España presiona para rebajar las condiciones del fondo europeo de reconstrucción
La propuesta del Consejo Europeo mantiene el vínculo de la ayuda con las reformas y reglas fiscales
España apura hasta el último momento para tratar de relajar las condiciones del fondo de recuperación europeo y lograr que las ayudas lleguen antes a las capitales. El Gobierno pidió este martes a Alemania, que ejerce la presidencia de turno de la UE, que retirara del reglamento del nuevo fondo “la referencia a las recomendaciones fiscales y macroeconómicas”. Sin embargo, Berlín decidió ignorar esa demanda que también pusieron sobre la mesa Irlanda o Grecia, así como las peticiones de más mano dura de los halcones.
Los ministros de Finanzas de la UE dieron por cerrada la propuesta del reglamento sobre el llamado Instrumento de Recuperación y Resiliencia (RRF, por sus siglas en inglés). Se trata de la pieza clave de todo el paquete de reconstrucción, con un monto de 672.500 millones de euros, que financiará, entre otros, los planes que este miércoles presentará el presidente Pedro Sánchez.
La propuesta que debatieron los ministros de Finanzas y que el viernes deberán aprobar los embajadores, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, mantiene la posibilidad de suspender los desembolsos en caso de incumplir con las reglas fiscales —ahora suspendidas de facto— y la obligación de que los planes que manden las capitales incluyan una explicación de cómo se van a abordar las prioridades y retos relevantes identificados en el Semestre Europeo. “Incluyendo aspectos fiscales”, añade.
El secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, intervino en dos ocasiones en el debate de los ministros. En la primera, se congratuló de “estar cerca” de un acuerdo, pero pidió mejoras. La primera, reducir el periodo de ocho semanas que tiene Bruselas para evaluar los planes. Y la segunda, replantear la mención del reglamento a las “recomendaciones fiscales y macroeconómicas” por resultar “redundantes” y “confusas”.
El representante permanente de Irlanda, Thomas Hanney, también sostuvo que su país no puede aceptar el cumplimiento de esas recomendaciones, que en su caso supondría una reforma fiscal. A su juicio, una subida impositiva implica la “respuesta opuesta” a las llamadas de la Comisión Europea para apoyar las economías durante la pandemia.
El norte pide reformas
En el otro extremo, los halcones se mostraron partidarios de endurecer el reglamento. A pesar de la posibilidad de suspender desembolsos, los Países Bajos, Suecia o Austria señalaron que hubieran preferido un vínculo más explícito con las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que constara con mayor claridad que los países deben realizar las reformas pendientes del Semestre Europeo de 2019 y 2020. Aun así, dijeron que no votarán en contra.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, admitió que los planes que se elaboren no pueden solventar todos los problemas que tienen las economías europeas y propuso centrarse en los “retos y prioridades que generarán el impacto más duradero”. El ministro de Luxemburgo, Pierre Gramegna, sugirió incluir esa sugerencia en el borrador. España insistió en “ajustes menores” en el texto e Irlanda se sumó a la petición de cambios. El ministro alemán Olaf Scholz lo rechazó. “Hay un amplio apoyo y una mayoría cualificada para la propuesta tal y como está”, zanjó.
Anticipos del 10% de ayudas y préstamos
La propuesta del Consejo Europeo que los embajadores aprobarán, si nada se tuerce, el próximo viernes y que ayer discutieron los titulares de Finanzas de la UE recoge dos aspectos en los que España también había puesto el acento. Uno es el de la prefinanciación. El documento, que deberá ser negociado con el Parlamento Europeo, establece que los países miembros podrán recibir hasta un 10% de los fondos asignados en ayudas y un 10% de los recursos que han de llegar vía préstamos.
Algunos países estaban pidiendo esos adelantos ante la perspectiva de que el dinero no llegue a las capitales hasta mitades de año a causa del procedimiento que tendrán que seguir. Sin embargo, otros apostaban por que ese dinero por avanzado no superara el 10% del total, incluyendo subvenciones y préstamos. El documento también incluye que los gobiernos podrán sufragar gastos en los que hayan incurrido desde el 1 de febrero de 2020. Es decir, podrán meter dentro de sus planes de recuperación partidas que hayan tenido que destinar a la lucha contra la crisis que ha provocado la pandemia de la covid-19.
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