada del Consejo estuviera en contra. De ese modo, el país expedientado hubiera tenido más difícil encontrar aliados suficientes para frenar el expediente.

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