Bruselas descarta que el fondo de recuperación contra la crisis esté disponible el 1 de enero

Primer tropiezo. Las negociaciones y los trámites para poner en marcha el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea siguen sin avanzar al ritmo deseado y ya se da por imposible que los 750.000 millones de euros del fondo europeo de recuperación contra la crisis estén disponibles a partir del próximo 1 de enero. El Consejo y el Parlamento se han enzarzado en una batalla de cifras, con unos 39.000 millones de euros en juego. Y la falta de acuerdo mantiene paralizado el proceso de ratificación de las nuevas cuentas en los Parlamentos nacionales. El retraso acumulado dará al traste con las expectativas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que han reclamado una y otra vez que los recursos extraordinarios para paliar el impacto de la pandemia lleguen a primeros de año.

España e Italia son los dos países más beneficiados por el fondo y esperan recibir en subsidios 60.000 y 65.000 millones de euros, respectivamente. Pero el maná comunitario tardará en llegar y fuentes de la Comisión Europea indican que los primeros desembolsos no se producirán hasta el segundo semestre de 2021, casi año y medio después del inicio de la pandemia de covid-19.

“No será posible tener el fondo de recuperación listo para el 1 de enero”, asegura un diplomático de alto rango en Bruselas. “Ya es imposible”. En su opinión, es sencillo calcular los tiempos: estamos ya casi a finales de octubre e incluso si hubiera un acuerdo repentino con el Parlamento, el Consejo aún tendría que avalarlo y se necesitaría finalmente la ratificación en los Parlamentos nacionales, proceso que podría llevar dos o tres meses.

Las dos instituciones mantienen un calendario acelerado de reuniones para intentar zanjar las discrepancias. “La negociación no se ha paralizado, sino que continúa", apunta una fuente parlamentaria. Y añade que "hay al menos tres reuniones programadas para los próximos días”. En la cita de esta semana, ambas partes mantuvieron sus posiciones.

El Consejo sigue negándose en redondo a añadir un solo euro al acuerdo alcanzado en la cumbre europea de julio, que fijó en 1,075 billones de euros el marco financiero plurianual para 2021-2027 y en 750.000 millones el fondo de recuperación bautizado como Next Generation EU. Y el Parlamento Europeo reclama añadir otros 39.000 millones al marco financiero y dotarlo de un mecanismo que permita suspender los subsidios europeos a los países donde no se respeten las normas del Estado de derecho.

La falta de acuerdo mantiene también en el aire el proceso de ratificación nacional de la llamada Decisión de Recursos Propios, el texto legal imprescindible para la financiación del marco financiero. Algunos países, como Hungría y Polonia, incluso se reservan esa carta y amagan con no ratificar la decisión si el mecanismo de vigilancia del Estado de derecho se endurece peligrosamente para sus intereses. El veto de un solo país a este texto legal podría dar al traste con toda la arquitectura del histórico acuerdo presupuestario alcanzado en la cumbre de julio tras cinco días y cuatro noches consecutivas de negociación.

La presidencia del Consejo de la UE, ocupada este semestre por Alemania, ha ofrecido al Parlamento “una solución técnica”. Una de las posibilidades sería sumar partidas de ingresos comunitarios que hasta ahora iban a parar a las arcas nacionales, como es el caso de las multas de la Comisión Europea por violar las normas de competencia, o los remanentes que sobren en los ejercicios presupuestarios anuales. La presidencia alemana calcula que esas dos fuentes podrían reportar unos 31.000 millones de euros y destinarse a los 15 programas que el Parlamento Europeo considera claves, como el de los intercambios de universitarios (Erasmus) y el de investigación (Horizon).

Pero se trata de fuentes de ingresos inciertas (dependerán del número y cuantía de las multas y del grado de ejecución de los presupuestos), por lo que el Parlamento exige, al menos, 9.000 millones de euros “de dinero fresco adicional”. El Consejo descarta cualquier cifra adicional porque obligaría a los 27 Gobiernos de la UE a regresar a la mesa de negociación y el laborioso acuerdo de julio podría destejerse ante las renovadas demandas de los países más afectados por la pandemia o las reticencias de los llamados países frugales, entre ellos los Países Bajos.

Fuentes parlamentarias niegan cualquier responsabilidad en el posible retraso del fondo de recuperación y lo atribuyen a la lentitud de las capitales en ratificar la Decisión de Recursos Propios. Las mismas fuentes recuerdan que el Parlamento Europeo “dio luz verde a esa decisión el 15 de septiembre”, tras una tramitación acelerada para facilitar su ratificación.

Pero las negociaciones del Parlamento con el Consejo han bordeado el precipicio desde el comienzo. En la primera reunión, la delegación parlamentaria se levantó de la mesa a los veinte minutos. La de esta semana ha dejado un regusto menos amargo: duró tres horas. A lo que habría que sumar un nuevo problema: con la covid haciendo estragos de nuevo, es plausible que pronto las negociaciones ya no puedan hacerse presenciales. Y un acuerdo confinado y telemático parece todavía más complejo.

Las dos partes sí que han logrado acercar posiciones en los otros frentes abiertos. Fuentes diplomáticas ven “un horizonte de acuerdo” en la gobernanza del presupuesto y en la fijación de un calendario para dotar a la UE de nuevas fuentes de ingresos, como una tasa en frontera a las importaciones procedentes de países con exceso de emisiones de CO2. El pacto también se vislumbra ya en lo relativo al mecanismo para vincular el reparto de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, uno de los muros en teoría infranqueables. “Ese capítulo podría estar cerca de resolverse en las próximas dos semanas”, apunta una fuente al tanto de la negociación.

Finalmente quedaría por decidir la cifra final del acuerdo presupuestario. Y aunque ni Consejo ni Parlamento arrojan la toalla en esta disputa, ambas instituciones ven prácticamente imposible que el marco financiero y el fondo estén en vigor el 1 de enero como estaba previsto.

La Comisión Europea ya advertía antes de la pandemia que un retraso en la aprobación de las nuevas cuentas causaría grandes estragos en la gestión de los recursos comunitarios. Bruselas calculaba que en el marco en vigor el 1 de enero más de 100.000 proyectos financiados con los fondos estructurales no podrían comenzar a tiempo; unos 5.000 puestos de trabajo en investigación estarían en peligro; y más de un millón de estudiantes no percibirían la becas del programa Erasmus.

A ese impacto se añade el retraso en la puesta en marcha del fondo de recuperación y la incertidumbre sobre la llegada de los primeros recursos. Los 27 socios de la UE afrontan ya, además, una segunda ola de contagios mucho más rápida y virulenta de lo esperado, lo que agravará, según reconocen fuentes comunitarias, la debacle económica y aumentará las necesidades de financiación de los países más afectados. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha convocado una cumbre extraordinaria para la semana que viene, por videoconferencia, con vistas a intentar coordinar las medidas de contención y evitar el cerrojazo fronterizo de la pasada primavera.