Sánchez prevé la creación de 800.000 empleos en tres años gracias al fondo de reconstrucción europeo

El Gobierno ya tiene un proyecto para toda la legislatura, que va mucho más allá de los Presupuestos Generales del Estado. El presidente Pedro Sánchez ha presentado este miércoles el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que remitirá a Bruselas en dos semanas, y que supone una guía para gastar de forma productiva los 140.000 millones que el fondo de recuperación europeo prevé para España. Sánchez ha explicado que la inversión se concentrará en los tres primeros años ―2020, 2021 y 2022― que son precisamente los que quedan de legislatura si el Ejecutivo consigue agotarla, como pretende. Los cálculos del Gobierno señalan que con este enorme esfuerzo de inversión pública y la tracción que hará en la inversión privada se podrán crear 800.000 empleos en esos tres años y sobre todo lograr una gran modernización de la economía española que reduzca también la brecha de desigualdad con otros países europeos en dos tercios.

Ante las dificultades de negociación que se están produciendo en Bruselas y que pueden retrasar la llegada de los fondos, Sánchez ha anunciado que España adelantará en sus Presupuestos de este año 27.000 de los 72.000 millones que tiene previsto gastar de ese fondo europeo hasta 2022. “Esto nos va a permitir adelantar los planes”, ha señalado Sánchez. De estos 72.000 millones que se concentrarán en el trienio, algo más de la mitad del total de 140.000, unos 59.000 serían trasferencias, esto es, dinero real sin crédito, que es la parte más relevante del fondo de reconstrucción europeo. Por tanto, la enorme mayoría de ese dinero líquido se gastará muy rápido para recuperar la economía.

Ante una audiencia de embajadores, empresarios y sindicalistas, sin representantes de la oposición, Sánchez ha anunciado que la ejecución de este enorme plan quedará en manos de La Moncloa ―no está prevista por tanto la oficina independiente que pedía el PP― pero tendrá mecanismos de cogobernanza para que participen las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, que ejecutarán buena parte de los proyectos. El presidente ha aprovechado para lanzar un mensaje de confianza en el país y pedir a los ciudadanos que no se entreguen a la antipolítica que cobra fuerza en estos meses, según las encuestas, y reivindiquen la buena política. Sánchez ha hecho varios llamamientos a la unidad, pero de momento el plan ha sido elaborado con gran secretismo, sin que lo conocieran ninguna de las formaciones de la oposición ni comunidades autónomas o Ayuntamientos.

En medio de la presentación, que era el momento estrella de la semana para La Moncloa, ha llegado una noticia muy delicada para el Gobierno, esto es la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la que solicita que se investigue al vicepresidente del Ejecutivo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por el caso Dina, la pieza del macrosumario del caso Villarejo que versa sobre el robo del móvil de Dina Bousselham, antigua colaboradora del político. Esta decisión se toma tres semanas después de que la Sala de lo Penal del tribunal devolviese a Iglesias la condición de perjudicado en el caso y revocase la iniciativa del propio García Castellón de retirar, el pasado 17 de julio, el estatus de víctima en la causa al vicepresidente. Iglesias, como todos los demás ministros, estaba conectado en directo siguiendo por videoconferencia la presentación de Sánchez. En el acto no había periodistas ni se han permitido preguntas, por lo que no ha sido posible recabar una opinión ni del presidente ni del vicepresidente.

Ahora llegará la negociación con autonomías y Ayuntamientos, que tiene un hito simbólico importante: el 26 de octubre habrá una conferencia de presidentes autonómicos en el Senado con la presencia de Úrsula von der Leyden, presidenta de la Comisión Europea. “Estoy convencido de que España tomará el camino de la política y no de la antipolítica. El de la buena política que propicia acuerdos. Debemos elevar la mirada. Es el mayor reto de nuestra generación desde el restablecimiento de la democracia. Debemos hacerlo con ambición y entusiasmo. No podemos permitirnos la deserción”, ha asegurado.

El gran problema que tiene España ahora es cómo gastar ese dinero de forma rápida y eficaz para que los proyectos sirvan como inversión productiva que tire de una economía en caída libre por la crisis de la covid, cuya segunda ola está azotando a España mucho más que a otros socios europeos. Para lograrlo, el presidente ha anunciado que se cambiarán todas las leyes necesarias para agilizar los procesos y evitar que la burocracia los bloquee.

Basado en cuatro ejes transversales ―transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género―, el plan diseña una profunda modernización del país. El presidente ha ofrecido algunos datos de lo que supondrá. Por ejemplo, se promoverá el despliegue de 250.000 vehículos eléctricos nuevos en un año para llegar a cinco millones de ellos en 2030. Además, se rehabilitará medio millón de viviendas en 10 años para hacerlas más eficientes. Se desarrollará el 5G para dar cobertura al 75% de la población, se ofrecerá formación digital a 2,5 millones de pymes, o se crearán 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años gratuita para reducir la brecha de género.

En cuanto a la gobernanza del plan, Sánchez ha dejado muy claro que él dirigirá toda la operación. “Habrá una comisión que presidiré yo mismo y un grupo de trabajo en La Moncloa. En el ámbito de la cogobernanza se reactivará la conferencia de fondos europeos y también la Conferencia de Presidentes. Habrá una interlocución continua con las empresas. Necesitamos arrastrar la inversión privada. Y también permanente diálogo con agentes sociales, que tan buenos frutos ha dado. Crearemos foros de alto nivel sobre ciencia, digitalización, energía, agua, movilidad, industria, turismo, reto demográfico, cultura, deporte. Y en cuanto a la rendición de cuentas se utilizará la Comisión Mixta Congreso Senado para la Unión Europea”, ha sentenciado el presidente. En definitiva, el mayor despliegue de fondos públicos de la historia reciente, dirigido desde La Moncloa pero con participación de autonomías, Ayuntamientos y el sector privado. Un reto descomunal que inquieta al Gobierno por el riesgo de no poder ejecutar a tiempo y de forma eficaz los fondos, pero que constituye el gran programa político del Ejecutivo para los próximos años, por lo que no se puede permitir un fracaso.