Trabajo quiere llevar al próximo Consejo de Ministros la ampliación de los ERTE hasta septiembre

El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, pretende acelerar los plazos y llevar al Consejo de Ministros del próximo martes 16 de junio la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta septiembre, según coinciden varias fuentes presentes en la negociación del diálogo social que sindicatos (UGT y CC OO) y patronal (CEOE y Cepyme) mantuvieron este miércoles con los representantes de Trabajo.

La propuesta del Ministerio consiste en ampliar los ERTE hasta el 30 de septiembre y dejar la puerta abierta a una nueva prórroga hasta final de año, como defiende Antonio Garamendi, el presidente de la patronal CEOE, que reclama una garantía para que estos mecanismos de protección laboral se amplíen hasta el 31 de diciembre. Precisamente el principal obstáculo para el acuerdo está en estos plazos, que el Gobierno quiere sortear dejando la puerta abierta a una nueva prórroga a partir del 30 de septiembre. Una vía que los sindicatos no ven del todo mal.

Fuentes de los agentes sociales advierten al Ministerio de que si finalmente lleva el tema al próximo Consejo de Ministros lo que se aprobará será la propuesta del Gobierno y no el fruto del diálogo social, porque hasta el momento no se ha producido acuerdo. Otras fuentes presentes en la reunión creen que el pacto se puede sellar en los próximos días y no se descartan nuevos encuentros durante el fin de semana si es preciso.

Uno de los aspectos del acuerdo será determinar a qué sectores concretos afecta la ampliación de este esquema de protección laboral hasta septiembre. La hostelería y el sector hotelero entre otros están sufriendo especialmente el golpe del coronavirus y requerirán un trato especial, según sindicatos y patronal.

Buena sintonía

Durante el último encuentro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de los ERTE celebrada este miércoles se percibió buena sintonía entre las partes y se acercaron las posturas, según una de las cinco fuentes del diálogo social con las que ha contactado este diario para elaborar esta información. “Todas las partes tienen prisa para poder ofrecer certidumbre a los trabajadores y a las empresas”, explican un integrante del diálogo social.

“No ha ido ni bien, ni mal porque apenas se han producido avances”, explica otra fuente presente en la reunión de este miércoles, que lamenta que el Ministerio no haya incorporado a su propuesta las reclamaciones que tanto patronal y sindicatos lanzaron la semana pasada. “El documento que nos ha presentado no contenía propuestas nuevas”.

Fuentes de la negociación insisten en que el objetivo común es dar seguridad y confianza a las empresas y trabajadores. Y en eso están todas las partes. La idea de Trabajo pasaría por mantener las prestaciones y los derechos a los trabajadores afectados. Está previsto que el resto de Ministerios implicados, como son Seguridad Social y Hacienda también hagan sus aportaciones al documento final, por lo que podrían cambiar algunas de las condiciones del régimen actual. Otras fuentes remarcan en que aún no hay ningún acuerdo. Dudan incluso que el Gobierno pueda aprobarlo en el próximo Consejo de Ministros. Fuentes de la patronal desvelan que no hay ninguna reunión prevista antes del próximo martes. “Espero que no nos envíen el papel a última hora para que no nos den margen de negociación”, añade otro miembro del diálogo social.

Alto coste para el Estado

La Administración tampoco puede permitirse mantener el modelo actual mucho tiempo porque la factura para las arcas públicas es enorme. La Seguridad Social tuvo que destinar en abril unos 4.500 millones de euros a esta figura y otros 5.100 millones en mayo. Fuentes de la negociación explican que hasta la semana pasada ya habían salido de los ERTE unas 720.000 trabajadores de los 3,7 millones que llegó a haber a mediados de abril. Por eso, la factura será cada vez menor.

Los ERTE incluyen una prestación para el trabajador, pero también una exoneración de las cotizaciones para las empresas. Fuentes del diálogo social aseguran que el Ejecutivo pretende mantener las prestaciones para los trabajadores. El ERTE posibilita que (los trabajadores afectados) tengan acceso a la prestación por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para acceder a ella. Además, el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción.

No obstante, no está claro que el Gobierno garantice el actual régimen de exenciones de cotizaciones para las empresas. Para aligerar los costes en los que incurren las compañías, en los casos de fuerza mayor, el Gobierno había decretado la exoneración del pago del 75% de la aportación empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100% de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores, según uno de los presentes en la mesa de negociación.

Financiado con fondos europeos

El Gobierno espera que los fondos europeos ayuden a financiar este gasto. De hecho, la UE ha aprobado un programa, denominado SURE, dotado con hasta 100.000 millones de euros, que se destinará a financiar las suspensiones temporales de empleo de los países más afectados por la pandemia. La ministra Yolanda Díaz explicó la semana pasada que “lo que no sería sostenible” es tener a las personas sin protección por desempleo. “Los trabajadores cotizamos para tener protección por desempleo y claro que es sostenible desplegar una marea de protección intensa. (...) Nadie se cuestiona en Europa si esto es sostenible o no. No tenemos duda de que esto es lo que hay que hacer cuando los trabajadores lo necesitan”, remarcó.

El Secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, afirmó este miércoles que espera que haya un acuerdo sobre los ERTE. “Sería necesario que el Ejecutivo dijera qué recursos tiene para mantener los ERTE, para saber hasta qué fecha se pueden prolongar”, ha dicho Pino, que ha defendido que la importancia de mantener el contador a cero en la prestación por desempleo para los trabajadores que estén afectados por ERTE, a causa de esta pandemia, y que los trabajadores sigan cobrando el 70% de la prestación, y no el 50% si se alargan los ERTE.

Pino también ha rechazado la flexibilidad que demanda la patronal para la reincorporación de las personas trabajadoras a su puesto. “No estamos de acuerdo con los ERTE acordeón” y que sean los empresarios quienes manejen cómo se ha de desarrollar la situación de los trabajadores. “Hay una norma en este país que habla de cómo se aplican los ERTE y si se ha de cambiar algo, y buscar algún tipo de flexibilidad añadida para eso está la mesa de negociación. Que la patronal ponga en la mesa aquello que pretende y lo valoraremos”.