El bloqueo en la UE amenaza con atrasar los fondos a finales de 2021

Las instituciones europeas retoman a partir de este lunes las negociaciones presupuestarias del club comunitario, pero con muy pocas esperanzas de superar el bloqueo de la semana pasada. El choque frontal entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (representado por Alemania en su calidad de presidencia semestral) por asuntos como el mecanismo de vigilancia para cumplir el Estado de derecho en el club deja en aire la puesta en marcha del nuevo marco financiero de la UE (de 2021-2027) y el multimillonario Fondo de Recuperación que anhelan los países más golpeados por la covid-19, como España.

La negociación presupuestaria de mayor envergadura en la historia de la Unión se enfrenta a discrepancias que abarcan desde el montante total de las cuentas (que suman casi dos billones de euros) a las garantías de ejecución con arreglo a las normas del Estado de derecho. Bruselas todavía confía en superar los obstáculos. Pero la mayoría de las fuentes consideran que el acuerdo no se avistará antes de finales de octubre, lo que podría retrasar, como mínimo, la entrada en vigor de los nuevos presupuestos más allá del 1 de enero y la llegada del Fondo de Recuperación hacia finales de 2021.

La nueva ronda de negociación entre la presidencia alemana y el Parlamento Europeo, con mediación de la Comisión Europea, arrancará este lunes con el espinoso capítulo del mecanismo de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas del Estado de derecho. El miércoles, las tres partes retomarán el regateo sobre el volumen y reparto del Marco Financiero, abandonado entre recriminaciones mutuas la semana pasada. Y el jueves, el Parlamento Europeo hará recapitulación del atasco y sopesará el camino a seguir. Las capitales más afectadas por el posible retraso del Fondo, como Madrid y Roma, tiemblan y reclaman a los europarlamentarios un esfuerzo de flexibilidad. Pero el choque, de momento, mantiene en el aire todas las cuentas.

El Consejo, bajo el liderazgo de Alemania, ha rebajado drásticamente el alcance de ese proyecto en aras de superar el rechazo de países como Polonia y, sobre todo, Hungría. Berlín considera que la emergencia económica provocada por la pandemia de la covid-19 obliga a sacrificar el alcance de un mecanismo que el Gobierno de Angela Merkel había defendido con ahínco en el pasado.

Pero el Parlamento se niega a aceptar la propuesta del Consejo que, según una fuente parlamentaria, “se limita a establecer otro control de auditoría sobre el uso de los fondos sin ninguna vigilancia real sobre la calidad del Estado de derecho”. Esa valoración es compartida por los cuatro principales grupos de la Cámara (populares, socialistas, liberales y verdes), que han cerrado filas y se han comprometido a no poner en la agenda del pleno la aprobación del Marco Financiero Plurianual mientras no se llegue a un acuerdo en el mecanismo de vigilancia.

Esa decisión bloquea sine die la puesta en marcha del Marco Financiero, un obstáculo que de rebote frena políticamente el despegue del Fondo de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros y con una partida estimada de 140.000 millones de euros para España entre subsidios y préstamos. “Igual que no tenemos que elegir entre salud y economía, tampoco debemos elegir entre Estado de derecho y Fondo de Recuperación”, advierte la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, ponente en la tramitación de la joya de la corona del Fondo, el capítulo llamado Facilidad de Recuperación y Resiliencia, dotado con 672.500 millones, casi la mitad en subsidios a fondo perdido.

El fuego cruzado de amenazas y vetos es aún más complicado porque también alcanza a la llamada Decisión sobre recursos propios, la base legal imprescindible para ampliar el techo de gasto de la UE y permitir la emisión de deuda que financiará el Fondo de Recuperación. Fuentes al tanto de la negociación aseguran que algunos países amagan con retrasar la ratificación en sus parlamentos nacionales de esa decisión para obligar al Europarlamento a rebajar sus demandas sobre la vigilancia del Estado de derecho. Todos los dedos apuntan al Gobierno húngaro de Viktor Orbán como el más dispuesto a esgrimir la no ratificación como vía de sabotaje si el acuerdo final endurece el mecanismo de control.

Brecha financiera

El Parlamento exige que se amplíe el ámbito de aplicación del mecanismo, para poder cortar los fondos europeos no solo por mala gestión de los recursos, sino también por vulnerar los valores fundamentales de la UE. La Comisión Europea, firme partidaria del mecanismo, ya ha denegado este año subvenciones a seis Ayuntamientos de Polonia por haberse declarado zonas libres de gais y lesbianas. Un aviso para Polonia y Hungría, dos de los países más beneficiados por el presupuesto de la UE (con 86.000 millones y 25.000 millones de euros, respectivamente, en el período 2014-2020). “Hay argumentos de sobra para superar el obstáculo de Orbán”, apunta una fuente parlamentaria. “La presidencia alemana de la UE tiene que hacer su trabajo y lograr el consenso en el Consejo en lugar de achacar al Parlamento el bloqueo”.

Las dos instituciones, Parlamento y Consejo, se culpan mutuamente del traspiés del pasado jueves, cuando ambas partes se levantaron de la mesa en la séptima ronda de negociación tras apenas una hora de reunión. La exigencia de los europarlamentarios de elevar los techos de gasto de algunas partidas del Marco Financiero (de 1,074 billones de euros) se topó con la negativa en redondo de la presidencia alemana, que solo ofreció una ligera redistribución de recursos que ampliaría el margen en unos 9.000 millones.

Los europarlamentarios llegaron a la cita con una rebaja sustancial en sus demandas financieras. “De 40 programas que queríamos aumentar hemos bajado a 15 y del incremento total de 150.000 millones de euros a la posición de la Comisión [recortada en 23.300 millones]”, señalaba antes del fallido encuentro el eurodiputado del grupo ECR (ultraconservadores) Johan van Overveldt, jefe del equipo del Parlamento en la negociación del marco financiero.

Fuentes de la negociación apuntan que, a pesar del choque, esa brecha financiera es superable. Y también consideran posible alcanzar un acuerdo sobre otra de las grandes demandas del Parlamento: un calendario vinculante sobre la introducción de nuevos recursos propios para financiar el presupuesto, es decir, gravámenes diseñados específicamente para alimentar las arcas de la UE y, en este caso, para financiar la amortización del nuevo Fondo de recuperación.

Sobre la demanda del Parlamento Europeo de lograr nuevos recursos propios, de momento solo hay acuerdo para introducir una tasa sobre el consumo de plástico no reciclado, que se espera entre en vigor en 2021. Pero esa tasa solo reportaría unos 7.000 millones de euros al año y los ingresos disminuirán a medida que se reduzca el consumo de plástico. El Parlamento reclama que, además de esta tasa, se añada el próximo año una parte de la recaudación del mercado de emisiones de CO2. En 2023, una tasa a las importaciones procedentes de países que no cumplen la reducción de emisiones y una tasa a las grandes plataformas digitales. Y, más tarde, los impuestos más polémicos, relativos al sector financiero (en 2026) y a la armonización de la base imponible del impuesto de sociedades (en 2026).

″No tenemos mucho tiempo, pero si hay voluntad hay plazo suficiente para cerrar un buen acuerdo global", pronostica la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal. “El acuerdo sobre todos los puntos abiertos es posible y técnicamente sencillo. Solo hace falta voluntad política de negociación por parte del Consejo”, reconocen fuentes comunitarias involucradas en el regateo.